La explotación de los recursos naturales destinados a la exportación, según los intereses del capital monopólico, es decir del imperialismo, resume la “política de desarrollo económico” del gobierno del MAS, que deja a la “iniciativa privada” el desarrollo de la industria y que alienta la creación de industrias “comunales”, “artesanales” o “cooperativas” que se limitan a súper-explotar los recursos naturales y la fuerza de trabajo.
Los mineros de Andacaba marchan en la sede de gobierno exigiendo la
estatización de la mina para reactivarla, y los trabajadores de las minas
auríferas de Amayapampa y Capasirca reclaman a Comibol por sus salarios
devengados y por el abandono de esos yacimientos nacionalizados y ahora “autogestionados”.
Comibol se niega a invertir en una planta procesadora de minerales, haciendo
oídos sordos a las movilizaciones callejeras.
En similar situación se encuentran los mineros autogestionarios del Sindicato
San Luis de Capasirca, que se baten con una planta procesadora de 30 a 40 toneladas
diarias, según fuentes del propio Ministerio de Minas. El gobierno que se dice antiimperialista
no invierte seriamente en el desarrollo de estas minas, en esta coyuntura tan favorable
para el oro que se cotiza en el London Metal Exchange a 1.803,25 dólares la Onza
Troy (OT), equivalente a 31,1 gramos.
Mientras tanto, Ferreco estima que existen 1.100 cooperativas mineras explotando
oro en los ríos de la Amazonía boliviana, con grave afectación a la
biodiversidad, y aportando al Estado el 2,5% del total del ingreso por
exportación del metal precioso, y vendiendo buena parte de contrabando.
La
política de industrialización del actual gobierno no apunta a cimentar un
desarrollo industrial y menos aún a superar nuestra condición de simples
productores de materias primas. También mantiene la estructura de la propiedad agrícola
concentrada en los “latifundios productivos” de la agroindustria oriental
orientada a la exportación.
La minería estatal dispone
de estructuras y sistemas productivos obsoletos, maquinaria vieja y ausencia de
planes de expansión de yacimientos. Al gobierno del MAS no le interesa la
minería nacionalizada, más le interesa el sector cooperativo por razones políticas.
Y estira la mano para recibir de los gringos miserables rentas en comparación
con lo que se llevan, como lo hizo con el gas.
El gobierno central se
encuentra en una desenfrenada carrera por entregar los proyectos mineros “clase
mundial” a
la inversión extranjera (Mesa de Plata, Machu Socavón, Pulacayo Paca, Mallku Kota,
Negrillos, Salar de Uyuni, Coipasa, y muchos otros yacimientos).
El
extremo sometimiento del Estado boliviano se evidencia, por ejemplo, en su
relación con el gobierno chino. El régimen masista recibe créditos internacionales
a cambio de recursos naturales, facilidades para la inversión y apertura total
del mercado interno.
La
explotación de los recursos naturales destinados a la exportación, según los
intereses del capital monopólico, es decir del imperialismo, expresa el carácter
rentista de la política gubernamental, que deja a la “iniciativa privada” el
desarrollo de la industria y alienta la creación de industrias “comunales”,
“artesanales” o “cooperativas” que se limitan a superexplotar la naturaleza y la
fuerza de trabajo.
El Estado burgués de un país de economía centrada en el extractivismo de materias primas y altamente dependiente del imperialismo, como es Bolivia, desarrolla una política fundamentalmente librecambista, contraria al proteccionismo. El Estado y su gobierno son incapaces de cumplir con la tarea elemental de proteger a la famélica industria textil, defender los intereses de la burguesía nativa y garantizar su supervivencia en el marco de la economía mundial.
Burguesía
subdesarrollada
Uno
de los rasgos fundamentales del atraso del país es la ausencia de una poderosa industria
nacional. En Bolivia no hay industria pesada y las pocas fábricas que existen no
tienen o tienen muy poca capacidad para competir con los productos extranjeros
importados o de contrabando.
A
pesar de los esfuerzos de los gobiernos nacionalistas de todo pelaje, desde demócratas
y fascistas hasta la variante indigenista, apenas se ha logrado constituir una
burguesía comercial e intermediaria que vive de entregar el país en malbarato
al capital financiero imperialista, una burguesía intermediaria y vendepatria
ligada al Estado para saquear materias primas, y asociada con los intereses
imperialistas para sobrevivir.
Debido
a su extrema debilidad, los empresarios actúan como subsidiarios de las grandes
transnacionales cuando las condiciones les permiten y terminan siendo simples
promotores comerciales en los mercados locales. Eso ocurre, por ejemplo, con la
Manaco que cada vez produce menos y tiene menos cargas sociales para saturar los
mercados con productos de la transnacional Bata.
Las
empresas más grandes están en manos de capitales extranjeros, fundamentalmente
en las ramas de extracción de materias primas, minerales e hidrocarburos. Las
fábricas grandes son franquicias extranjeras, fundamentalmente de bebidas,
alimentos y medicamentos.
Los
empresarios, en este período de profunda crisis económica, adaptan el volumen
de su producción a la contracción de los mercados locales y proceden al despido
de trabajadores. El deterioro en los ingresos se tradujo en la merma de la
capacidad de compra de la gente y el contrabando descontrolado saturó los
mercados con productos mucho más baratos que los nacionales.
La burguesía criolla industrial es primitiva, se ha estancado en la primera fase del desarrollo capitalista; de ahí su pillería al tratar de robar hasta el último céntimo a los trabajadores, aplicando descuentos ilegales y negándose a pagar derechos sociales elementales como los bonos de producción, categorización, recargos nocturnos, horas extras y un salario igual a la canasta familiar.
Organizar la lucha unitaria
En un
país capitalista atrasado como Bolivia, los campesinos subsisten en la miseria
y el atraso, y en las ciudades enormes capas de cuentapropistas, especialmente
gremiales, se procuran el sustento en el comercio informal. En plena crisis
estructural mundial del capitalismo, los países semicoloniales estamos condenados
a soportar el peso de dicha crisis, y seremos los trabajadores los que paguemos
los platos rotos.
De
manera instintiva, igual que la inmensa masa de cuentapropistas, los fabriles se
están movilizando exigiendo al gobierno que frene el contrabando aplicando una política
proteccionista y gravando con aranceles más altos a las importaciones. Los que
llevan la peor parte del cáncer del contrabando son las pequeñas empresas, que
sobreviven a costa del sacrificio de la fuerza de trabajo. Los pocos emprendimientos
en el área textil sufren por el reducido mercado interno y languidecen paulatinamente.
Pareciera
que en la lucha contra el contrabando están en la misma trinchera empresarios y
trabajadores, pero es una simple apariencia que con mucha frecuencia ha
inducido a los trabajadores, sobre todo fabriles, a una suerte de
colaboracionismo de clase con los dueños de las empresas.
La fuerza
de trabajo desocupada está creciendo exponencialmente y los despedidos recurren
a todos los medios, incluidos los tramposos procesos legales para recuperar sus
puestos de trabajo. A pesar de haber logrado sentencias favorables en los estrados
judiciales, los empresarios adoptan la política del avestruz para burlar esas
sentencias, con la complicidad del gobierno impostor, autodenominado “socialista” y defensor de los pobres.
Hasta ahora, las luchas sectoriales, que a veces conducen a
enfrentamientos entre los mismos movilizados porque sus intereses son
particulares, y hasta contradictorios, no han permitido avanzar a los movilizados,
quienes a veces toman caminos equivocados como confiar a los jueces la
resolución de los conflictos.
Los trabajadores mineros de Andacaba han agotado los medios posibles para
resolver sus problemas; la empresa no les paga sueldos desde hace un año y argumenta
que ya no podrá seguir produciendo si no consigue inmediatamente un socio inversor
privado, nacional o extranjero.
Protagonizaron una marcha masiva en la ciudad de La Paz demandando la nacionalización
del yacimiento minero y sólo recibieron promesas que nunca han cumplido la
patronal ni el gobierno. La desesperación los pone frente a la necesidad de emprender
la batalla con acciones radicales porque ellos y sus familias se encuentran ya
al borde de la indigencia.
Unos 200 mineros junto a sus esposas e hijos marchan desde Caracollo en
Oruro hacia la sede de gobierno. Para no quedarse aislados, precisan contactos
y acuerdos con otros sectores que están en las mismas condiciones, y lograr que
los trabajadores activos de todos los sectores también salgan en defensa de los
compañeros víctimas de los despidos.
La experiencia frustrante de estas movilizaciones sectoriales está mostrando
hasta la saciedad que las luchas puramente gremiales sólo conducen a la
derrota; sólo las acciones unificadas de todos los sectores permitirán saltar
de la lucha puramente gremial a la lucha política para obligar al Estado a dar soluciones
integrales a todos los problemas que emergen de la crisis económica.
Hay que tomar la iniciativa y organizar una plataforma de lucha que
exprese las necesidades de todos los despedidos y de la clase en su conjunto,
para planificar acciones unitarias en la perspectiva de generalizar las
movilizaciones.
Muchas son las
denuncias de malos manejos económicos de los recursos en las empresas estatales
por parte de la administración central de los diferentes gobiernos de turno.
Como también la ineficiente y nefasta administración económica y tecnológica de
las empresas mineras. Los politiqueros siempre han visto como
su “caja disponible”
los fondos de las empresas
mineras, metiendo mano a las ganancias cuando les aprieta el zapato.
Para evitar la malversación en las empresas estatales, CONTROL OBRERO COLECTIVO. La limitación del Control Social vigente es que es individual; los delegados actúan de manera personal, presionados por Gerencia y por el Ministerio de Minería, y no garantizan un control eficiente y transparente en la administración de las empresas. Debe ser la ASAMBLEA GENERAL de los trabajadores la responsable de hacer seguimiento minucioso en todos los niveles de la administración, a través de los COMITÉS DE CONTROL.
Con información de
Masas N. 2.660
