Los “interculturales” del MAS y los terratenientes representan los intereses del agro-extractivismo capitalista. Los primeros avasallan territorios indígenas y áreas protegidas para enriquecerse con el tráfico de tierras y madera, y los segundos para lucrar con la producción de monocultivos y ganadería a gran escala destinada a la exportación.
Durante los últimos días se desarrolló la Cumbre por la Tierra,
encabezada por la gobernación y dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz,
para rechazar el avasallamiento de la tierra chiquitana por los
“interculturales” masistas.
En realidad, lo que el Comité Cívico Pro Santa Cruz hace es montarse
sobre el descontento de los pueblos originarios y comunidades de la
Chiquitanía, que durante los últimos años han venido rebelándose contra la
invasión de sus territorios por parte de “interculturales”, menonitas,
brasileros y empresarios agroindustriales que depredan sus bosques.
Estos pueblos, que han vivido la trágica situación generada por los
incendios el año 2019 que han continuado en estos últimos dos años, están
perdiendo tierras aceleradamente debido a la ampliación de la frontera agrícola
para el agro-extractivismo capitalista, tienen en el Plan de Uso de Suelos
(PLUS) un respaldo para que se respeten sus territorios que no son aptos ni
para la ganadería ni para la agroindustria que causan estragos al medio
ambiente Esta lucha por la defensa de sus territorios y de las áreas protegidas
les cuesta últimamente el inicio de demandas penales por los “interculturales”
del MAS a la dirigencia de las comunidades, cívicos provinciales y
ambientalistas, lo que ha generado nuevas protestas.
Montándose sobre todo este descontento popular, aparece el Comité
Cívico Pro Santa Cruz junto a la gobernación encabezada por el Facho Camacho,
que son representantes de los grandes propietarios de tierras y del negocio
agro-extractivista y ganadero, para decir que ellos defenderán la tierra de los
cruceños, cuando ellos son los que promueven el agronegocio capitalista en la
Chiquitanía. Son unos vende-región. En realidad, buscan que la tierra vaya a
manos de los grandes propietarios, sin intermediación de los dirigentes
interculturales masistas que son otros negociantes de tierras.
Los impostores del gobierno masista salen a decir que ellos defienden
el derecho a la tierra para los pobres, que ésta no debería estar en manos de
unos cuantos logieros, mientras los agroindustriales se reúnen con Evo en el
Chapare, en una relación tan amistosa que los ganaderos hasta un caballo de
raza le regalaron.
Los llamados “interculturales” no son expresión de los intereses de los
pequeños productores campesinos ni de los sin tierra, son dirigentes masistas,
traficantes de tierra, que reúnen gente de la ciudad ofreciendo tierras por
dinero. Actúan en complicidad con el Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) y algunos alcaldes para obtener la legalidad de las tierras, luego
proceden a distribuirla a quienes les pagaron. Estos últimos no la producen,
sino que desmontan para comercializar madera y luego las venden a los grandes
propietarios de tierra. Así, estas tierras, que son reservas forestales, son
avasalladas por los dirigentes interculturales masistas que actúan como cabeza
de puente para que luego ingresen los grandes depredadores agro-extractivistas.
Este hecho ha sido denunciado y genera el descontento de los campesinos de la
Chiquitanía que llegaron a esas tierras hace ya muchos años atrás y que
protestan contra la dirigencia de los interculturales traficantes de tierra.
Los dirigentes masistas interculturales y la vieja derecha encabezada
por el Facho Camacho representan en última instancia los intereses del
agro-extractivismo capitalista el cual no significa desarrollo integral del
país, ni de la región, sino explotación de la tierra para la exportación de
monocultivos, como la soya, y la ganadería de exportación, dejando los
territorios desérticos y destruyendo el medio ambiente. Las diferencias entre
ambos bandos, se resume en que los grandes propietarios de tierras las quieren
sin intermediación de los masistas traficantes de tierras.
Los pueblos originarios tienen todo el derecho a defender sus
territorios de la depredación agro-extractivista realizada por interculturales,
menonitas, brasileros y grandes agroindustriales, por lo que corresponde apoyar
su lucha; sin embargo, éstos no deben confiar en la gobernación, ni en los
dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz que representan los intereses de
los grandes propietarios de la tierra, y que también están depredando sus
territorios. Su lucha sólo tendrá éxito si superan la tutela que los grandes
propietarios de tierra les quieren imponer.
Los campesinos, los que la producen en pequeñas parcelas
minifundiarias, deben superar a la dirigencia masista impostora agrupada en los
“interculturales”, y luchar por su derecho a la tierra, pero no enfrentándose a
los pueblos originarios que defienden sus territorios y áreas protegidas, sino
tomando aquellas tierras aptas para la producción que hoy se encuentran en
manos de grandes propietarios de tierra que impulsan el monocultivo
agro-extractivista.
El desarrollo integral de la agroindustria no puede asentarse en la
depredación de áreas protegidas, este desarrollo debe darse a partir de la
expropiación de los grandes terratenientes para crear granjas colectivas
tecnificadas en tierras aptas para la producción, que diversifique la misma y
responda a las necesidades alimenticias de la población y no de los intereses
de exportación de monocultivos impulsada por las trasnacionales
agro-extractivistas y saqueadoras.
¿Cumbres para la reactivación económica?
Arce Catacora y los dirigentes de la COB, por separado, han anunciado
la urgencia de organizar cumbres por departamentos y que concluirá en una
nacional con la finalidad de estudiar proyectos orientados a reactivar la
economía del país. Estas cumbres deben incorporar a todos los sectores para
que, de manera “unitaria”, todos los bolivianos, hagan esfuerzos con la
finalidad de reactivar la economía que, según el gobierno, ya estaría en marcha
gracias a una adecuada política económica que estaría poniendo en marcha el
gobierno del MAS.
Gobierno y burócratas sindicales hacen énfasis en el concepto de
“unidad” dando a entender que los trabajadores, el Estado y los empresarios
están obligados a recorrer el mismo camino y en franca colaboración (pacto
social) para logar el interés común de una Bolivia libre de la crisis económica
que garantice bienestar para todos, fuentes de trabajo estables, sueldos y
salarios que cubran las necesidades de los trabajadores, utilidades adecuadas
para los empresarios privados y las transnacionales imperialistas etc. En suma,
prometen una Bolivia idílicamente “armónica y complementaria” donde los lobos y
los corderos convivan en una santa alianza de clases y sin crearle problemas al
Estado burgués.
Así, el gobierno que se autoproclama como socialista, revolucionario y
hasta antiimperialista, y la burocracia sindical corrupta y servil, terminan
negando la lucha de clases y postulando una política de total sometimiento a
los intereses de la clase dominante y de las transnacionales imperialistas. No
cabe duda que, a título de reactivación económica, pretenden someter a más
hambre a los trabajadores y a la gran mayoría de cuentapropistas (a los
campesinos pobres, a los comerciantes minoristas, a los artesanos, a las
amplias capas de economía deprimida de la clase media, etc.) para engordar sin
tasa ni medida a los empresarios chupasangres y a las transnacionales que son
los tentáculos de la opresión imperialista en el país.
Los bolivianos tenemos mucha experiencia en que las cumbres sociales
siempre han sido una impostura que han servido para encubrir el sometimiento de
los explotados a los intereses de los explotadores. Ahora corresponde no caer
en esa trampa y, si las circunstancias obligan a concurrir a esos escenarios,
los explotados deben hacerlo enarbolando sus propias banderas de la lucha
encarnadas en el programa revolucionario del proletariado para impedir que las
grandes mayorías caigan en las redes del enemigo; no concurrir al degolladero
desarmados sino con las banderas bien plantadas para ganar a la política
revolucionaria a la mayoría hambrienta y oprimida del país.
Denunciar que el desarrollo económico no se logra con proyectitos
regionales distraccionistas que no tocan las raíces estructurales de la crisis
económica. El programa que se platee en las cumbres debe desnudar la
incapacidad de la clase dominante y del Estado burgués, que la actual crisis
económica no se supera con pequeños remiendos.
El martes 29 de junio, la Central Obrera Boliviana convocó a todas las CODes del país a una reunión improvisada en la sede de gobierno para discutir ciertos planteamientos para presentarlos al presidente Arce Catacora.
En esta reunión las diferentes representaciones del país en sus intervenciones hicieron conocer los problemas que están enfrentando los trabajadores en todo el país, intervenciones que se centraron principalmente en denunciar la vulneración de los derechos laborales y la deficiente atención que reciben los trabajadores en sus seguros de salud. La burocracia sindical lejos de dar respuestas a las necesidades de los trabajadores se limitó a dar un discurso lleno de ambigüedades y orientado principalmente a justificar su sometimiento al gobierno y a su política pro patronal. La burocracia sindical desnudó de cuerpo entero sus proyectos futuros que están enmarcados en el colaboracionismo clasista:
Primero, la burocracia no tiene la mínima intención de unificar la lucha de todos los trabajadores en torno a un pliego nacional, pretende continuar su política de desviar todo el descontento de los trabajadores al tema legal; aunque el mismo Huarachi se vio obligado a reconocer que por este camino los problemas de los trabajadores no se están resolviendo. Este reconocimiento no impide que persista en el error y que ahora pretenda impulsar la destitución de los vocales e incluso del Ministro de Justicia, como si sustituyendo a las autoridades fuese a cambiar el sometimiento de la justicia a la voluntad de los patrones.
Segundo, la COB pretende impulsar la elaboración de un documento político a nombre de los trabajadores, para ratificar su pacto de unidad con el gobierno y darle respaldo a la campaña del supuesto golpe de estado, planteando que la COB hubiese sido la responsable de la “recuperación de la democracia” en el país. Este cuento nadie se lo traga y todos saben que el mismo Huarachi pidió la renuncia de Evo Morales y luego estuvo coqueteando con el gobierno racista de Añez para cuidar los privilegios de la burocracia sindical.
Tercero, la burocracia impulsará la consigna de que la “COB debe garantizarle al gobierno la estabilidad política para que el gobierno garantice la estabilidad económica” lo que quiere decir que la COB se encargará de boicotear y evitar cualquier tipo de movilización para que ningún sector pueda exigirle al gobierno la atención a sus necesidades. De esta manera intentan hacernos creer que el gobierno del MAS logrará darle al país la estabilidad económica que no logró en 14 años de gobierno.
Cuarto, la COB busca consolidar la política que ha venido desarrollando la clase dominante en complicidad con el gobierno, política que plantea que en el escenario de la crisis todos deben sacrificarse en aras del desarrollo económico del país. Esta es una clara política colaboracionista que pretende que los trabajadores se ajusten el cinturón para garantizarle al empresario sus ganancias, que busca que las familias se carguen en las espaldas el financiamiento de la salud y la educación para cuidar las arcas del Estado mientras las telefónicas y las clínicas privadas se enriquecen, que pretende que el pueblo empobrecido siga pagando sus deudas a los bancos en plena crisis económica y sanitaria para cuidar las ganancias de los banqueros, esa política es la que la COB quiere consolidar con la realización de cumbres a nivel departamental.
Corresponde plantear:
1. La estatización de toda la minería privada (grande, mediana y
pequeña) para poder aprovechar plenamente de la subida coyuntural de los
precios de los minerales en el mercado mundial y no conformarse con los
miserables impuestos de exportación que dejan los empresarios y las
transnacionales.
2. Explotación e industrialización del litio con plena soberanía. No a
la entrega a las transnacionales.
3. Reversión de las tierras de manos de los grandes latifundistas del
Oriente boliviano en beneficio de la inmensa mayoría de campesinos y
originarios desposeídos.
4. Política proteccionista por parte del Estado para defender la
producción interna, gravando aranceles de importación altos para todos los
productos extranjeros.
5. Real estatización e industrialización del gas y la urgencia de
explorar y producir nuevas reservas petroleras,
6. Nacionalización de la banca privada, condonación de créditos e
intereses.
7. Estatización de la medicina privada y producción e importación de
medicamentos por parte del Estado para ser directa y gratuitamente distribuidos
a los bolivianos que necesitan mitigar sus males, etc.
