El “proceso” conservador y totalitario

Las teorías políticas posmodernas debilitaron las capacidades críticas y analíticas de la intelectualidad boliviana, abortaron una insurrección popular en ascenso, y apuntalaron a un régimen político cada vez más conservador y totalitario, y decidido a restaurar el capitalismo.




No es la primera vez en la historia que reflotan ideas de derecha supuestamente superadas, como el posmodernismo antirracionalista hostil con la filosofía empirista de la ciencia y las filosofías humanistas de la historia. Lo novedoso es que en las últimas dos décadas, los estudiosos de las humanidades y las ciencias sociales “progresistas” renegaron de la herencia de la Ilustración y se dejaron seducir por la “deconstrucción” y el “relativismo epistémico”. (1)

En la obra “Imposturas intelectuales”, Alan Sokal D. y Jean Bricmont demostraron que el posmodernismo es una confusión cultural con un enfoque extremo en el lenguaje y en el uso de una jerga pretenciosa que favorece el oscurantismo y debilita el análisis serio de la política. Su efecto más nefasto fue el abandono del pensamiento claro sobre la cultura y un interés excesivo en creencias subjetivas, independientemente de su veracidad o falsedad.

El gran problema del posmodernismo es que legitima las taras de las sociedades contemporáneas (anomia, despolitización…), como si fueran fenómenos eternos e insuperables, desacreditando todo tipo de acción revolucionaria. Y este desplazamiento de la intelectualidad hacia visiones irracionalistas conduce de forma inevitable hacia el totalitarismo. (2)

Desde 2006 en Bolivia, el MAS gobierna en una especie de puesta en escena permanente, con ceremonias y rituales, declaratorias culturales y demás acontecimientos o efemérides propias del reality plurinacional, propiciando un clima de inmovilismo. En vez de reconstituir las “formas comunitarias” y recuperar el “proyecto comunista”, la famosa “revolución democrática y cultural” ha desviado el proceso de cambio hacia la restauración del capitalismo, y visualiza como un peligro la posibilidad de que el pueblo despierte y exija una transformación real.

Varios organismos internacionales y movimientos sociales del país y del extranjero observan un paulatino deterioro de la democracia en Bolivia durante el segundo mandato del Presidente Evo Morales. Una de las principales críticas al partido en función de gobierno es la instrumentalización de la justicia para anular políticamente a opositores elegidos democráticamente en las urnas.

El MAS destituyó a los alcaldes de los Municipios de Sucre, Potosí, Quillacollo, Cotoca, San Miguel, Buena Vista, Punata y Warnes, elegidos en abril de 2010, y derrocó a tres gobernadores opositores, vulnerando los derechos de los ciudadanos que votaron por ellos.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay manifestó su preocupación por la falta de un Poder Judicial “independiente” en Bolivia y sobre todo por la violación de los derechos humanos de indígenas y políticos de la oposición. El Informe 2010 del Defensor del Pueblo concluyó que en el país no se cumple el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho constitucional a un juicio justo. El Alto Comisionado de Derechos Humanos también manifestó su preocupación por la crisis en la administración de justicia boliviana.

“Uno de los tres pilares de una sociedad democrática es un Poder Judicial independiente, eso es lo que pongo en énfasis para Bolivia, además del respeto por el estado de derecho y de un juicio justo”, recalcó Pillay, aludiendo directamente a los procesos judiciales que enfrentar varios políticos opositores acusados de corrupción.

El gobierno de Evo Morales “convierte a la justicia en la guillotina de los bolivianos y el Fiscal General del Estado, los Fiscales de Distrito y los (funcionarios) del Ministerio Público se han convertido en los cogoteros del gobierno, encargados de perseguir a los enemigos del MAS”, graficó la senadora de la alianza opositora Convergencia Nacional (CN) Carmen Eva González, luego de que el Ejecutivo se negó a extender un salvoconducto al senador Roger Pinto, quien obtuvo asilo político en Brasil.

Cuatro sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pusieron al descubierto uno de los rasgos del “proceso de cambio”: el carácter inconstitucional de la mayoría de las leyes promulgadas. (3) Los opositores se preguntan; ¿por qué no procesaron a las autoridades que fueron advertidas del carácter inconstitucional de las leyes que aprobaban, y también a los propagandistas de esas normas, quienes incurrieron en apología del delito?

Además de los políticos de derecha, los indígenas también se consideran víctimas de la represión gubernamental. En los últimos años muchos líderes que encabezaron la VIII y IX Marchas indígenas en defensa del TIPNIS han sido perseguidos judicialmente y algunos hasta encarcelados, como por ejemplo el dirigente Cancio Rojas y algunos activistas urbanos acusados de “terroristas”.

El gobierno del MAS no solo persiguió judicialmente a los líderes indígenas sino que soliviantó a campesinos y cocaleros gobiernistas para que los enfrenten físicamente; luego cooptó a dirigentes valiéndose del chantaje y el soborno, y fomentó el paralelismo y la división de organizaciones legítimas de los pueblos de tierras bajas.

El “primer presidente indígena” de Bolivia decía que los pueblos originarios eran la “reserva moral del proceso de cambio” y el germen del futuro “socialismo comunitario” alternativo al “capitalismo depredador”. Pero ahora el “hermano” Evo desprecia a las “minorías” indígenas porque “chantajean” a sus nuevos socios, las petroleras, mineras y burguesía nativa, y “obstaculizan” el desarrollo nacional.

En la VIII marcha indígena el Presidente Morales arremetió contra los marchistas y sus dirigentes, sin referirse al daño que ocasionará la construcción de la vía por medio del TIPNIS, y los medios del Estado transmitieron en cadena los ataques a los “irracionales” que obstaculizan el “desarrollo” nacional y “conspiran” con el imperialismo norteamericano.

Al mostrar un listado de llamadas telefónicas como supuesta prueba de la vinculación de algunos dirigentes de la VIII marcha con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, el Primer Mandatario “indígena” confesó que su gobierno espía a sus propios “hermanos” originarios, insinuando que son un peligro para la “seguridad” del Estado.

“Es el típico modus operandi de los gobiernos tradicionales y de las dictaduras; lamentablemente han comenzado a hacer una persecución política de todos quienes realmente le pueden hacer sombra en este proceso de cambio. Nunca imaginamos que el Presidente perseguiría a sus propios compañeros, a sus propios hermanos, por el sólo hecho de defender los derechos de los pueblos indígenas”, dijo consternado el ex diputado indígena del MAS Pedro Nuni.

El propio Evo Morales ha confesado que ya no gobierna “obedeciendo al pueblo”, sino espiando y reprimiendo protestas sociales pacíficas, como si se trataran de acciones criminales que ponen en riesgo la seguridad del Estado. “Estamos ante la legalización del espionaje o pinchaje telefónico de dirigentes sociales y políticos que no comulgan con las políticas gubernamentales, y no sé sobre qué procedimientos se basa (el gobierno) para hacer esto”, opinó el diputado del Movimiento sin Miedo (MSM) Fabián Yacsik.

El Presidente “defensor mundial de la Madre Tierra” solía predicar que los “derechos de la Pachamama son más importantes que los derechos humanos”; pero ahora, en nombre del “desarrollo” y la “prosperidad” capitalista, legaliza los transgénicos, quiere cercenar las TCO y privatizar la tierra, y pretende construir una carretera que destruirá un santuario ecológico.

Luego de criminalizar la protesta indígena y perseguir a sus “cómplices”, el gobierno del MAS “investigó” a decenas de ONGs para “conocer cuál es su misión y qué hacen” en el país, y hace poco expulsó a una de ellas por el solo hecho de apoyar a un sector indígena que no se somete al “jefazo”.
El gobierno del MAS también procesó judicialmente a 22 mineros de Huanuni, a dos dirigentes de la COD de Oruro y ahora arremete contra los líderes del magisterio de La Paz, Oruro y Cochabamba.

Evo Morales subió al gobierno prometiendo nacionalización y pactó con las transnacionales; dijo que eliminaría el latifundio y ahora defiende a los terratenientes. Es paradójico, el “primer presidente indígena” podría pasar a la historia como el mandatario que más ha humillado y maltratado a sus “hermanos” originarios.

Notas:

1. Enrique Pallares, “Crítica al posmodernismo y sus efectos en la enseñanza de la filosofía”, Universidad Autónoma de Chihuahua, Synthesis 2006.

2. “Uruguay: ¿Una cultura postmoderna?”, Alexis Capobianco, diciembre de 2007.

3. El TCP abolió la figura del “desacato” que utilizó el gobierno contra varios dirigentes opositores; limitó la aplicación de la retroactividad de la Ley anticorrupción porque vulneraba tratados internacionales; declaró inconstitucionales cuatro artículos de la Ley de Autonomías que permitían la suspensión de autoridades electas con la sola acusación de un fiscal; y revocó una decisión del juzgado paceño que rechazó una Acción Popular en defensa del TIPNIS.