Gloria Ruiz Arrieta
El triunfo electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales, en 2005 ha modificado profundamente varios espacios de la vida política y social boliviana, y a pesar de que el respaldo social a Morales se asienta en un virulento rechazo al neoliberalismo, una buena parte del andamiaje neoliberal ha quedado intacto.
La presencia del MAS en el gobierno boliviano, ha sido interpretada en múltiples direcciones: para la derecha, los “comunistas” van a quitarles sus casas y autos; para algunos románticos es casi el sueño hecho realidad: “el primer gobierno indígena” y para los propios gobernantes se trata del “gobierno de los movimientos sociales”.
Recientemente, con el impulso de la gira de Ernesto Laclau por Bolivia el año 2008 -como parte de un ciclo de conferencias auspiciadas por la Vicepresidencia [1]- se ha enfatizado el carácter “populista” del gobierno y se han divulgado las categorías que propone este autor para aplicarlas a la realidad boliviana.
Ubicar al gobierno masista en alguna tipología puede ser un ejercicio interesante, aunque no siempre fructífero en términos de comprensión de la complejidad social boliviana. Creemos que es más importante, en este momento, discutir los presupuestos políticos teóricos y prácticos de una de las clasificaciones en boga, la del «populismo», pues no solamente el teórico Laclau insinúa que Bolivia es un gobierno de tipo «populista», sino el propio gobierno boliviano parece identificarse con este apelativo, sobretodo a través del intelectual y vicepresidente García Linera, produciéndose un conjunto de políticas gubernamentales estructuradas bajo la lógica «populista».
Con el propósito de discutir los alcances de esta política, destacamos una de las construcciones más significativas en el campo «populista»: la de « movimientos sociales» y la extensión de este concepto en Bolivia como «gobierno de los movimientos sociales», problematizando esta noción, desde la perspectiva de las relaciones establecidas entre los trabajadores mineros del estaño de Huanuni [2] y el gobierno boliviano. A través del trabajo de campo realizado en esta zona, pudimos observar que la mentada «auto representación de los movimientos sociales» no abarca plenamente a los trabajadores mineros, por el contrario, registramos diversos momentos de tensión y confrontación entre las demandas de los asalariados y las políticas gubernamentales del Movimiento al Socialismo. Más aún, pareciera que ni el gobierno, ni los propios mineros se consideran parte de «los movimientos sociales».
Esto nos conduce a preguntarnos ¿Cuáles son los lugares de distanciamiento y contradicción entre los trabajadores mineros y el gobierno? ¿Cuáles son los alcances de la diferencia de sentidos otorgados a «movimiento social» y a clase social, para los trabajadores y para los personeros gubernamentales? ¿Cómo se sustenta y se efectiviza, desde el gobierno, la «auto representación de los movimientos sociales»?
El populismo del gobierno boliviano
Aunque rehusamos etiquetar al gobierno boliviano, resulta interesante constatar que la de «populista» es bastante tentadora: ciertamente ha logrado reunir diferentes demandas alrededor de uno o más «significantes vacíos», lo suficientemente ambiguos y generales como para juntar a sectores tan distanciados como la clase media paceña y los indígenas del oriente. La «revolución democrática y cultural», el «cambio», la «descolonización», «el gobierno de los movimientos sociales», son algunos ejemplos de «significantes vacíos», cuyo contenido es desigualmente comprendido en diferentes sectores y momentos, teniendo, no obstante, el común denominador de aglutinar un sentimiento anti neoliberal, anti racista y de reivindicación étnico-cultural, sobre el que se sostiene el gobierno del MAS.
En este artículo pretendemos poner de manifiesto las limitaciones de esta propuesta política como herramienta para enfrentar al capital.
García Linera comparte con la corriente «pos marxista» la desilusión y derrota de los ochenta, y también busca exorcizarse de cualquier noción de clase obrera, para lo que teoriza sobre la «muerte de la condición obrera» con el propósito de racionalizar su propio descalabro en pleno auge del modelo neoliberal y desmantelamiento de la principal empresa estatal, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La Marcha por la Vida, el «último acto» de los mineros sindicalizados antes del despido de más de veinte mil trabajadores, constituye para García el hito que sella la muerte de la clase obrera boliviana (GARCÍA, 2001). A partir de entonces, teorizará en torno a una nueva categoría, los movimientos sociales que den cuenta tanto de la extinción de la clase obrera. La identidad de los sujetos sociales es contingente y la centralidad de la clase obrera como sujeto revolucionario es rechazada. Para Laclau también, los movimientos sociales resumen «nuevos antagonismos y sujetos políticos», «fragmentación» y «dispersión discursiva» (laclau, 1987 :274-275).
Se trata de los «nuevos» sujetos políticos estructurados en torno a múltiples y novedosas demandas o antagonismos, emergentes de la «radicalización» de la democracia (los ecologistas en todas sus variantes, los pacifistas, los indigenistas, también en todas sus variantes, etc.).
García elabora una tipología de los movimientos sociales en función de ciertas particularidades para la movilización y protesta [3]. Los «nuevos» movimientos sociales serían aquellos emergentes a partir del 2000: la denominada «forma multitud», es decir la movilización de la ciudad de Cochabamba estructurada en contra de la privatización del servicio de agua potable y los indígenas del altiplano que salen a luz reclamando su autodeterminación y articulando una dura crítica al vigente estado racista, la «forma comunidad». En el pasado, obsoleta y superada estaría la «forma sindicato», la particular forma de existencia de la clase obrera boliviana, cuya expresión emblemática son los mineros. (GARCÍA, 2004; 2008)
Esta visión se traducirá en la generalización de la categoría de «movimientos sociales» para designar a todos los sujetos colectivos, de manera harto arbitraria, como veremos después, en franco rechazo a la antigua forma de denominación de clases. El discurso masista desde el estado se ha despojado completamente de cualquier alusión a las clases sociales.
La ausencia de clases y lucha de clases, desde esta óptica, se traduce en la concepción del tipo de economía y relaciones sociales que se pretenden construir; García Linera sostiene que el estado debe apuntalar un «capitalismo andino», que vendría a ser un capitalismo en el cual se articulen todos los tipos de «economías»: estatal, privada extranjera y local, campesina, microempresarial, comunitaria. (Buitrago, 2005). Es más que evidente que esta novedosa «articulación» se viene llevando a cabo en Bolivia desde hace más de un siglo, con diferentes matices, privilegiando la inversión extranjera, local o estatal.
De hecho, los nacionalismos de la primera mitad del siglo XX sostenían planteos más osados, al impulsar la estatización de los sectores más importantes de la economía. Para García, y para el gobierno, el «cambio» pasa por equilibrar estas «economías», aunque en realidad, como bien lo prueban los continuos enfrentamientos y tensiones entre sectores de la burguesía y sectores de los trabajadores, campesinos e indígenas y entre éstos y el propio gobierno, la concepción de «equilibrio» puede ser profundamente contrapuesta entre sectores cuyos intereses son antagónicos.
Otro de los pilares del planteamiento político de García y su grupo, es la profundización y pluralización de la democracia, ideas plasmadas en un particular trabajo, en el que se prescriben un conjunto de medidas y políticas públicas que tendrían que ser ejecutadas por el gobierno. En él, García sugiere que el proceso boliviano debe encaminarse hacia una profundización de la democracia vía la reconstrucción del Estado y a través de la integración de «la diversidad étnica-cultural y la pluralidad civilizatoria » (García, 2007:57).
Tapia Mealla, por su parte, a tiempo de realizar una amplia propuesta sobre el contenido y forma que debería adoptar la nueva Constitución Política del Estado, se detiene en el carácter de la democracia, proponiendo que: «el estado tendría que tener espacios políticos de participación directa, no sólo sobre los temas locales y municipales, sino los temas nacionales o plurinacionales. Una clave de la democracia.....implica organizar espacios locales de democracia directa, pero destinados a discutir los temas nacionales.» (Tapia, 2007:133)
Finalmente, Prada, en un sui géneris abordaje de la pluralidad y la democracia, se desplaza desde Heidegger, pasando por Foucault, Deleuze, Guattari, Habermas y por si fuera poco, Marx, además de incluir una revisión de los trabajos de dos destacados investigadores de la antropología y la historia. Lo más interesante, sin embargo, es que su propuesta, después de este intrincado recorrido, desemboca en un par de elementales sugerencias: la necesidad de inclusión y reconocimiento de las naciones indígenas en el estado boliviano -reivindicación que ha sido ampliamente sostenida por las organizaciones indígenas y campesinas- y el hecho de que la democracia debe efectivizar, al menos, la igualdad de los ciudadanos.
«El referente de la democracia no son los individuos, tampoco los ciudadanos, sino las intersubjetividades desplegadas por distintas condiciones culturales y civilizatorias. Para esto requerimos la condición de igualdad de las distintas culturas, sólo así se podrá concebir la libertad de seres constituidos como sujetos y subjetividades diferenciales... La realización singular de alguien en las condiciones multisocietales se hace posible a partir de una igualdad de la desemejanza libre». (Prada, 2007:270)
Como sostiene Meiksins (1990), uno de los ejes del posmarxismo es el «redescubrimiento» de la democracia, la pluralidad y la sociedad civil. La pluralidad, daría cuenta de la multiplicidad de identidades y de la variedad de «opresiones» que se experimentan en una sociedad múltiple, «multicivilizatoria», diría García Linera. El perfeccionamiento de la democracia, como estrategia de las organizaciones y movimientos populares, permite el despliegue de las múltiples identidades «There are variations of these themes, but in a broad outline, this is a fair sumary of what has become a substantial current on the left. And the general direction in which it is pushing us is to give up the idea of socialism and replace it with -or at least subsume it under- what is supposed to be a more inclusive category, democracy, a concept which does not ‘privilege‘ class, as traditional socialism does, but treats all oppressions equally» (Meiksins, 1990:75)
El gobierno de los movimientos sociales
El MAS en reiteradas ocasiones ha manifestado que se define como un «gobierno de los movimientos sociales». Por su parte, el Vicepresidente ha señalado que se trata del primer gobierno en el mundo que ha logrado la auto representación de los movimientos sociales y ha constituido un estado democrático y pluralista (Stefanoni y Ramírez, 2006). La noción de auto-representación está vinculada al pasado autonomista de García Linera, cuando creía que el estado y los partidos eran por sí mismos nocivos: «El Estado, las escuelas, los partidos políticos, los ejércitos, las corporaciones religiosas, la familia, las empresas, son cada una, a su turno, siniestras cofradías de aprisionamiento de la capacidad creadora de las personas...» (García; 1996:79) y que la democracia representativa, por decir lo menos, era elitista: «¿A título de qué racionalidad suprema la insípida individualidad aislada y depositante de un voto cada 4 años es la mejor forma de representar y llevar adelante las decisiones de los ciudadanos en los poderes públicos?» (García, 1996:104). Actualmente, sin duda, ha superado su anarquismo juvenil.
Quiénes son «movimientos sociales» para el gobierno, es un asunto sumamente resbaladizo, no obstante es posible distinguir algunos trazos generales, a partir de las prácticas estatales. La «articulación con los movimientos sociales» en el campo de la minería se dio a través de las cooperativas mineras y no de los trabajadores asalariados. El primer Ministro de Minería y Metalurgia del MAS fue el cooperativista Walter Villarroel, en representación de este «movimiento social». El accionar de este ministro, fiel a su sector, desencadenó uno de los hechos más aciagos del gobierno masista y a la vez más representativo: el enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas por el control de los yacimientos estañíferos de Huanuni. Los cooperativistas pretendieron comprar las acciones de la EMH y para asegurarse la transacción intentaron tomar físicamente la mina. Evidentemente la primera pregunta que salta es ¿Cómo puede un «movimiento social» comprar acciones cuyo precio es sólo accesible a empresas privadas o estados?
De hecho las acciones habían sido vendidas por el gobierno boliviano a la empresa privada inglesa Allied Deals por el monto de aproximadamente 1 millón de dólares. Los cooperativistas podían plantearse la posibilidad de comprar porque hacía mucho que no eran un conjunto homogéneo de trabajadores; se había formado en su seno una élite rica y poderosa, siendo parte de ella el ex ministro Villarroel. Privilegiar alianzas con los cooperativistas no es un hecho casual, García Linera, sostiene en sus escritos la positividad de las formas económicas cooperativistas, como alternativas a ser incluidas en el capitalismo «plural». En su explicación de la categoría «capitalismo andino» dice: «Las estructuras materiales de las rebeliones sociales desde el 2000 son las pequeñas economías familiares... Son los pequeños productores los que se han rebelado: campesinos, cocaleros, artesanos, microempresarios, cooperativistas mineros... No estamos pensando en el socialismo para el futuro próximo sino en una profunda revolución democrática descolonizadora» (Stefanoni y Ramírez, 2006)
El gravísimo equívoco del gobierno del MAS en su alianza con los cooperativistas mineros del estaño, cuyo costo político fue penosamente subsanado, radica en una concepción no clasista al momento de definir a los «movimientos sociales». Partiendo de las elaboraciones posmarxistas de García Linera y otros, la caracterización de un «movimiento social» digno de ser incluido en el gobierno, «auto-representado», privilegia elementos tales como las demandas, la movilización, la novedad de éstas, dejando de lado el carácter clasista del grupo social. Por esta razón, los mineros cooperativistas son homogeneizados, soslayando la existencia de ricos propietarios, al centrar la mirada solamente la movilización y en la aparente unidad de demandas. Se trata además de una idea extremadamente romántica de la cooperativa.
Si para el gobierno masista no era evidente la naturaleza de sus aliados, sí lo era para la población de Huanuni y otros sectores sociales. El enfrentamiento entre cooperativistas y asalariados se definió a favor de éstos últimos, no porque fueran numérica o bélicamente superiores, sino porque políticamente sumaron muchísimo más que sus oponentes. El resultado fue la promulgación de un decreto sancionando el retorno oficial de la empresa a COMIBOL y la incorporación de los miles de cooperativistas mineros que también repudiaban a sus privilegiadas y enriquecidas dirigencias.
Otro momento de tensión entre el «gobierno de los movimientos sociales» y los trabajadores mineros ocurre alrededor de los alcances de la nueva legislación en materia social. La neoliberal legislatura al mando del ex presidente Sánchez de Lozada modificó la Ley de Pensiones para privatizarla (creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones), incrementó la edad de jubilación (de 50 a 55 para las mujeres y de 60 a 65 para los varones) y redujo o suprimió el aporte patronal, además de confiscar los aportes existentes hasta ese momento para ponerlos en fideicomiso en bancos extranjeros. El Movimiento al Socialismo, como no podía ser de otro modo, se comprometió a abrogar esta ley, para lo cual recogió propuestas de diferentes sectores sociales, incluyendo a la empresa privada, para luego elaborar un proyecto de ley. El contenido de este proyecto no satisfizo ni al magisterio, ni a los trabajadores de la salud, tampoco a los mineros -es decir los principales aportantes hasta ese momento. Los trabajadores mineros, se movilizaron a comienzos de agosto del 2008, cuestionando los elementos de corte neoliberal que aún mantenía el proyecto «consensuado» con la burguesía nacional. El resultado de esta confrontación fueron dos trabajadores fallecidos por heridas de bala y varios heridos; pero además una profusa campaña gubernamental en contra de los «cabecillas» que supuestamente habrían «instigado» a sus compañeros a movilizarse, culpándolos directamente por los muertos de Caihuasi. [4]
Esta campaña logró temporalmente sus objetivos, pues en una inédita acción, al menos en época no dictatorial, se «vetó» en Asamblea General a todos aquellos trabajadores (unos cuantos dirigentes, la mayoría bases), que se hubieran manifestado a favor de la movilización de agosto. En el mes de mayo del 2009, se volvió a considerar este veto, por ser un tema evidentemente polémico. Nuevamente varios trabajadores alineados al gobierno repitieron el argumento de la «instigación» y responsabilidad por los muertos. Otros se manifestaron por la libertad de expresión y la importancia de la lucha en la conquista de demandas. La votación favoreció nuevamente al veto, aunque el margen fue estrecho.
En este mismo período, poco tiempo antes de esta discusión, los mineros habían demandado al gobierno la constitución de un directorio con mayoría obrera en la EMH y en la Fundición Vinto. La demanda fue rápidamente rechazada, bajo el argumento de que las empresas deben ser manejadas por el estado y de que una medida así podría reproducirse sin control en el país, poniendo en peligro la estabilidad estatal. A esto, un trabajador, opuso: «¿Acaso el gobierno no se dice que es de los sectores sociales? Y nosotros ¿qué somos pues? Extra-terrestres, europeos, ¿qué somos pues? Nosotros los trabajadores mineros tenemos que manejar nuestras empresas».
Esta contradicción revela la existencia de dos formas muy diferentes de comprender la «auto representación de los movimientos sociales». Para los trabajadores mineros, el triunfo electoral del MAS, abre la posibilidad de efectivizar sus demandas, entre ellas la participación plena en el manejo económico de las empresas nacionales, pues están convencidos de que el fortalecimiento económico del país, el «cambio» que inunda el discurso estatal, pasa por el manejo colectivo y directo de los trabajadores sobre las empresas que deben ser todas revertidas al estado. Esta visión, ha sido adquirida en la experiencia cotidiana, y es parte de la memoria histórica de clase, pues saben bien que los gerentes y técnicos, frecuentemente soslayan los intereses comunes, para favorecer los suyos propios o los del estado, que también casi siempre ha representado a sectores y clases privilegiadas.
Para el MAS, en cambio, la «auto representación de los movimientos sociales» termina con la presencia formal de algún miembro del sector en cuestión en el gobierno o cerca de éste; individuo que se somete, no a su sector sino a la política que dicta el gobierno. El MAS rechaza la posibilidad de una presencia mayoritaria en el directorio de la empresa minera, porque la orientación política del «gobierno de los movimientos sociales», si bien ha reformulado varios aspectos del andamiaje neoliberal, no pretende seguir hasta el final el norte trazado por algunos de los «movimientos sociales», como los mineros, pues eso implicaría la imposibilidad de «consensuar» las demandas de la burguesía nacional e internacional.
Esto nos lleva a analizar las diferencias de sentidos otorgados a movimiento social y clase social, desde las perspectivas gubernamental y de los trabajadores mineros. Como dijimos antes, durante el trabajo de campo realizado no registramos ninguna auto-identificación como «movimiento social» de parte de los mineros y sí en términos de clase obrera (registro de campo). El gobierno tampoco se refiere a estos como «movimiento social», sino como «los mineros, los compañeros mineros, los hermanos trabajadores de Huanuni». Lógicamente, esta dificultad para nominar a los mineros no es absoluta, pues desde la matriz teórica que sostiene al gobierno del MAS, los mineros son un «movimiento social».
Los mineros se autodenominan espontáneamente como clase obrera en diferentes escenarios de su vida cotidiana, en clara distancia de los «movimientos sociales». Recuperamos algunos de nuestros registros y entrevistas:
«Nosotros la clase obrera siempre hemos sido los más sacrificados, malpagos, saquiados por todos los gobiernos de turno...» (Entrevista, T.V, 33 años, ex cooperativista, sección Prometedora)
«La derrota se ha dado porque no teníamos material, apenas a dositos, tresitos nos han entregado, con eso no se hace nada pues... por eso nos han hecho corretear. Nosotros los mineros, somos clase revolucionaria, nuestra arma es la dinamita, eso es lo único con lo que nos defendemos» (entrevista, F.S., 27 años, ex cooperativista, sección Prometedora)
«Los mineros somos la clase más revolucionaria, salimos primerito, trabajamos sacrificado, no tenemos miedo. Las mujeres especialmente somos como dice, no ve la canción de Luis Rico, somos ‘armas de casa‘, siempre estamos en primera fila defendiendo a nuestros compañeros de trabajo en los enfrentamientos» (Entrevista, C.R., 50 años, trabajadora exterior)
En estas expresiones, la referencia a la clase como definición de su identidad, se extiende a otras dimensiones que ellos asocian con clase obrera: el sacrificio, la valentía, la lucha, la solidaridad, la explotación, el ser «revolucionarios». Este bagaje de sentidos otorgados a la clase expresa la memoria colectiva y la experiencia histórica como movimiento obrero, forjado en casi un siglo de lucha permanente contra el capital. Definirse como clase en un contexto en el que solamente existen movimientos sociales, tiene implicancias políticas, más si viene de trabajadores y trabajadoras sin ninguna vinculación con organizaciones o partidos políticos. Por eso, cuando en la terminología gubernamental no existe ni la menor alusión a la existencia de clases sociales y se sustituye a la clase obrera por «movimiento social», también se lo hace en un claro sentido político. Se busca eludir justamente las dimensiones otorgadas a la noción de clase, en el vocabulario cotidiano de los trabajadores.
Reduccionismo clasista vs. pluralidad de identidades
En Bolivia la crítica al marxismo «ortodoxo» se gesta en las décadas del auge neoliberal y desmantelamiento de las grandes concentraciones obreras, especialmente mineras (décadas del 80 y 90). La corriente que condensa este proceso y de la cual forma parte García se afianza y fortalece a comienzos del 2000 con la irrupción de diversas protestas y sujetos, que supuestamente reafirmarían la sustitución de la clase obrera.
Siguiendo a este autor, los fundamentos sobre los cuales se asienta la crítica, son, por un lado las transformaciones técnico-organizativas de la economía que «han venido acompañadas de modificaciones en la composición técnica y la composición política de las clases populares. En particular la que más fue afectada fue la clase obrera» (García, 2008:292). Estos cambios desencadenan la «muerte de condición obrera» (García, 2001; 2008) y la emergencia «identidades contingentes» entre los trabajadores, dispersos en múltiples oficios y trabajos. Esto, a su vez, posibilita el surgimiento de nuevas estructuras de movilización, como la «forma multitud», que condensa esta fragmentación de lo social, la auto identificación como «pueblo» y la amplia democracia y flexibilidad organizativa en su seno. (García, 2001; 2008).
Por otro lado, la renovada centralidad que adquiere la lucha indígena desde los 90 y especialmente en el 2000, recuperando las propuestas del indianismo aymara de los 70; constituyen el otro eje de sus argumentaciones. García, desarrolla las dimensiones de lo que él denomina «forma comunidad» categoría con la que se designan tanto el sistema cultural, como productivo de comunidades y ayllus, además de las particulares formas de movilización. (García, 2001; 2004). Lo más importante, es, sin embargo, la posibilidad de interpelación de los indígenas, la capacidad de efectivizar la descolonización del estado boliviano, impugnando jerarquías, esquemas mentales, representaciones colonialistas. La rebelión indígena del 2000 y 2002 sería una «guerra simbólica». (García, 2008).
El argumento que sostiene la primacía de la organización del trabajo, al momento de definir la esencia del capitalismo, constituye como señala Meiksins, una forma extrema de fetichización del proceso de trabajo, que termina sustituyendo las relaciones de producción en el capitalismo, por la organización técnica del proceso laboral, tal como aparece en la pesimista teoría de Gorz (Meiksins, 1983). García extiende este argumento para sostener que la propia subjetividad de los obreros está directamente condicionada por la organización del proceso de trabajo «Cada una de estas cualidades técnicas y organizativas ha otorgado a las épocas históricas unas específicas características de la condición objetiva de clase y de las posibilidades de auto-unificación de clase, esto es, de la identidad de clase con capacidad de ejercer efectos políticos en la estructura social» (García; 2001:65). Este crudo materialismo vulgar llega al extremo de sostener la extinción de la memoria y experiencias colectivas, que son barridas inmediatamente cambia la organización del trabajo. La desaparición de la clase obrera, se refiere no a la clase en tanto realidad física, sino justamente a las posibilidades de constituirse como sujeto político transformador; ya que es imposible negar la larga trayectoria de luchas económicas y políticas de los mineros bolivianos, se opta por borrar de un plumazo esta experiencia, con el argumento de la modificación de la organización del trabajo. Esto sirve, para construir la noción de «multitud», que no significa otra cosa que diluir la contradicción clasista (burguesía/proletariado) y la oposición capital/trabajo en la sociedad capitalista, por las imprecisas categorías de «pueblo/bloque en el poder».
La creciente simpatía por la causa indígena de la corrientes posmarxista en Bolivia, se convierte en la tapadera para justificar los más duros ataques al marxismo «primitivo», es decir a aquel tipo de marxismo que aún no se ha «modernizado» con el novísimo léxico de la contingencia, la fragmentación, pero sobretodo el pesimismo y el acomodo al capitalismo. García, fustiga encolerizado sobretodo en contra de la supuesta desatención y superficialidad de análisis de la problemática indígena en los escritos del marxismo «primitivo». La alternativa que propone, es servirse de la cobertura indigenista, para renunciar a la transformación estructural del capitalismo y para sostener la capitulación frente a la democracia burguesa, al liberalismo y al capitalismo. La estrategia, del «novísimo» marxismo populista, es la «descolonización», la «Revolución Cultural» y la «profundización de la democracia». La lucha ya no es por reemplazar las relaciones de explotación en el capitalismo, sino se trata de extender la «guerra simbólica» en torno a significados y referentes de tipo cultural.
Conclusiones
La teoría y práctica del populismo no es una herramienta que permita enfrentar al capitalismo. Su ineficacia y ambigüedad, se torna peligrosa, en un ambiente de polarización política como el que se vive en Bolivia actualmente. La indefinición del populismo gubernamental desarma ideológicamente a las clases explotadas y pueblos indígenas, no solamente por la esquiva terminología que usa para referirse a la burguesía asentada en Santa Cruz, sino por las continuas concesiones que les otorga, incluso a costa de los sectores sociales «populares» cruceños. Esto, en vez de apaciguar a la derecha fascista, como desesperadamente ansían desde el gobierno, la fortalece impulsándola a acciones cada vez más osadas, como la sonada organización de grupos paramilitares con el objetivo de aterrorizar a la población y asesinar a las cabezas del estado [5].
La dimisión de categorías como clase y lucha de clases, hace que el gobierno llegue al extremo de poner en la misma bolsa a los trabajadores que salen a las calles por sus demandas y a la burguesía cruceña, afirmando descarnamente que «quienes se oponen al gobierno están con la derecha». Indudablemente, afirmaciones como ésta, confunden profundamente la contradicción fundamental entre capital y trabajo, le hacen un flaco favor a la burguesía oriental, y le lavan la cara a las bandas fascistas.
En Bolivia, como bien lo demuestran la valiente resistencia de los pueblos indígenas en Pando y en Chuquisaca, la lucha de los trabajadores mineros, de la salud, del magisterio, y de otros sectores, las relaciones de explotación y la expropiación de los territorios indígenas, continúan vigentes. También la fortaleza de las clases oprimidas, que a pesar de todo el respaldo electoral brindado al MAS no han desistido de sus aspiraciones a un mundo mejor.
Notas:
[1] El ciclo de Conferencias Magistrales auspiciadas por la Vicepresidencia de la República comenzaron el 2007 con la presencia de Antonio Negri y Michael Hardt. Ernesto Laclau se presentó el 26 de marzo del 2008.
[2] El municipio de Huanuni, perteneciente a la provincia Pantaleón Dalence, se ubica a 50 kms. de la capital del departamento de Oruro. Huanuni es un centro minero productor de estaño; los yacimientos se hallan en el cerro Posokoni. Los habitantes son aproximadamente 40.000. La Empresa Minera Huanuni (EMH) es estatal, depende directamente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y cuenta con 4560 trabajadores. Actualmente se producen 1000 toneladas finas de estaño al día.
[3] Estas categorías y una buena parte del sustento teórico de García Linera sobre la clasificación de los movimientos sociales sigue la corriente de los norteamericanos Tilly, Ch., Tarrow, S., Obershall, A.
[4] Caihuasi es una localidad que se encuentra en el camino Oruro - La Paz.
[5] En abril del 2009 la policía boliviana desarticuló a una banda de mercenarios vinculada directamente a la élite cruceña, cuyos planes incluían el asesinato de Evo Morales.
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