La tapa de Masas 2676, de la semana pasada, titulaba “Rotundo Fracaso del Paro Cívico Indefinido”. El artículo daba cuenta del hecho de que el lunes 8, fecha de inicio del anunciado paro, en el país no hubo ningún paro exceptuando los bloqueos de los pititas cruceños y algunos intentos aislados en otras regiones.
El análisis se basaba en la idea de que, por las características del grueso de los gremiales y transportistas que viven al día, un paro nacional indefinido, bajo la batuta de los cívicos cruceños, profundamente repudiados por amplias capas de la población, más aún después de la desastrosa experiencia del gobierno transitorio de la señora Añez, no tendría respuesta. Y que estos factores jugarían a favor del gobierno que, seguramente bajo un análisis similar, pensó que amedrentando con movimiento de tanques militares y con la represión de la policía y grupos de choque del MAS desbaratarían fácilmente las protestas lideradas por la vieja derecha.
De hecho, no hubo paro indefinido; sólo en Santa Cruz donde el Comité pro Santa Cruz tiene todavía capacidad para alborotar el avispero conservador del cruceñismo fascistoide, este pudo imponer un paro parcial. Diferente es el paro contundente en Potosí, más genuino contra el abandono que sufre ese departamento por parte del Estado.
Lo que nuestro análisis perdía de vista es el creciente cansancio en amplias capas de la población con el gobierno del MAS que ha decepcionado a quienes inicialmente se encandilaron con la cara morena de Evo Morales y que ahora constatan que son unos impostores y ya no toleran sus arbitrariedades y su cinismo, por una parte y, por otra, que pese a las características señaladas más arriba, gremiales y transportistas en todos sus niveles rechazan categóricamente la ley porque se sienten, con razón, amenazados por ella.
El gobierno se empeña en aprobar en el Parlamento servil un paquete de leyes, supuestamente para combatir la corrupción, las ganancias ilícitas y el “terrorismo”, pero que en realidad busca descargar el peso de la crisis económica sobre las espaldas de las inmensas mayorías de cuentapropistas, trabajadores asalariados dependientes de la empresa privada y del Estado, profesionales libres y de esas grandes masas de campesinos pequeños productores, dejando a buen recaudo los intereses de la miserable empresa privada nativa y de las transnacionales imperialistas.
El objetivo del régimen es allanar el camino para instaurar un duro estado burgués autoritario y abusivo para poner en brete a los millones de descontentos y desprotegidos que sufren los embates de la miseria y de la desocupación y, finalmente, liquidar las conquistas de los diferentes sectores como la autonomía universitaria, los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre el destino de sus bosques y ríos, el derecho de las regiones a luchar para resolver sus gravísimo problemas de subsistencia como los servicios públicos, la defensa de sus recursos naturales, etc.
Los sectores de cuentapropistas muy pronto han comprendido la conducta demagógica, tramposa e hipócrita del gobierno; han salido a las calles a defender sus bolsillos, su derecho a luchar por sus reivindicaciones y sus conquistas; superando las limitaciones de la huelga general indefinida, la han sustituido –en los hechos– con la profundización y la generalización de imponentes movilizaciones populares a lo largo y ancho del país, estremeciendo las viejas y carcomidas estructuras de un Estado burgués en plena descomposición.
Inicialmente, el gobierno buscó neutralizar las movilizaciones populares con “sus” organizaciones sociales, trasladándolas masivamente a los centros urbanos más conflictivos con la finalidad de apalear a los movilizados. Al verse derrotado en el intento, porque pudo más la fuerza de la radicalidad de las masas, recurrió a una feroz represión policial que –lejos de contener a los movilizados– exacerbó más su combatividad al punto de que los aparatos represivos del Estado perdieron toda efectividad.
No hubo paro nacional indefinido, pero eso no es lo importante; la movilización fue cobrando fuerza y extendiéndose a lo largo del país, recurriendo a multitudinarias manifestaciones callejeras, bloqueos, etc. El hecho es que, independientemente del paro, acabó por arrinconar al gobierno que una vez más pone en evidencia su orfandad. Los anuncios de estado de emergencia de los burócratas del Pacto de Unidad anunciando salir en defensa del gobierno legalmente constituido se agotaron en la pura amenaza.
Después de ser derrotado por el movimiento cocalero de La Paz, el gobierno vuelve a sufrir una segunda derrota catastrófica y el presidente Arce se ve obligado a anunciar la derogación de la resistida Ley 1386 en el intento de fracturar el movimiento y paralizarlo en seco. Este triunfo, sin embargo, se ve embarrado por la intromisión oportunista de la vieja derecha alineada alrededor del fascista Comité Cívico pro Santa Cruz.
El Comité Pro Santa Cruz embarra el triunfo popular
La vieja derecha reaccionaria, parapetada en el Comité pro Santa Cruz, esa cueva de un “cruceñismo” fascistizante, pretende convertirse en la cabeza del movimiento nacional y cabalgando ese potro lleno de energía busca recuperar todo el terreno perdido frente a las maniobras del gobierno como la anulación de los dos tercios en el Parlamento; ahora quiere que los oprimidos movilizados saquen cara por los parlamentarios derechistas con el asunto de los 2/3, igual de incapaces y corruptos como los masistas, que le han puesto precio al “voto popular” para hincarse de rodillas frente al gobierno prepotente.
La vieja derecha, tan servil al empresariado y al imperialismo como el gobierno masista, lo único que ha hecho es embarrar los verdaderos objetivos de la lucha de los oprimidos con sus intereses oportunistas y politiqueros; ha pretendido mostrar ante el mundo que se trata de una lucha por la libertad y la democracia (la democracia burguesa naturalmente) contra el comunismo y el socialismo dándole esos atributos al gobierno del MAS, cuando éste está interesado en consolidar un Estado capitalista basado en la defensa de la gran propiedad privada de los medios de producción y busca consolidar un gobierno burgués dictatorial para salvar los intereses del capital.
Se ha abierto en la presente movilización el camino para que los explotados y oprimidos puedan dotarse de direcciones salidas desde sus entrañas en torno a los comités interinstitucionales que puedan articularse con el movimiento revolucionario de la COD de Chuquisaca que, en la presente movilización ha mantenido tercamente las banderas de la independencia política, y con el movimiento plebeyo de Potosí.
La corriente revolucionaria, desde el seno de estos comités, puede impulsar la lucha hacia una perspectiva más larga que pueda permitir la incorporación política del proletariado como dirección de la nación oprimida.
Son inevitables nuevas confrontaciones entre el país castigado por la crisis económica y el gobierno incapaz de dar respuestas concretas a las necesidades de las masas. Urge poner en vigencia una plataforma de lucha que respondan a las necesidades inmediatas y meditas de las masas y de las regiones del país. En este sentido, la lucha no ha terminado, contrariamente, recién empieza y el próximo año Bolivia puede ser el escenario de grandes acontecimientos.
Tomado de Masas N. 2677
