Hasta ahora, la persecución política del gobierno, a título de su inventado “golpe de Estado”, se había circunscrito a personajes de la vieja derecha racista que aprovechó la rebelión popular contra el despótico gobierno vendepatria, corrupto y fraudulento de Evo Morales, para encumbrarse en el gobierno. Ahora, la persecución política del gobierno pretende ser extendida a los dirigentes de las movilizaciones populares de octubre-noviembre de 2019.
El Ministerio Publico, de oficio, ha iniciado una investigación por las supuestas comisiones de “impedir el ejercicio de funciones y atentado contra la libertad de trabajo”, citando en calidad de testigos a 27 profesores en Potosí para que presten su declaración, bajo amenaza de emitir una orden de aprehensión si no se presentan.
Federaciones departamentales de maestros y regionales de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) de todo el país condenaron la persecución judicial que están sufriendo 27 colegas de Potosí, cuatro de ellos combativos urmistas que encabezaron las movilizaciones de octubre–noviembre de 2019.
Los maestros urbanos de Potosí recalcaron que “el gobierno del MAS pretende hacer creer que la huida de Morales fue producto de un golpe de Estado; les dejamos en claro que Evo Morales renunció porque el pueblo potosino salió a las calles y desenmascaró la política vendepatria del Movimiento al Socialismo, que pretendía entregar por 70 años la explotación del litio a una transnacional alemana”.
La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca manifestó en un comunicado que la lucha del pueblo potosino “se enmarcó en la defensa de nuestros recursos naturales, contra la entrega del salar de Uyuni a las transnacionales; lucha con un claro contenido antiimperialista que separó las aguas con las corrientes democratizantes que pretendían y pretenden hacernos creer que la rebelión popular fue solo por el fraude”.
El magisterio chuquisaqueño participó en la rebelión popular de 2019 y combatió al lado de los maestros potosino bajo las banderas de la independencia política y sindical, “diferenciándose de las tendencias de la vieja derecha que simplemente buscaba aprovecharse de la lucha del pueblo para llegar al poder”, recalcó la Federación departamental de docentes.
Por su parte, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba rechazó cualquier intento de criminalizar al magisterio nacional que participó en la eclosión social de octubre-noviembre de 2019 contra el gobierno de Morales por su política entreguista de los recursos naturales, por pisotear las conquistas fundamentales de la educación y del magisterio y por la corrupción escandalosa durante 14 años de gestión.
“Nuestra posición es clara y diáfana al denunciar que tanto el gobierno de transición como el del MAS son derechistas y antipopulares, enemigos de la libertad de organización y de movilización de los trabajadores y del magisterio. Hemos soportado la política represiva del gobierno de Añez y del actual que está persiguiendo a los colegas de Potosí y está aplicando la Ley de Emergencia Sanitaria para negar a los médicos y a los trabajadores de la salud su derecho constitucional de movilizarse y actuar contra un gobierno arbitrario y abusivo”, declaró el gremio docente de Cochabamba.
¡Alto a la persecución política!
Los maestros urbanos de Potosí denunciaron que se encuentran “indefensos, carentes de una representación sindical. Durante el conflicto de 2019, la Federación actuó en contra de las bases, por esa razón ya en noviembre de 2019 muchos maestros fueron descontados en sus haberes por haberse movilizado; los colegas de provincia sufrieron represalias en sus distritos y tuvieron que arreglárselas porque la representación sindical nunca se puso al frente”.
Los sindicatos docentes rechazaron la “sañuda persecución política” que el gobierno ha desencadenado contra el magisterio potosino a través de la fiscalía, y denunció que el objetivo es amedrentar y acallar a los trabajadores para que no vuelvan a rebelarse contra la política derechista del gobierno. No es casual también que se esté criminalizando el derecho a la protesta en el sector salud”.
El gobierno derechista de Luis Arce Catacora ha desatado una persecución política de dirigentes sindicales que salieron a las calles en defensa de los recursos naturales, buscando acallarlos y seguir con su política entreguista, anti obrera y antipopilar.
Las Federaciones del Magisterio Urbano de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba exigieron a la Confederación del Magisterio Urbano de Bolivia que convoque con urgencia a una conferencia extraordinaria para respaldar a los colegas de Potosí y frenar en seco la persecución política contra los trabajadores.
“Si permitimos que la persecución avance, estaremos exponiendo al conjunto del magisterio a ser sometido al mismo tratamiento por parte del gobierno”, advirtieron y convocaron a todos los trabajadores y sectores populares a unificarse y cerrar filas para luchar de forma conjunta y hacer respetar sus derechos.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declaró en estado de emergencia, sesión permanente y en pie de lucha frente a las intimidaciones, amenazas y las persecuciones judiciales y políticas a dirigentes cívicos y representantes de organizaciones, tal el caso del magisterio urbano.
Comcipo advirtió que no permitirá la persecución a ningún dirigente cívico, representante de instituciones afiliadas a la entidad cívica, y de ningún ciudadano potosino patriota que defendió los caros intereses del departamento de Potosí y de la democracia.
El ente cívico potosino declaró “enemigos y traidores del pueblo potosino” a las autoridades de educación por ser delatoras, informantes y llunkus del gobierno, por proporcionar el listado de maestros valientes que fueron denunciados y citados ante la justicia por las movilizaciones de 2019.
Con datos de Masas N. 2661.
