Una pugna
repugnante entre rateros desesperados por llegar a las alcaldías y las
gobernaciones para llenarse los bolsillos, a sabiendas de que, en tiempo de
vacas flacas, por la falta de recursos del Estado, no tendrán los medios para
llevar adelante sus demagógicas ofertas.
Ya no
existen siquiera partidos políticos estructurados sobre un programa. Solo
frentes coyunturales con siglas prestadas. Incluido el MAS que es una bolsa de
corruptos izquierdistas reformistas de todo pelaje e indigenistas arribistas
igualmente reformistas y corruptos, unidos alrededor de mantenerse en el poder
para seguir robando.
Viejos y
nuevos politiqueros mañudos de la vieja derecha, versus los politiqueros
masistas de la nueva derecha. Los primeros en nombre de la defensa de la
“democracia” y los segundos con la vieja cantaleta de que ellos son de
izquierda diferentes de sus hermanos mellizos de la vieja derecha. Cuento que
ya no convence a nadie. Masistas y viejos derechistas son ambos defensores del
orden burgués, de los privilegios e intereses de los empresarios, los banqueros,
los agroindustriales y de las transnacionales.
Los
resultados a boca de urna muestran la crisis interna del MAS que se traduce en
el sorprendente voto castigo en las elecciones subnacionales, particularmente
contra sus candidatos impuestos a dedo por Evo Morales.
La crisis
interna del MAS contra la camarilla evista que se traduce en el sorprendente
voto castigo en las elecciones subnacionales, es otro factor que lo debilita y
disminuye sus posibilidades de desarrollar plenamente una dura política represiva
contra los sectores movilizados.
Un régimen represivo
Existen
muchas señales de cómo el gobierno está interesado a crear las condiciones
necesarias para tratar de contener por la fuerza las protestas de los
diferentes sectores: la promulgación de la Ley de Contingencia Sanitaria que
desconoce el derecho de los médicos a la huelga no es un hecho aislado y casual,
es parte del allanamiento del camino para aplicar el mismo principio a los
otros sectores laborales y sociales del país; ya empiezan los oficialistas y
sus sicarios de las dirigencias sindicales a tejer el argumento de la necesidad
de buscar la unidad entre todos para enfrentar los rigores de la contingencia
de la crisis económica y de este modo concluyen que es tarea de todos, de
empresarios y trabajadores, trabajar sin contratiempos para salir de la crisis
que está agobiando al país.
Es fácil
concluir en el argumento reaccionario de que se impone una etapa sin lucha de
clases y sin conflictos sociales que alteren el bien supremo del “bienestar de
todos los bolivianos”; por otra parte, levantan la cabeza los elementos de la
camarilla evista en el parlamento y otras reparticiones del gobierno llegando
al atrevimiento de plantear la designación al Ministerio de Gobierno nada menos
que al nefasto de Ramón Quintana que es sinónimo de violencia y cinismo.
Aprovechando
el accidente de la UPEA que ha provocado la muerte de ocho estudiantes,
prominentes elementos del grupo evista como Andrónico Rodríguez han saltado a
la palestra planteando la urgente necesidad de revisar la autonomía
universitaria en el país con la clara intención de suprimirla porque consideran
que es un foco de malestar social y su objetivo es tener a la juventud
universitaria maniatada detrás del gobierno. Ante las primeras reacciones de repudio,
han reculado. Pretenden resolver el problema de los cocaleros de los Yungas de
La Paz desconociendo a sus dirigentes democráticamente elegidos y apropiarse de
ADEPCOCA en beneficio de sus secuaces a punta de garrote y represión policial,
etc.
Sabe que el
destino de la crisis económica del país depende del curso que vaya a recorrer
la crisis estructural del capitalismo a nivel mundial, ahora profundizada por
la crisis sanitaria del coronavirus, su rebrote en diferentes latitudes del
planeta sigue paralizando el aparato productivo dejando un futuro incierto
sobre la posibilidad de una pronta recuperación de la economía mundial. En este
escenario, la débil economía boliviana está condenada a naufragar sin rumbo en
medio de la descomunal descomposición del sistema social capitalista.
El gobierno
de Arce sabe que nada puede hacer para contener las consecuencias de esta
crisis que fatalmente provoca hambre, desocupación en los trabajadores
asalariados y en ese mundo mayoritario de cuentapropistas que son la herencia
del pasado precapitalista en este país; sabe que puede desembocar en grandes
eclosiones sociales que chocarán con la incapacidad del gobierno; también sabe
que, tarde o temprano, estará obligado a aceptar que los empresarios y el
propio Estado no liquiden los beneficios sociales de los trabajadores, rebajen
sueldos y salarios, que tendrá que aplicar duras política impositivas contra
los bolivianos, dejar librados a sus suerte los servicios más elementales como
la educación y la salud, etc., para poner a buen recaudo los intereses de la
miserable clase dominante nativa y de las transnacionales imperialistas.
Los
explotados y oprimidos, impulsados por el hambre, desbordarán acudiendo a la
acción directa y echando de lado las instituciones democráticas y legales y el
gobierno sólo puede acudir a la desgastada burocracia sindical para barnizar de
“popular” su política represiva y a un ejército y una policía cuyas capas más
amplias y empobrecidas sienten rencor por su torpeza de haberlos humillado y
castigado por haber osado amotinarse en la rebelión social de octubre -
noviembre del 2019.
Las
organizaciones sindicales que conservan su independencia política y sindical
con referencia al gobierno del MAS y las corrientes revolucionarias que actúan
en el seno de las masas deben prepararse para hacer una dura resistencia a
cualquier intentona represiva del gobierno de Arce Catacora. Es tarea de los
revolucionarios ayudar al proletariado a retornar, cuanto antes, a su política
de clase para encontrar la posibilidad de una salida revolucionaria a la actual
crisis económica, social y política.
