Múltiples casos de corrupción pública en la última década evidencian el acelerado proceso de descomposición interna del Movimiento al Socialismo (MAS). Uno de los casos más emblemáticos es el de la banda extorsionadores que operaba desde Palacio de Gobierno, con la protección de las máximas autoridades del Estado.
En marzo de 2014, los diputados Fabián Yaksic del Movimiento Sin Miedo (MSM), Rebeca Delgado, disidente del MAS y Norma Piérola de Convergencia Nacional (CN) conformaron una comisión parlamentaria denominada “Justicia y Verdad” con el objetivo de evaluar el desempeño de Poder Judicial en el manejo de al menos seis procesos judiciales de importancia nacional, y conocer en detalle los mecanismos de injerencia y manipulación del Órgano Judicial y el Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo.
En su primera actuación pública, el jueves 3 de abril de 2014 la Comisión logró ingresar al penal de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz, donde entrevistó durante siete horas continuas a 13 personas implicadas en el caso Red de Extorsión y Corrupción.
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Resumen de las entrevistas a ex servidores públicos
implicados en el caso Red de Extorsión y Corrupción
Presentación
de los entrevistados
Edward Molinedo (EM), ex
fiscal anticorrupción
Me acusan de presionar al
juez Zenón Rodríguez para que revierta el fallo a favor de Ostreicher el 23 de
septiembre de 2011, y me imputan por uso indebido de influencias, pero
reconocen que no obtuve ningún beneficio económico, y más bien el Estado
resultó beneficiado. Se cometieron graves violaciones en este caso viciado de
nulidad.
En general todos estamos
imputados por el caso del arroz, pero el funcionario del Ministerio de la
Presidencia José Manuel Antezana, cuñado de Arce y quien recibió los 10 mil
dólares de la extorsión, la pasa muy bien. Quienes sustrajeron el arroz fueron
policías vestidos de civil y gente con credencial falsa del Ministerio de
Gobierno, lo dicen los dueños de los ingenios, y todos están libres. Entonces,
¿por qué no avanza este caso? Porque hay gente muy influyente involucrada.
Boris Villegas (BV), abogado
Lamentablemente he sido
funcionario público desde 2006, en primera instancia en el Ministerio de
Trabajo, posteriormente en la Cancillería, después en el Ministerio de Gobierno
y por un breve lapso en el Ministerio de Transparencia. En esa calidad he tenido
conocimiento de muchas cosas.
Todos estos casos
(terrorismo, extorsión…) tienen mucho que ver con el Conalde. Por eso nosotros
queremos hacer conocer los detalles, no solo de los seis casos, sino de todo lo
que se ha visto en el Ministerio de Gobierno, instancia que tiene absoluta
participación jurídico operativa,
incluido en los sucesos de Yapacaní de 2011 donde hubo tres muertos.
Fernando Rivera Tardío (FRT),
abogado
He sido servidor público durante
10 años, trabajé cinco años en la Contraloría desde 2002 hasta junio 2007, y en
el Ministerio de Gobierno desde julio de 2007 hasta el 27 de noviembre de 2012
ocupando diferentes cargos, como jefe de análisis, director jurídico y asesor
legal. Participé en muchos casos y he formado parte de gabinetes y mini gabinetes.
Lo único que queremos es que
se sepa la verdad de todos estos hechos y que se conozcan los detalles, las ilegalidades,
arbitrariedades y los abusos en torno a nuestro caso. Nunca hubo extorsión,
pero por la inquina, el odio y la malicia de Jorge Pérez y Carlos Romero se
armó el proceso por el caso Extorsión dentro de un caso abierto por la pérdida
del arroz sustraído al ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher en diciembre
de 2011.
A esa bolsa nos metieron a
nosotros en noviembre de 2012, vale decir que en términos jurídicos
procedimentales contaminaron el caso del arroz introduciéndonos a nosotros solo para materializar el consorcio
jurídico de Jorge Pérez, Jerjes Justiniano, Jenny Montaño y Henry Herrera, un
grupito de abogados de Santa Cruz defensores de narcotraficantes, para
materializar el control absoluto del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, donde
Jorge Pérez y Jerjes Justiniano hacen y deshacen.
Voy a hacer conocer todo lo
que he conocido desde 2007 hasta 2012, pero también quiero pedir que se
materialice de forma objetiva la protección de testigos a través de un
compromiso del Fiscal General. La
persona responsable de esto es el Fiscal General en base a la Ley Orgánica del
Ministerio Público y la misma Ley 004 de Protección de Testigos.
Denis Efraín Rodas Limachi, (DR)
abogado
Trabajé como asesor del Ministerio
de Gobierno de diferentes gestiones; ingresé a la función pública en julio 2007
invitado por el ex ministro Alfredo Rada y por la abogada Mary Carrasco. Comencé
como coordinador de asuntos jurídicos y analista en materia penal y empiezo a
desarrollar actividades con diferentes entidades del Estado.
Todo lo que van escuchar es
demasiado importante y va a abrir muchas brechas y nos colocará en una
situación de riesgo; por ello vamos a pedir que se nos traslade a una casa de
seguridad para preservar nuestras vidas. Un hecho que debe llamar a la
reflexión es la muerte del señor (…) circunstancialmente un día antes de que presentemos
este manifiesto de la verdad ante ustedes.
Nosotros somos testigos de
lo que ha pasado con el manejo de la Policía y de los mecanismos de seguridad,
y único que buscamos ahora es fortalecer y cambiar la justicia, y
lastimosamente el tiempo no está dando la oportunidad de reivindicarnos.
Roberto Achá, (RA) ex fiscal
de Materia en la unidad de sustancias controladas
El motivo por el que me
encuentro ilegal e injustamente detenido es por luchar de manera frontal contra
el narcotráfico de manera conjunta con la doctora Janet Velarde (esposa). Me
refiero al caso del señor Ostreicher y de Mario Cronenbold Aponte, este último muy
ligado al gobierno.
Cuando dispuse la imputación
y detención de Cronenbold por la existencia de suficientes indicios mi persona
no atendió ninguna llamada que vaya a beneficiarlo. En represalia este señor se
adhirió a la denuncia por extorsión formulada por Ostreicher y nos detuvieron a
mí y a mi esposa, y ya llevamos un año y tres meses presos por una vendetta
política. Lo mismo en el caso Ostreicher porque asistí tres audiencias como
fiscal de apoyo y ya me tenía entre ceja y ceja (inaudible durante casi 10
segundos hasta la pregunta de Yacksic)
Ramiro… López, funcionario
del Ministerio de Gobierno
Fui funcionario de
Ministerio de Gobierno desde 2009 hasta 2012, específicamente de la Dirección
de Registro y Control de Bienes Incautados (Dircabi) Santa Cruz. Renuncié en
septiembre para acceder a un cargo de operador contable en la Unidad Ejecutora
de Lucha Integral contra el Narcotráfico que reemplaza a la DEA. Fue entonces
que me detuvieron como testigo de la sustracción y pérdida del arroz de Ostreicher.
Mi persona ha sido la que ha
denunciado en primera instancia a los funcionarios judiciales ante el mayor (Pizada…)
por la sustracción y pérdida del arroz. He presentado un audio y video que manera
audaz puede filmar a las personas que sustrajeron el arroz de los ingenios
arroceros de Montero, haciéndome pasar por un comprador y arriesgando mi vida.
Fui vilmente utilizado por
mi jefa en la ciudad de La Paz, la directora nacional Lina Aguilera…, a su vez relacionada
con el ex jefe de gabinete del ex ministro Wilfredo Chávez, el señor Fernando
Méndez Rada. Mi delito ha sido descubrir la sustracción del arroz de Ostreicher
y es por eso La Fiscalía me tiene encerrado, alegando que no denuncié el hecho en
ese momento a la Policía, aunque sí lo hice de manera verbal.
Moisés Aguilera López, (MA) ex
jefe departamental de Dircabi Santa Cruz
En el período 2007-2012 trabajé
con cuatro ministros, desde Rada hasta Romero. Por primera vez en mi vida fui funcionario
público, acepté una invitación de Alfredo Rada y obtuve el cargo a través de un
concurso de méritos. Puedo demostrar todo el trabajo realizado con probidad.
Nos han usado como chivos
expiatorios. Yo fui cautelado en octubre de 2012 por denuncia del abogado de
Ostreicher. Me culpan por beneficiarme del cargo, cuando ellos saben que no he
vendido ni un grano de arroz ni mucho menos soy miembro de una organización
criminal. Son impresionantes las mentiras y estoy sufriendo las consecuencias
de que otra gente se ha beneficiado.
Un funcionario se presentó
voluntariamente y ya ha declarado que saltó mi autoridad, y que Aguilera y
Ramiro no tienen nada que ver en este problema, eso está plasmado en la
declaración, pero seguimos acá. Sigo detenido pese a que ni en una sola de las
109 declaraciones se dice que Moisés Aguilera y Ramiro son culpables.
Mantuvieron el caso del
arroz en Montero; de todos los bienes que han recibido en 2011 solo hubo un
robo de arroz en cuatro ingenios de Montero. Se sabe quiénes vendieron, quiénes
compraron y en cuánto, portando credenciales del Ministerio de Gobierno falsas.
Se sabe quiénes compraron el arroz a precio de gallina muerta (lo que costaba
84 dólares lo compraron en 15), y quiénes tenían la misión de custodiar esos
bienes, con nombres y apellidos. Se beneficiaron los ingenios y ellos están
libres; quién canalizó todo esto son estas dos personas que están en el poder,
negociaron todo esto para tenernos acá 16 meses.
Resumen de las “revelaciones” de los miembros
de la banda de extorsionadores
Antecedentes y nacimiento del “gabinete
jurídico”
La persecución a los líderes de la
oposición
Cómo operaba el “gabinete jurídico”:
El caso de la “milicia” civil
Detalles de la USAE, la
contrainteligencia de la Policía
Detalles de los enfrentamientos con
muertos
Detalles de las peleas personales de jerarcas del régimen Prontuario del ex viceministro Pérez
El papel de la Fiscalía de Santa Cruz
1.
Antecedentes y nacimiento del “gabinete jurídico”
Edward
Mollinedo: Hemos puesto como referente principal el caso
de las visas chinas. En 2006 empieza una investigación por la otorgación de
visas a ciudadanos chinos, un caso que involucra a diputados y senadores del
MAS, MNR y de la oposición, entre ellos Lino Villca, José Bailaba y César
Navarro. Así comienza el trabajo de la lucha contra la corrupción; me reúno
varias veces con el Canciller, y detuvimos a una persona en China.
Este caso ha servido de base
para conformar un brazo operativo, el gabinete jurídico o mini gabinete. Estos
señores no podían actuar directamente y no tenían acceso directo a la administración
de justicia y al Ministerio Público. Entonces conozco a Rivera y a Villegas y comenzamos
a trabajar y a hacer un equipo pequeño orientado a luchar contra la corrupción,
en coordinación con Nardy Suxo y Choquehuanca. Todo esto ocurre en agosto de
2006.
¿Por qué se empieza a
conformar un equipo multidisciplinario? El caso de la Calancha es uno de los referentes políticos más
importantes por los más de 200 heridos y cuatro muertos. En 2007, como
consecuencia de los enfrentamientos en Sucre y los hechos del 24 de mayo, un
autonomista es detenido en Sucre para ser traído a La Paz; se trata del señor
Roberto Lenin Sandóval, uno de los primeros cívicos detenidos.
En esa época el MAS no tenía
un equipo jurídico, no tenía fiscales ni un poder judicial que le responda en
La Paz. Cuando trasladan a Sandóval a La Paz, la Fiscalía a través de Teresa
Vera y el fiscal Harry Suaznabar, que lo recibe en El Alto, devuelve el caso alegando
que corresponde a Sucre. Eso genera una reacción en el Ministerio de Gobierno a
cargo de Alfredo Rada y Farfán. Entonces
nos reunimos para armar el equipo jurídico responsable de la seguridad interna
del Estado.
Inicialmente nos reunimos
con Rivera y Farfán para barajar nombres de fiscales y jueces que puedan ayudar
al gobierno en temas de seguridad. En el Ministerio Público se contacta a Mario
Uribe para que a través de una resolución de la Fiscalía General del Estado se
conforme esta comisión con cuatro fiscales –mi persona, Félix Peralta, Eduardo
Morales e Isabelino Gómez– a cargo de la comisión nacional.
Posteriormente, la explosión
de un ducto en Villamontes, que supuestamente había ocasionado un daño económico
de más de 100 millones al Estado, es un hecho importante porque comenzamos a
tener contacto directo con Carlos Núñez del Prado, Jorge Santiestéban, Luis
Clavijo y Raúl García Linera, y conocemos a la gente de la UTARC y del F10 que
se convierten en brazos operativos del equipo.
El día que explota el ducto
de Villamontes me toca la mala suerte de estar en la Fiscalía y reunirnos con
Farfán, Rada y convocamos a Isabelino Gómez. Los cívicos habían cercado
Villamontes y nuestra misión era detener a los cabecillas y llevarlos a La Paz.
La orden era apresar a Bayá y José Moza. Tomamos un avión a las 10 de la noche
rumbo a Cochabamba, a las 5 de la mañana vamos a Villamontes y aterrizamos a
200 kilómetros y somos trasladados en caimanes hasta la ciudad. Nos quedamos 15
kilómetros antes porque rutas y puentes estaban tomados por los cívicos, es así
que ingresamos a pie custodiados por unidades de élite del Ejército.
No logramos cumplir nuestro
objetivo, y entonces suceden los hechos de Porvenir el 9, 10 y 11 de septiembre
y nos ordenan constituirnos en el lugar. Dejamos Villamontes, nos reagrupamos
en La Paz, y luego nos trasladamos a Pando donde tuvimos una participación
activa.
Es raro el caso de Porvenir
y es un asunto muy delicado; estuve desde las primeras balas hasta el último
momento junto con Isabelino. Luego empiezan los enfrentamientos, las tomas de
instituciones públicas, otros hechos ligados a Villamontes y los casos
Terrorismo I y II. (FRT recuerda que como consecuencia de Porvenir viene la
toma de aeropuertos, entre ellos Riberalta, se aprende a Jorge Melgar, se lo
traslada a La Paz, donde lo mantienen
preso por más de cuatro años)
Estuve tres meses
investigando el caso en Pando. Inicialmente había orden de iniciar proceso por
responsabilidades contra Leopoldo Fernández, sin embargo una persona
importante, Mary Carrasco, empieza a manipular el caso y a tomar el control del
proceso porque tenía todo el respaldo del gabinete jurídico que ya estaba en
pleno funcionamiento. Carrasco entra como abogada de las víctimas y el Ministerio
de Gobierno le paga sus honorarios. Tenía dos fuentes de financiamiento, el Ministerio
y Unitas a través del Canciller.
Se supone que deberíamos
fungir como directores funcionales de la investigación del caso Terrorismo
porque éramos parte de la comisión nacional de fiscales, pero gracias a Dios
nos quitaron el caso a tiempo y hoy estamos con la conciencia tranquila.
¿Cómo han funcionado estos
casos? A través del grupo de fiscales y de jueces con los que hablamos para que
ayuden al “proceso de cambio” porque el proceso judicial en sí no tenía ningún
asidero. La Policía ayudó con investigadores especializados que se forman desde
esa época a la cabeza del coronel Johnny Aguilera y otros investigadores, el
grupo inicial que formó parte de este equipo integrado por gente de Ministerio Público
y los Ministerios de Gobierno y Transparencia.
En el caso Terrorismo II,
que es muy amplio, se han generado una serie de identificaciones y persecución
de muchos líderes políticos y cívicos, y se ha utilizado con intereses
personales y políticos. Desde entonces, el Poder Judicial va prestándose poco a
poco para favorecer y hacer que este caso y los otros comiencen a marchar.
Se nos ha utilizado para
lograr beneficios para el Estado y también por intereses particulares de Nardy
Suxo, Marlene Ardaya, Silvia Lazarte y Osvaldo Gutiérrez, entre otros. Por
ejemplo, un Fiscal en El Alto absuelve al esposo o compañero de Suxo en un
proceso de carácter privado.
Por otro lado, se ha creado
un INRA paralelo en Santa Cruz que extorsionaba a los terratenientes, manejado
directamente por Nemesia Achacollo. Hay una grabación del principal acusado que
la vincula y no se hizo nada. Yo hice conocer esto a Suxo, quien se comprometió
a informar al Presidente. Pero esa grabación salió de la investigación por
presiones debido a que estaba involucrada una persona que representa mucho para
el gobierno.
Otro caso es el del señor
Melgar, cuando un avión Antonov aterrizó en Cochabamba en 2008; tenemos
información de que transportaba armamento de guerra, y no se sabe hasta ahora a
dónde ha ido a parar ese cargamento. Este es el antecedente de los enfrentamientos
en Porvenir. (F. Rivera recuerda que este hecho se da antes de que ocurran los casos
de Villamontes, Porvenir y el caso terrorismo. Mucha gente se pregunta hasta
ahora para que ingresó el armamento, con qué fin, qué se pretendía)
También me tocó investigar
el “video soborno”. Mediante peritajes de voces e identificación facial
identificamos al señor Ignacio Vila Vargas y a las otras dos personas que
estaban en el vehículo del Ministerio de Gobierno: Carlos Núñez del Prado, Luis
Clavijo y Alí. En este caso, Fernando Núñez del Prado se fue sin haber
declarado, sin ser investigado ni imputado.
En estos casos se da una presión
directa de la fiscal Bety Yañiquez y de las demás personas como Sacha Llorenti
para sacarme del caso por varias razones: 1. Porque empiezo a investigar,
allano las oficinas del Defensor del Pueblo donde tenía sus oficinas el finado
Carlos Núñez del Prado, encuentro perfiles de muchos senadores, diputados,
políticos, trabajados por Núñez. 2. Emito
también una citación a John Arandia para que explique cómo obtuvo el video.
Esto genera una reacción del Vicepresidente, que me dice “fiscal chambón”.
Chambones son los que filman y se hacen filmar, respondo, y me obligan a salir
del caso.
R. Delgado: ¿cómo filman? La
gente del MAS es desleal y entre ellos mismos filman. El que tima es Clavijo, Núñez
entrega el dinero y Alí filma y toma fotos.
B. Villegas: El video llega a manos de la prensa a
raíz de una pugna política. Se filma el hecho porque anteriormente Núñez y
Clavijo eran el canal con la embajada venezolana, ellos administraban la plata.
No iban a hacerle firmar un recibo (a Vila), por eso Rada instruye filmar la
operación. Luego Rada entrega el video al Vicepresidente y posteriormente el
video sale de la Vicepresidencia cuando Llorenti estaba bastante bajo y se
rumoreaba que Rada volvería al Ministerio de Gobierno. El video sale de la
Vicepresidencia con el objetivo de sepultar a Rada y eso es lo que consiguen,
porque todos saben que Sacha es el compañero del Vicepresidente.
En el caso de Santos Ramírez
también hubo mucha influencia política para lograr su sentencia. Sin ser
fiscal, he ayudado a que ocurra y se sentencie a esta persona a través de Suxo.
No es una investigación cualquiera sino que corresponde a pugnas políticas. Santos
era el segundo hombre más importante del país y la sombra del Vicepresidente, y
se tenía que eliminarlo políticamente para que uno siga gobernando.
En este caso comenté que se
había aprobado un decreto hecho a la medida de Santos, el cual autoriza el
fideicomiso de 34 millones de dólares para que paguen a los gringos, de los
cuales no hemos recibido nada a cambio. Dicho decreto ha sido firmado por los
Ministros, pero el único que ha pagado es Santos Ramírez.
El caso Aerosur es otro caso
emblemático de presión y persecución política. En el momento de la lucha por
las autonomías, Humberto Roca exigió mediante spots “reglas claras”, tenía
intereses para enfrentar al gobierno y era una piedra en el camino. Es así que
iniciamos una investigación, se me exige investigar a la familia y a los
socios, querían que incluya hasta a las
hermanas y a los hijos.
Este proceso es por
enriquecimiento ilícito de particulares con afectación directa al Estado. Le
acusan de defraudar 550 millones de bolivianos en impuestos.
Contradictoriamente, Impuestos internos certifica luego que la deuda es de 55
millones. Una vez que dejo el caso se inicia otro proceso en contra de la
familia y luego otro en contra de los socios de Aerosur.
¿En qué quedó el caso? El
año 2010 cuando salgo de la Fiscalía dejo el caso con acusación. Han pasado
casi cuatro años y no se hizo nada. Realmente es un caso complicado que responde
a intereses políticos. Básicamente se buscaba en ese momento sacar del mercado
a Aerosur porque dos líneas aéreas de un mismo país no podían entrar a otro
país como Argentina, España y USA. Entonces había que eliminar a Aerosur para dar
cabida a BOA y que tome el monopolio de esas rutas.
Entenderán que el interés no
solo ha sido político sino también personal e interno, de pugnas internas entre
compañeros del MAS que buscaban beneficios personales. El claro ejemplo de
Cecilia Rocabado se inicia un proceso por ETI Euro Telecom y Quiborax que han
tenido directa relación con Nardy Suxo y Héctor Arce Zaconeta. Se han jugado
muchos intereses personales y ha sido una presión bárbara para acusar a esta
señora. Hay una grabación en Estados Unidos cuando Arce se reúne con abogados
de la consultora contratada y dice que “hay que acusarla”.
Hay un consejo consultivo
para ver los procesos internacionales integrado por varios ministros. Yo, que soy
“chacra”, cité a los miembros de ese equipo para que expliquen y digan si han
autorizado o no la contratación de abogados extranjeros, hecho que me ocasionó
un gran impasse con Arce y llegamos a palabras mayores. Son investigaciones
bien serias, hay contratos con abogados del exterior por millones de
bolivianos, se pagaba por horas en arbitrajes internacionales. Amén de eso se
acusó a Rocabado para cumplir lo que se había ordenado.
Otro caso es el de la ciudadana
norteamericana de 19 años que el año 2008 ha metido al país una cajita con 500
proyectiles calibre 45. Esta señorita era la sobrina del coronel Norton,
agregado de la embajada norteamericana. Este señor practica tiro y la señorita
sin conocer las normas introduce los proyectiles en su maleta. Migración la
detiene y se utiliza el hecho para justificar el supuesto atentado contra Evo
Morales.
Entonces sale el ministro Alfredo
Rada para decir que a través de la embajada se estaba gestando el golpe cívico
prefectural que pretendía atentar contra la vida del Presidente. Y se
identifica a esta persona como enviada de la embajada para proveer de
explosivos a los opositores. Recibo una
presión tremenda para encarcelar a esta persona. La tenencia de explosivos es
delito, pero no la de proyectiles que tiene característica diferente. Es por
eso que solicitó al juez que la liberen porque no correspondía el proceso, lo
que me cuesta la cabeza y me la cortan 10 veces.
2.
La persecución a los líderes de la oposición
(EM).- En
2008 surgen los problemas con la embajada norteamericana. Entonces se inicia una
especie de persecución de varios líderes políticos a través de procesos
penales, como es el caso de Juan del Granado, Rubén Costas, Mario Cossío,
Ernesto Suárez, Manfred Reyes Villa y otros.
Hace poco he sido notificado
por presunta retardación de justicia al no haber metido preso a Juan Del
Granado, en un proceso iniciado por el Contralor General del Estado. Recibí el
caso del señor Juan Del Granado y hago lo que se debe hacer según el
procedimiento. He leído el informe de auditoría del contralor Herbas que me
presenta como indicio probatorio, que de acuerdo a la Ley 1178 tiene calidad de prueba pre constituida.
Había un error de fondo grave y el informe lamentablemente estaba mal hecho. Se
olvidaron de citar el decreto supremo y la ley a través de los cuales nuestro
gabinete ministerial y el propio Presidente autorizan el traspaso de fondos
para que Juan del Granado pague el sobrecosto por la construcción de los
puentes Trillizos.
Entonces le digo al contralor
que se pronuncie tomando en cuenta el decreto y la ley que debe ser parte
integral del análisis jurídico y técnico. Mientras tanto suspendí la declaración
de Del Granado porque no teníamos ese elemento importante que deberíamos
analizar como fiscales. Sin embargo, seguían presionándome, pero no me daban
los insumos para imputar o detener a Del Granado. Recibí presiones de Suxo, Arce
y del propio contralor general para detener a Del Granado. Y ahora me procesan
por incumplir mis deberes que supuestamente era detener a este señor, por no
querer hacer lo que ellos me mandaban porque no era correcto.
Lo mismo pasó con Costas, se
nos obliga a mí y a Isabelino Gómez a formular la acusación, y luego tuve que renunciar
a la Fiscalía como consecuencia de las presiones. Dejé los documentos hechos,
pero ningún fiscal quería firmar la acusación en Santa Cruz, y tuvo que hacerlo
el fiscal de distrito para presentar y cumplir con esa acusación, hasta eso
hemos llegado.
Algo similar ocurrió en los
casos de Cossío, Suárez, Reyes Villay, Percy Fernández y demás líderes
políticos que hemos tenido que (perseguir). ¿Cuál era la visión de algunos
políticos del oficialismo? Habíamos perdido muchas alcaldías y entonces se
tenía que bajar a los alcaldes opositores para que uno del MAS suba y ocupe
esos cargos. Ese era nuestro trabajo a través de la justicia, es una pequeña
muestra, no solo ocurrió en Santa Cruz, sino también en La Paz, Sucre y en otros
departamentos.
El caso emblemático es el de
los diputados Jesica Echevarría y Luis Felipe Dorado, quienes se atrevieron a
publicar el “árbol de la corrupción en Santa Cruz”. De inmediato se ordenó que
se les inicie un proceso por sedición, difamación y calumnias. Se me encomienda
de que debo procesarlos y detenerlos porque
estaban molestando a Suxo. No se llega a cumplir eso porque me voy de
esta ciudad y renuncio, Isabelino cambia a fiscales y esto baja la tensión.
Alcides Villagomez es un
asambleísta de Santa Cruz, era presidente de la asamblea en ese momento, y no
daba lugar a una compañera del MAS a que ocupe su curul. Se ordena que se lo procese
y detenga para así lograr que la asambleísta del MAS representante del pueblo
yuracaré moxeño asuma su curul y así se tenga mayoría en la asamblea
departamental. Logramos aquello, pero esta señora se da la vuelta y no logran mayoría.
Otro caso es el de la señora
Elena… Polo. Rada ordena que los procese a estos dos señores que se los saque
su cargo de vocales de la Corte Suprema porque se animaron a intervenir en el
caso Porvenir y dijeron que correspondía la investigación a través de la Fiscalía
de Sucre por juicio de responsabilidades. Me hago cargo y tengo que investigar
y procesar a estos señores bajo presión.
¿Cómo funciona esto sino es a
través del gabinete jurídico en los diferentes años? Las mismas personas van
cambiando a través del tiempo. Como el gabinete no controlaba la justicia, se
logra operativizar a través de nombramiento de autoridades representativas.
Recuerden a Mario Uribe servil del gobierno; se nombra al primer fiscal
Williams Dávila, Bety Yañiquez, José Ponce actual fiscal, Jorge Gutiérrez,
Arminda Mendez, Isabelino Gomez, Camilio Medina de Cochabamba, Beimar Guzmán de
Sucre, Hugo Vargas Palenque de Beni, y Mayde Arteaga de Pando. Así se controla
a los fiscales y funcionarios de abajo para que cumplan las instrucciones.
También se hacen nombramientos
en el Poder Judicial como Gonzalo Hurtado que responde al gobierno. Blanca
Alarcón, William Alave, Virginia Crespo
ex esposa de Wilfredo Chávez, quienes empieza a negociar con la venta de cargos
de jueces, notarios y fiscales. También fueron nombrados por el gobierno Fernando
Ganam, Félix Peralta, Iván Campero y Ramiro López. En Santa Cruz fueron
nombrados William Torres, Sergio Cardona, Zenón Rodríguez, y Ariel Rocha que
está prófugo.
A través de estas personas el
Ejecutivo lograr controlar directamente la justicia y nosotros pasamos a ser
operadores y hemos sido aparados un poco porque ellos manejan todo a través de
las autoridades judiciales. Luego se nombran fiscales de materia, jueces de instrucción
y de sentencia para tener el control absoluto. Ya no teníamos que ir al sistema
de reparto de la justicia para decir que este casito quiero que llegue a juez
tanto. Ya se metía el proceso porque todos respondían al sistema. Antes
teníamos que rogar y manipular para que un determinado caso llegue a
determinado juez porque no teníamos control total de la justicia.
¿Cómo funciona esto, como es
posible trabajar con 12 miembros de la UTARC, 20 la CIES grupo de élite del
ejército? ¿Cómo es posible que Edward Mollinedo se haya quedado tres meses en Pando,
viajes por todo lado en el caso terrorismo? A través de una asignación de
recursos provenientes de Venezuela, y recursos propios. ¿Para qué? Nos recompensaban con “plus” para solventar
los gastos de cada uno, independiente del sueldo que nos correspondía.
3.
Cómo operaba el “gabinete jurídico”: El caso de la “milicia” civil
Boris
Villegas da un pantallazo de la parte netamente operativa porque
la parte jurídica la va a detallar Fernando Rivera. A partir de esas piezas chinas que son los
casos Villamontes, Calancha Este solo es un pantallazo, porque si les
habláramos de todos los casos que hemos visto seguramente podríamos tardar dos
a tres meses de trabajo.
A partir de estos casos
empieza a funcionar el grupo operativo dirigido por Carlos Núñez del Prado,
Luis Clavijo y Raúl García, el contacto directo con la policía era el coronel
Jorge Santiestéban quien posteriormente, como premio por estas actividades, llega
a ser comandante general de la Policía, siendo era el noveno de su curso y una
persona que no tenía la capacidad intelectual para hacerlo. Se le ha dado un
premio no por su eficiencia. Solo era bueno y eficiente para armar casos.
Es a partir del caso
Porvenir, el caso terrorismo I principalmente, cuando se empieza a actuar a
través del grupo operativo que era gente de UTARC y del F10; un hombre
representativo de la UTARC entonces era el capitán…. más conocido como “John Rambo”,
y el más conocido del F10 era Peter Nava quien ha sido capturado en la voladura
de la radio en Yacuiba, todos directamente financiados por la embajada
venezolana.
En los casos Terrorismo I y
II hay un video que ha salido a luz donde se ve a Núñez y Clavijo caminando y
supuestamente sembrando pruebas, esa era la labor específica de esta gente. Por
ejemplo en Caihuasi en 2008 se da un enfrentamiento y se queman buses y
misteriosamente aparecen dos mineros muertos. Luego se levantan los mineros,
toman la ciudad de Oruro y Rada nos ordena a mi persona, Farfán y a Rodas
hacemos presentes en Oruro.
Núñez y Clavijo se encargan sembrar
pruebas, dar sustento operativo para que el aparato jurídico pueda lavar la
cara a la Policía. Y se va repitiendo el mismo mecanismo en todos los casos
donde hubo muertos como en Caranavi, Yapacaní y Uncía.
En el caso Chaparina estuve
presente y es una repetición de todo lo que dijo Mollinedo. Hago énfasis en este
caso porque he sido actor. Las instrucciones directas del entonces ministro
Llorenti fueron que se intervenga la marcha “a cualquier costo”. Tal como
manifesté públicamente ante la comisión de fiscales, se tenía que intervenir un
día antes, de manera brutal porque no había logística, era como mandar a la
gente al matadero y todo esto con el argumento del supuesto secuestro del Canciller.
¿Cómo entender que la
persona que dio la orden, proveído logísticamente, enviado policías y aviones
esté libre en este caso y yo que he sido funcionario de tercer nivel este
siendo investigado y estoy preso? Quien da la orden es Sacha a través del
viceministro Marcos Farfán. Hay un video que demuestra esto, pero no se ha tomado
en cuenta nada como en todos los casos que se actuó a través del ministerio de
gobierno.
Resulta singular que además
de policías había miembros del Ejército. La ex ministra Chacón no tenía
conocimiento y habrá que preguntarse quién ejercía autoridad sobre las fuerzas
armadas en ese momento para ordenar el despliegue de aviones, por ejemplo. Todo
esto se cae por lo podrido.
En el caso del avión Antonov
nuevamente se repite esta estructura con Nuñez, Clavijo, Santiestéban y Raúl
García. El año 2008 aterriza el avión de carga más grande en la ciudad de
Cochabamba un avión ruso procedente de Ucrania, uno de los aviones de carga más
grandes, supuestamente trayendo equipos antimotines para la policía e insumos
para los bomberos. Llega a las tres de la mañana y a las cinco ya está
descargado.
Lo raro es que se apersona
Carlos Núñez y Luis Clavijo mostrando credenciales del Ministerio de Gobierno,
y burlando todos los controles de la Aduana y no respetando AASANA, cargan todo
lo que estaba en el avión en camiones con destino desconocido hasta el día de
hoy. Se saltan todos los procedimientos aduaneros. Evidentemente, una parte de
la carga era insumos para la policía y demás, pero la otra gran parte era
armamento de grueso calibre en cantidad apreciable que no es entregado a la
policía, ni mucho menos al Ejército. Eso estaba en manos de Núñez, García,
Clavijo y Santiestéban. Es importante tener en cuenta el momento en el que
ocurre, anterior a los sucesos de Porvenir. Podríamos presumir que las armas
fueron distribuidas entre grupos de choque directamente entrenados y dirigidos
por estos señores. No nos olvidemos que Núñez presumía de haber sido fundador
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y García hace gala de que es
“fierrero”; él y Clavijo siempre andan armados; su tarea era sembrar pruebas y poner
explosivos. Siempre andan armados, Cuando sale la pus, entra el equipo de
fiscales, abogados y jueces. Y el caso queda en el olvido, y las personas no
han respondido dónde están las armas. (tres camiones dice Mollinedo)
La gente de la UTARC
dirigida por la misma gente participa también en la detención de Jorge Melgar
Quete. De igual forma operaron en el caso del Alto Parapetí se opera a través
de UTARC y F10.
En resumen, este grupo era
más o menos la milicia operativa armada del Ministerio de Gobierno, esta gente no
respondían ni al comandante general de la Policía. Como ejemplo claro, en el
caso Terrorismo el comandante de la Policía era Víctor Hugo Escóbar, pero quien
tenía tuición directa sobre esta gente era el coronel Jorge Santiestéban, director
nacional de inteligencia en ese momento.
Ya ahora se está dando una
situación similar. El actual director de Inteligencia es el coronel Fredy
Torres, quien se ha ganado ese mérito por haber organizado toda esta farsa por
la cual estamos detenidos todos. Este señor era comandante del Grupo de
Investigación de casos especiales (GISE) un grupo especial creado cuando
nosotros trabajamos en el Ministerio de Gobierno.
Se suprimió la UTARC debido
a los variados escándalos y estaba muy desprestigiado luego de que el capitán
Andrade es descubierto borracho. Entonces se ve la necesidad de hacer
desaparecer a la unidad, pero solo le cambian de nombre. UTARC eran los malos
que asesinaban, y se cambia de nombre a GISE, pero son los mismos.
Supuestamente GISE se encarga de perseguir a narcos y destapa el caso del
uranio, pero todo es un show.
Quien elabora los informes
para que estemos detenidos es un investigador del GISE, el capitán Blanco
dependiente del coronel Torres. ¿Qué
tiene que ver el GISE investigando una pérdida de arroz? Una prueba más de que
es un tema político.
Todos los directores de
inteligencia desde 2006 hasta la fecha han sido Comandantes de la Policía,
porque conocen todas las cochinadas. Tengan por seguro que el próximo
comandante de la policía será el general Torres.
Santiesteben dirigió en
persona la intervención al Hotel Las Américas.
(Nota: Suxo vio una
oportunidad de oro cuando se dio el tema de los 54 cadetes que ingresaron a
Anapol de manera irregular. Dentro de ese grupo de cadetes llamados “interculturales”
estaba el sobrino del diputado César Navarro, quien me llamaba todos los días
para que no hable. El propio policía me dijo que no me meta porque está la
sobrina de Navarro, la hija del ministro Santalla, el sobrino de Ávalos. Toda
era gente del MAS y pagaron 8 mil dólares cada uno para ingresar. Resulta
indignante escuchar ahora a Navarro hablando de ética y moral. Luego Nardi Suxo
interviene, se detiene a esa gente y empiezan las fricciones entre Suxo y
Romero; por un lado se instruye encarcelar a los acusados y por otro lado
Romero instruye al doctor Rivera para que pare la cosa. Santiestéban es sacado
de la comandancia policial porque la Ministra de Transparencia muestra
documentación que demuestra que este señor la seguía y tenía documentos de sus
hijos, en fin, una guerra sucia entre ellos por espacios de poder. Santiestéban
tiene varias acusaciones, debería estar procesado por el caso Terrorismo porque
dirigió la operación del Hotel las Américas en persona, pero no está preso)
Nosotros estamos en una
posición sándwich, nos han usado para resolver peleas internas. Por ejemplo,
Torrico tenía una pelea interna con Sacha, nos ha usado a los presentes, y ahora
Torrico se estrella contra mí como si yo le hubiera armado el caso de extorsión
a menonitas. Son luchas intestinas de poder que se dan en el MAS. Sacha nos
dijo que el viceministro Torrico esta extorsionando a menonitas, lo llaman a
Farfán y con él hicimos el operativo en Santa Cruz, se detiene a Dirk Smith (que
trabajaba para el gobierno) y él declara que fue designado como asistente
personal de Torrico. Luego Oscar Coca anuncia que se había destapado un acto de
corrupción y extorsión que involucra a Torrico. En ese momento yo era Jefe de
gestión jurídica y por órdenes de Sacha Llorenti nos querellamos contra Gustavo
Torrico.
Posteriormente se van dando
varios casos más. El caso del gobernador Ernesto Suárez, se me llama un día
despacho y se me dice que Jesica Jordan solicitó al ministro Sacha que se
traslade a Alberto Melgar ex presidente del comité cívico del Beni, detenido en
la cárcel de Mocoví, investigado por el caso Terrorismo. Melgar seguía
financiando a Suárez y Jordan pide que se lo saque del Beni porque de lo
contrario no tendría opciones políticas para la elección de gobernador.
De manera personal voy a la
cárcel del Beni para ver las condiciones del detenido, que tenía bastantes
privilegios, se pasó a informe al ministro y se sometió a una revisión.
Luego viaje a Beni con
Sacha, nos reunimos con Jordan en su casa y ella me indicó que debía sacarse a
esa persona porque era financiador. Participó en la reunión Gonzalo Hurtado,
presidente de la corte superior, y Hugo Vargas Palenque, fiscal del distrito,
quienes recibieron la orden de culminar el proceso. Y fue así que lo traslado a
Palmasola por instrucción de Llorenti. Prueba de ello tenemos una carta de
felicitación de Sacha. Posteriormente él me acusó de extorsión por pedirle 50
mil dólares para no trasladarlo de cárcel.
La UTARC es una milicia
armada y leal, una reproducción de lo que hizo el MNR en 1952, tener células en
la Policía y el Ejército que no respondan a sus mandos naturales sino a ellos,
al partido, al jefe. Son aparatos que se mantienen hasta el momento, en los
cuales lamentablemente he participado no con ánimo extorsionador y sacar
réditos; he sido ingenuo y he creído en el “cambio”, el discurso era ser
inflexible con la derecha. Y nosotros ingenuos creímos en el proceso de cambio.
Todo el aparato operativo ha
funcionado en base a dinero y muchas veces no entendían los ministros. Decían
que todos los fiscales y jueces deberían actuar como lo hicieron sin recibir
retribución, pero después entendieron y todo comenzó a funcionar. Hoy la
estructura se mantiene indemne, cambiaron algunos actores, pero los nombres que
se repiten desde 2008 son Suxo y Arce, que participaron en todos los casos de
una u otra manera.
La fuga de Manfred Reyes
ocasionó la renuncia de Rada y de Santiestéban, a quien lo ponen en la
dirección de servicios generales de la Policía, y vuelve a resurgir con ímpetu
cuando vuelven al poder Sacha y Raúl García. Después del caso Terrorismo Luis
Clavijo se va de cónsul a Panamá con 7 mil dólares de sueldo. Carlos Núñez y Raúl
García son la mancuerna que ha manejado recursos económicos, en todos los temas
donde hay plata estuvo relacionado Núñez.
Cuando estalla el caso
Terrorismo y salen los videos, el capitán Andrade y Marilin Vargas Villa, la
famosa Karen, son enviados a un curso inexistente en Venezuela para que se
calmen las cosas y posteriormente vuelven. El policía Andrade estaba preso por
(…) a su esposa, lo que significa baja, pero lo han vuelto a su curso. Se trata
de un sistema de premiación.
GISE depende del ministro de
Gobierno, es una unidad táctica de élite, con lealtad a toda prueba. El
director de inteligencia le da parte al Ministro no al Comandante de la
Policía.
Raúl García dirige la Unidad
de Seguimiento y Análisis Estratégico (USAE), unidad de inteligencia que depende
directamente del Vicepresidente, aunque funciona con ítems del Ministerio de
Gobierno, económica no depende de la Vicepresidencia. Son agentes de
inteligencia que no son policías.
Es gente de inteligencia que
no son policías, es la contrainteligencia de la policía. Raul García es la cara
sucia. Su tarea es sembrar pruebas y poner explosivos. Es hacer que los casos
tengan sustento jurídico. S fabrica una planimetría con caquillos y
posteriormente va la policía encuentra castquillos y ahí se quedan las cosas.
4.
Detalles de la USAE, la contrainteligencia de la Policía
Fernando Rivera: la USAE es la
contrainteligencia de la Policía, la mayor parte son civiles, ex militares, ex
policías, ex presos con García Linera. Raúl es la cara sucia, el que hace el
trabajo sucio a todo nivel, no necesita un sueldo. Alí formaba parte de la USEA
grupo de asesores de Rada entre ellos Miguel Albarracín, arquitecto Jorge
Clavijo, Daniela Quiroga, estas personas formaban un círculo íntimo en torno al
ex ministro Rada. Actual director es Macario Tola (ex constituyente, ¿gerente
de Cambio?)
Las reuniones de RGL en la
vicepresidencia no se utiliza la puerta principal, hay una puerta pequeñita
frente a la iglesia San Agustín y otra puerta de garaje. Reuniones en la
biblioteca y en el sótano, se planificaban aspectos operativos para que la
parte jurídica tenga sustento. Por ejemplo Caihuasi para decir que los mineros
se mataron entre ellos. Se fabrican planimetrías con casquillos de bala y ahí
se quedan las cosas.
En el tema Caranavi es lo
mismo, con la diferencia de que varios policías de entonces se enfrentaron al
ministro Llorenti. Varios coroneles indicaron que no iban a cargar con los muertos,
Sacha los reúne y les dice textualmente. No se preocupen, ustedes bajo perfil y
se los premiará como a Santiestéban, pero algo le sale mal porque uno de los
policías le graba. Sacha actúa de manera hormonal los hace imputar a todos los
coroneles presentes a través de la fiscal Yañiquez. Todos los coronoles del
caso están imputados a través de los visles Yañiquez.
Todos estos casos demuestran
el grado de genuflexión y subordinación que se ha llegado.
Es muy importante la
participación del señor Julcar Gabriel Zeballos Zegarra, que aparece en el caso
visas chinas. Trabajaba directamente con el ex viceministro de gobierno Rafael
Puente y la ministra Alicia Muñoz. Este señor era especialista en temas de
seguridad en la rama de intercepción radiofónica, electrónico, hacker. En el
caso de visas chinas fue imputado porque siempre actuó con doble cara, doble
agente, para la mafia china. Posteriormente aparece como consultor en
informática de Soza en el caso terrorismo. Ahora es asesor en informática en
radiocomunicación y radioescuchas del viceministro Jorge Pérez. Zeballos es el
que espía a Marcela Revollo, y es el que graba a Marcelo Soza e interviene correos
de la oposición; es el cerebro gris detrás de Pérez.
5.
Detalles de los enfrentamientos con muertos
Fernando
Rivera detalla los casos de enfrentamientos con muertos:
Caihuasi, Uncía, Coquiri, Caranavi, Yapacaní, Chaparina y otros dos más, como
se han manejado no solo operativamente sino la consecuencia jurídica estos
casos, cómo se han resuelto, encubriendo a personas que tuvieron participación
activa, por ejemplo en el caso Chaparina.
A través y en mérito de los
poderes conferidos a mi persona y Rodas y Boris en algún momento por los
diferentes ministros Rada, Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero. Este
último ni sospechaba esto, le vendieron una historia de corrupción nuestra.
A partir de 2007 es cuando
llegamos al ministerio de gobierno, al que nadie le tiraba pelota. Un memorial
no se recibía en la fiscalía de distrito, se analizaba y recién se asignaba un
fiscal. Esto corrobora con lo que decía Edward, se presentaban memoriales y
nadie le tiraba pelota. Ahí empiezan a suscitarse los hechos relacionados
primero al tema de Roberto Lenin Sandóval, la primera reacción fue la negativa
de que ningún fiscal quería hacerse cargo. Estaba como director general de
asuntos jurídicos Marcos Farfán. Y le decimos que no podemos andar ni atrás ni
adelante.
Luego el viene el caso de la
Calancha, implicados Alfredo Rada, General Víctor Hugo Vásquez y el comandante
departamental de Sucre, el proceso en Sucre. Y se recurre jurídicamente para
que defienda el caso Mary Carrasco que se ha cargo, pero de forma camuflada
porque el Ministerio de Gobierno a través de una partida dispone la
contratación como abogada. Carrasco ve también el tema Porvenir.
De esta forma ya se había
estructurado el equipo jurídico compuesto por fiscales, policías, abogados del
ministerio de gobierno, ministerio público y transparencia y se empieza a
controlar de manera jurídica el caso Calancha con tres muertos, y hasta el día
de hoy no hay resultados. Noviembre de 2007. Otro motivo para la conformación
del equipo fue la acción reacia de los magistrados Elena Rowental y Osvaldo
Wong razón por la que se sacó a estos magistrados de la Corte Superior de
Chuquisaca.
En el caso Villamontes de
2008, donde están implicados cívicos Reynaldo Bayar, Felipe Moza, José Vaca y
Rodas, se hace cargo el juez primero de instrucción cautelar de La Paz Carlos
Guerrero. Rodas y Bayar van a proceso abreviado porque participan Nuñez del
Prado y Luis Clavijo que negocian con la finalidad de que obtengan su libertad
e involucren a Mario Cossío para defenestrar
a parte del Conalde. A Cossío
luego le abren otros procesos por corrupción pública. Moza acepta en algún
momento ir a proceso abreviado, pero se hace la burla y por eso la saña y la
inquina en que se lo mantenga detenido hasta el día de hoy.
En este proceso es parte el
Ministerio de Gobierno y también YPFB como damnificado directo por la voladura
de los ductos. Actualmente el caso Villamontes está en conocimiento del actual
presidente del Tribunal Primero de Sentencia Sixto Fernández.
Luego el caso Porvenir que
se encuentra en el Tribunal Sexto de Sentencia a cargo de César Portocarrero.
En este caso participa de manera directa y activa Mary Carrasco como abogada de
los familiares de los normalistas caídos. Fue contratada por el Ministerio de
Gobierno como consultora por producto, a título del decreto supremo 27327 que
autoriza a una autoridad ejecutiva de entidad pública tiene la facultad de
contrata a un abogado externo.
El ministerio de gobierno no
es parte querellante, sin embargo ha controlado el proceso por orden de Rada.
Luego nosotros tomamos control directo, hubo coordinación con el ex fiscal
Eduardo Morales. De esta forma Carrasco es querellante y abogado de las
víctimas. La otra fuente de remuneración es la repartición Unitas. Además su participación
tiene mucho que ver en el caso Calancha.
En mi computadora hay más de
20 informes sobre el caso Porvenir, la han secuestrado de forma ilegal la
Fiscalía la ha desprecintado, cuando ese acto debe llevarse adelante en
presencia del juez encargado de control jurisdiccional; eso dice la Ley. Esto
sucedió el 18 de octubre de 2013.
En el caso Terrorismo el
juez natural era Luis Tapia Pachi por el lugar donde ocurrieron los hechos,
Santa Cruz, pero en base a presiones de este gabinete jurídico (rada, san miguel,
juan ramón, el vice de movimientos sociales sacha, suxo, el ministro de defensa
legal Arce y Wilfredo Chávez) Aquí empieza a activarse el gabinete jurídico.
Ahí viene la pelea jurídica de dónde radicará la causa, si Santa Cruz o La Paz.
Surge el decreto supremo N.
180 en 2009, como si estuviera por encima de la ley, que dispone que La Paz es la
jurisdicción exclusiva para asuntos relacionados con la seguridad del Estado.
Tenía un antecedente: en santa cruz no había jueces dispuestos a someterse al
poder político del gabinete jurídico. De esa forma se pelea por todos los
mecanismos para que el caso terrorismo pase a conocimiento de la juez Bety
Yañiquez la que conoce en primera instancia el caso Terrorismo I cuando fungía
en el Juzgado Séptimo de Instrucción de La Paz. Era leal servidora del gobierno
porque ya había robado los expedientes del caso Porvenir.
Tema Calancha 2008 aparece
el gabinete jurídico en septiembre de ese año compuesto por estos ministros y
una persona ajena, Mary Carrasco, a título de consultoría. Este gabinete
jurídico se activa a través de operadores del ministerio público y el poder
judicial, entre ellos Mario Uribe. En la gestión 2008 hubo injerencia del
Ejecutivo para el control del Poder Judicial a través del gabinete jurídico y
sus operadores. Lo propio ocurre en el caso Villamontes y Porvenir.
En el caso Terrorismo en
abril de 2009 también opera el gabinete jurídico y sus operadores en el poder
judicial en La Paz. Hubo injerencia política en el Poder Judicial,
especialmente en la ex Corte Superior de Justicia de La Paz, particularmente en
los jueces que han conocido el caso, como Yañiquez, Rolando Sarmiento, Ricardo
Maldonado y el actual tribunal de Sentencia.
En 2008 y 2009 participan en
reuniones del gabinete jurídico Mario Uribe, César Navaro, Edmundo Novillo
cuando era presidente de la Cámara Diputados, René Martínez presidente de
Senadores, el diputado Lucio Marca de la comisión de Constitución y Gobierno y
el diputado Gustavo Torrico.
BV: Todas estas personas han participado en
la redacción del famoso informe del caso terrorismo. Se llenan la boca diciendo
que han investigado, pero es falso, quienes hemos hecho el informe somos
nosotros, que nos reunimos en la presidencia, y ellos solo han revisado y han
firmado.
En 2010 continua el gabinete
jurídico y aparecen otros actores que están en el ministerio público. A la
cabeza están Sacha, Suxo, Oscar coca, Arce y Quintana. En 2008 se da el caso
Calancha, Villamontes y Porvenir, en 2009 el caso terrorismo I (39 acusados e
imputados) y se deja antecedente para el caso Terrorismo II para perseguir a
los financiadores del supuesto terrorismo separatismo.
El caso Caihuasi con tres
muertos se controla a través de este gabinete jurídico. El caso Uncía con tres
muertos también en 2010 se controla el proceso, pero sale Mary Carrasco y ya
funciona a través de ministros. Luego viene el caso Colquiri en 2012.
El caso de Caranavi de mayo
de 2010 como consecuencia de un proyecto del Senador Surco. El gabinete
jurídico controla el proceso a través de la fiscal de distrito Yañiquez y el
caso cae en el Juzgado Noveno de Instrucción cautelar, se protege a Sacha
Llorenti, se abre un problema con la imputación en contra de los coroneles, de
Farfán, Nina, Torres, Saravia y otros.
Los operadores directos del
gabinete jurídico de 2010 nosotros como apoderados en forma conjunta del
Ministerio Público y de esta forma se logra controlar el caso Caranavi y hasta
el día de hoy no hay absolutamente nada. En algún momento se quiso negociar con
las víctimas.
En 2011 hasta el momento del
caso Chaparina el gabinete sigue funcionando para controlar el caso Chaparina
que no se reduce a la intervención del 24-25 de septiembre. Se dan actos
previos una semana, ya había reportes de inteligencia, la provisión de insumos
y requerimientos de la policía.
Posterior a ello se dan al
menos tres actos jurídicos, como la denuncia que conoce la fiscalía de La Paz
en base a la denuncia de la ex ministra de justicia (¿Celinda Coca?) y nosotros
como abogados. También se abre de oficio en Trinidad otro proceso y el fiscal
Víctor Hugo Vargas que respondía muy bien a Wilfredo Chávez lo remite a La Paz
para que se acumule.
Se abre un tercer caso en la
Fiscalía General como consecuencia de una proposición acusatoria en contra del
Presidente, Vicepresidente, y del ministro Sacha formulada por Tomás
Monasterios. En la Fiscalía General a cargo de Uribe se rechaza la denuncia
contra las autoridades y se remite a la Fiscalía de La Paz la acusación con
relación a Sacha. El caso es conocido por Patricia Santos.
Hay otra denuncia presentada
por el MSM por contratos lesivos al Estado contra Patricia Ballivián y otras
personas, que se remite a la unidad anticorrupción. El caso queda trabado por
intermedio de los ministros y sus operadores. Santos y Ángel Ponce se hacen
cargo de los vejámenes y torturas a los indígenas. Nuevamente el gabinete
jurídico controla el proceso a través de sus operadores, y el caso Chaparina
cae en el juzgado Noveno de Instrucción Cautelar a cargo de Castillo que
también responde a W. Chávez.
En conclusión con relación a
los casos de seguridad interna del estado y tomando en cuenta la relación de
los gabinetes jurídicos desde 2008 y vinculación con los operadores a través de
los abogados del Ministerio de Gobierno en base a los poderes conferidos por
los ministros y la materialización a través del Ministerio Público y del Poder
Judicial concluimos que si hubo injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Wilfredo esta hasta enero de
2012, lo saca el Presidente y se hace cargo Carlos Romero. En 2012 Romero ya no
articula un gabinete jurídico de ministros, articula un mini gabinete a su
cargo compartido con la ministra Suxo, y varios abogados de diferentes instituciones,
entre ellos mi persona en representación el Ministerio Gobierno, un asesor
legal de Choquehuanca (…), Mónica Ramírez de YPFB, Erika Chávez de Justicia,
Jesica Saravia y Javier Valdivieso, viceministro de Coordinación Gubernamental.
Con este gabinete se ve el
caso Yapacaní con tres muertes que no se han esclarecido hasta la fecha, y que
implican a Wilfredo Chávez y a Carlos Romero. Se indujo a la Fiscalía por medio
de Isabelino Gómez y mi persona para lograr una ventaja para Romero.
En 2012 surge un conflicto
entre cooperativistas y asalariados en Colquiri con dos o tres muertos, y el Ministro
Romero emite una orden directa al actual fiscal del caso Terrorismo Marco
Antonio Rodríguez para el allanamiento de las casas de los dirigentes y se los
aprenda. A partir de nuestra aprehensión
la sacan a Suxo y a la el gabinete jurídico funciona con solo dos actores, Carlos
Romero y Jorge Pérez.
En el caso del avión
Antonov, como consecuencia del incumplimiento de la ley general de Aduanas y el
manifiesto internacional de carga y despacho único aduanero, se abre un proceso
penal aduanero en Cochabamba en contra de una persona que respondía los
intereses de Carlos Núñez y Luis Clavijo, un ex policía que fue el jefe de
seguridad del ex prefecto Novillo. El fiscal que conoce el caso en Cochabamba
lo cita, y había muchos elementos para que lo detengan. Rada, preocupado, me
ordena entonces que me reúna en la Aduana y se emita un documento para
legalizar el ingreso del equipo.
El caso del general Sanabria,
quien estaba a cargo del Centro de Generación de Información (CIGEI) dirección
creada bajo la administración de Rada por resolución ministerial, dependía
directamente del viceministro Felipe Cáceres. Contaba con equipos de espionaje,
hasta nuestra detención estaba en funcionamiento.
E.
Mollinedo: cuando estalla el caso en 2012 se me ordena realizar una
intervención a las oficinas, y secuestro de máquinas, polígrafos, equipos de
radioescucha y documentación, con gente del ministerio de gobierno, y todo lo incautado
se lo entrega a Farfán, no a la Fiscalía como manda la norma. No se sabe qué se
hizo con esa información.
Al margen que se encontró a
Sanabria con 144 kilos de droga y que se detuvo a ocho policías entre ellos Oña
y Félix Calderón, el caso estaba en etapa preparatoria en el Juzgado Noveno de
Instrucción Cautelar a cargo de la fiscal Sara Villarroel y Elsner Cruz. No hay
sentencia y ahí quedó.
El caso Gastos Reservados se
inicia en 2010 por órdenes de Llorenti y del mismo gabinete jurídico para abrir
un proceso en contra de Guillermo Fortún quien se había postulado como alcalde.
También contra el ex presidente del BCB Juan Antonio Morales. Al margen de se haya o no encontrado una
apropiación indebida de recursos a título de gastos reservados, hubo presión
del poder político sobre el Poder Judicial.
Hay muchos ejemplos de actos
procesales y detalles administrativos jurídicos y operativos, y de cómo se
llega a las conclusiones, como por ejemplo en el caso terrorismo. Hay casos
macabros como el del teniente Navia con un patrimonio familiar de más de 8
millones de dólares en vehículos e inmuebles caros. Es un caso relacionado con
el narcotráfico y con la muerte de los suegros de Navía. Los esposos Soria
Riquelme, a la esposa le metieron 12 tiros y al esposo, 17 en Santa Cruz.
Incluso notros cuando fuimos querellantes, en este caso el abogado es Jerjes
Justiniano, el caso está quedando en nada.
El caso de Marlene Ardaya
tiene que ver con el proceso que le inician por la compra de un bien inmueble
en Oruro, había un conflicto de ella con los miembros del directorio. Su equipo
jurídico ni atrás ni adelante, ella pide al Vicepresidente que ayude el equipo
del Ministerio de Gobierno, el vice le habla a Romero y me llaman y me instruyen
ayudar a Ardaya.
El caso de Silvia Lazarte
cuando era constituyente había conflicto en Sucre por la aprobación de la CPE,
se traslada a Oruro. Lazarte tiene un arraigo como consecuencia del proceso
penal. Nosotros controlamos eso a través de la Dirección General de Migración y
la departamental. Ella tenía que salir del país, pero Rada ordena que no se
materialice el arraigo y logramos controlar. Amenaza al fiscal que si no acata
él va a la cárcel.
El caso Banco Económico, a
la gente del banco se la pretende implicar en legitimación de ganancias
ilícitas a raíz de una denuncia del ex ministro Iván Canelas. El mayor
capitalista del banco es Justo Yépez, se abre un proceso en Santa Cruz que radica en el Juzgado Segundo de Instrucción,
pero a W. Chávez se le ocurre traer el caso a La Paz. Eso curre y cae en el
Juzgado segundo de instrucción cautelar a cargo de la ex jueza Julia Parra.
Allí ocurre un conflicto de intereses
económicos personas angurrias de Héctor Arce, quien llama a través de su asesor
Israel Campero a Boris y le pregunta los detalles, él le explica a grandes
rasgos. Le dice a Boris que le diga todo como si estuvieras hablando conmigo y
le pregunto por qué, me dice que W Chávez “se está queriendo hacer el pendejo,
aquí hay algunos negociados y tenemos que luchar contra la corrupción”. Luego Arce
llama a Rivera, salta Arce, sacan a W. Chávez y Arce gana la pulseta. Después
me entero que en el caso había muchísima plata.
6.
Detalles de las peleas personales de los jerarcas del régimen
Denis
Rodas: Una vez consolidada la “seguridad” del Estado,
comenzaron a utilizarnos como punta de lanza en sus peleas personales. Algunos
ejemplos: Mari Carrasco nos presionaba por sus casos particulares, y Rada cuando
ya no era ministro nos seguía llamando para que la ayudemos.
Hubo una quiebra con Sacha
porque en uno de los procesos de Mari el imputado era el kinesiólogo del
presidente, y él se queja de que estamos influenciando en el proceso privado,
el residente le pide explicaciones a Sacha y empieza otro tipo de problemas con
Carrasco que nos presionaba. Otro caso de César Navarro viceministro de
coordinación, pero tenía casos personales. Pide a Romero ayuda para a su
secretaria en un proceso privado. La secretaria de Navarro Nayra Céspedes nos
explica y atendemos el caso.
Gustavo Torrico quiere
consolidar un grupo jurídico paralelo al de Sacha, insta a reuniones, pero
hemos rechazado y empiezan los problemas. Tenía procesos por terrenos en ciudad
satélite, otro proceso de su sobrina por un anticrético. Uso indebido de
influencias en procesos personales.
Romero nos instruye un corregir
un proceso por una supuesta estafa en la que estaban involucrados particulares
por la venta de una compañía de madera. En este negocio el palo blanco de
Romero, Justino Avendaño, había invertido 450 mil dólares. A través de la jefe
de gabinete el ministro nos convoca y ponemos en regla en proceso que había
sido rechazado porque el fiscal dijo que existían contratos civiles.
Se nos instruye ponerlo en
regla, hacemos que la Jueza Yañiquez revoque el rechazo, se vuelve a aperturar
la causa y se pone en marcha todo el aparato. A Boris Romero le instruye a
través del Centro de investigaciones policiales se detenga a esta individuo y
se inicia todo un operativo, se invierte recursos humanos y recursos de
inteligencia para capturar a esta persona de nombre Carlos Guillermo Villareal
Barriga.
Relaciones personales,
pasionales, Sacha era muy hormonal, una vez me llama y me ordena disponer de todo
el aparato de inteligencia para capturar a un francés como sea: Me da el
nombre, resulta que noche antes el ministro tuvo un encontrón en equinoccio por
una chica.
7.
Prontuario del ex viceministro Pérez
FRT:
Con
relación al ex viceministro Jorge Pérez, trabajó en la Aduana como abogado en
el período 2005-2007 y cuando Romero fue ministro de autonomías le dan una
consultoría. Es socio de Justiniano Alcalá. En la última audiencia de Jerjes
Justiniano en el caso Ostreicher, entre gallos y medianoche arman el proceso
entre 24 y 25 de noviembre; el 27 me detienen en Tarija y a Denis en La Paz.
Romero, Pérez, Justiniano y Jimy Montaño lo sacan a Isabelino Gómez y hacen
aparecer al fiscal Herry Hererra que también fue parte de ese estudio jurídico)
(Norma Piérola dice que tiene pruebas del clan)
¿Quién es Romero en Santa
Cruz? Supuestamente le ha “entregado” Santa Cruz al Presidente, y ahora es el
encargado de mantener relación con los empresarios. Cabe recordar que la mayor
parte de los implicados en el caso Terrorismo II son empresarios y Romero
negocia con ellos por eso quiere que se vaya abajo el caso Terrorismo. ¿A cambio de qué? No quiere ser simplemente
ministro, aspira a gobernador e incluso vicepresidente. ¿A quién afecta el tema
terrorismo? Al entorno del Vicepresidente (su hermano y Sacha). Si sumamos a
ese interés político un interés económico, su plan sería librarse de la gente
que le molesta, tener a sus chivos expiatorios presos, los supuestos extorsionadores,
y conseguir plata. No hay que olvidar que Pérez maneja todos estos procesos y
en todos los casos es recurrente el nombre de Jerjes Justiniano. Se trata de
una rosca espantosa.
Justiniano es un conocido
abogado de narcotraficantes, defiende a Navía, participó en el caso de
motocicletas incautadas, logró la devolución de seis buses incautados en San
Matías a un narco internacional, y también fue abogado de Cronenbold. El consorcio de Pérez y Justiniano defendió a
la jueza de Pailón Natalia Rosas Fernández que liberó una avioneta que dio
positivo en un narco test. La jueza estaba detenida, y no solo la liberaron del
proceso, sino que lograron que rechazaran la causa y la han vuelto a colocar
como jueza de Pailón, todo está documentado.
En otro caso relacionado con
narcos, cuando trabajaba en la Aduana llegó un avión a Bolivia, intervine la
Aduana para ver si tenía registro; pertenecía a un colombiano representado por
el abogado Espinoza también victimado. Pérez facilitó que el avión se quede y
el proceso aduanero se rechace, y el avión se queda y nadie dice nada.
¿Por qué nos arman esto?
Romero le miente al Presidente, Pérez busca a personas que trabajaron con Rada,
Suxo, Sacha, Wilfredo, con Héctor Arce. Otro de los objetivos de Romero es
voltear a Suxo, Rada, Sacha, Arce por esa pugna interna. Cuando ingresó J Pérez
empieza a vigilar a todos los órganos de seguridad en materia de narcotráfico,
los castigan y se produce la salida de los narcos que estamos investigando,
Lucy Dorado, Claudia Liliana, Anibal, Gil Dorado, (¿y Jesica Jordan?).
8.
El papel de la Fiscalía de Santa Cruz
Isabelino
Gómez: La fiscalía de Santa Cruz en mi gestión se convierte en
una especie de control de entidades públicas. En el caso de Percy Fernandez son
varias las denuncias formuladas por concejales afines al MAS y personalidades,
entre ellos Saúl Ávalos y Desiré Bravo.
En el caso de Luis Cardona
alcalde de Warnes opositor al gobierno y se presenta una acusación en su contra
para que suba al poder Mario Cronelbold afín al gobierno. Cronembol se
beneficia al subir del alcalde. Luego denuncia a Achá por extorsión de 50 mil
dólares y esa denuncia es introducida para acusarnos de extorsión. Por eso lo
detienen a él y a su esposa.
Igualmente en el caso de Chichino
Juarez en la Guardia era del partido Verde y se le acusa para que pueda subir
alguien del partido de gobierno.
En el caso de Wilfredo Añez
en Cotoca se intenta hacerle un proceso que viene de mucho más atrás en la
gestión de Arminda Mendez.
En el caso de Alcides
Villagomez igualmente el fiscal Mollinedo se trata de tomar el control de la
Asamblea departamental a fin de que se posibilite al partido de gobierno de
acceder a la asamblea departamental.
Todas estas actividades eran
ordenadas por gente del gobierno al cual hemos servido. Hecho la declaratoria
del gabinete y he nombrado con nombre y apellido a quienes conforman ese
gabinete.
Nos hemos visto perjudicados
por estas acciones, poniendo en riesgo nuestra propia integridad física. Estoy
detenido por un proceso de violación y el violador Pedro Crecencio Pinto está
libre. Su abogado es Jerjes Justiniano que también es abogado de Ostreicher, el
mismo vice Perez.
En el caso del vocal Cardona
se me hace ver como fiscal que hay un supuesto desacato en relación a doctor
Arce, existe grabación en sala plena en la Corte que es promovida por el
William Torrez que utiliza de forma arbitraria el nombre de Arce en las
audiencias para posesionarse en el poder, y garantizar su cargo de vocal, como
lo hacen otros vocales, por eso no podemos acceder a salidas médicas. Nos dicen
que necesitamos exhortos suplicatorios para una salida judicial para atención
médica. Nos han enterrado vivos, cuando hemos servido a la estructura de poder.
He sido fiscal en el caso Caranavi
y las instrucciones las daba directamente Sacha Llorenti a su equipo jurídico
para que opere. En el caso de Porvenir de igual manera, el ministerio de
gobierno toma la batuta, los fiscales estamos presentes pero siempre somos
sobrepasados por la estructura de poder para servir a otros intereses.
Todos estos casos tienen
relación porque están directamente vinculados al gobierno porque han sido
dirigidos por fiscales que servían al gobierno.
En el caso de Alcides
Villagomez, se toma el control de la Asamblea Departamental y se pelean entre
ellos y utilizan al ministerio público para que se detenga al señor, todo para
controlar la asamblea cuando Romero era ministro de autonomías.
