La denominada “doctrina del descubrimiento de América”, que sirvió para justificar el exterminio de los pueblos indígenas durante la conquista, sigue vigente en los países de la región, incluso en Bolivia y Ecuador que reconocen en sus constituciones “plurinacionales” los derechos específicos de las comunidades indígenas.
La ONU estima que 300 millones de indígenas fueron víctimas de la colonización o de la conquista. Se trata de cinco mil pueblos nativos asentados en 70 países, que pese a mantener sus propias particularidades lingüísticas y culturales, han sido obligados a adoptar patrones de vida de grupos socioeconómicos dominantes.
El tema principal de la IX sesión anual del Foro Permanente de la ONU para los Asuntos Indígenas fue “La doctrina del descubrimiento y su repercusión duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado”. Ese derecho fue reconocido por la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General.
La teoría jurídica internacional conocida como la doctrina del descubrimiento ha sido el fundamento y justificación legal de siglos de extracción de recursos y despojo de territorios indígenas tradicionales, indica un estudio preliminar elaborado por la relatora especial del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas Tonya Gonnella Frichner.
La investigación establece que la doctrina del descubrimiento se ha institucionalizado en las leyes y las políticas nacionales e internacionales, dando lugar a que los Estados reclamen tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas y se apropien en masa de esos bienes. Con arreglo a la doctrina del descubrimiento, algunos Estados modernos reconocen el derecho de los indígenas a sus tierras ancestrales, pero se arrogan para sí el control soberano de las mismas.
Las concepciones modernas de los Estados con respecto al dominio y a la soberanía sobre los pueblos indígenas y sus territorios datan de la época del imperio romano, y son resultado de una historia de deshumanización de las comunidades originarias. Aquí radica la causa de los problemas actuales de los pueblos indígenas en la esfera de los derechos humanos, asegura Gonnella Frichner.
Los conquistadores europeos usaron la cruz y la espada para imponer su dios y su rey, obtuvieron la dispensa papal para cristianizar a los indígenas, y crearon la noción de razas superiores e inferiores. En la XI reunión anual del Foro Permanente de la ONU para Asuntos Indígenas se equiparó la cuestionada doctrina con esquemas de “extinción y dominación” de miles de millones de nativos asesinados y subyugados.
Los participantes del Foro consideraron que ese esquema continúa como “el problema central en materia de los derechos humanos globales de pueblos indígenas”, caracterizado por “la violación de las prácticas culturales y las expresiones espirituales, la expropiación de tierras, territorios y recursos y constantes violaciones de los derechos humanos”.
Naciones de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela reconocen en sus constituciones los derechos específicos de esas comunidades y diseñan planes de inserción. Sin embargo, decenas de movimientos y organizaciones indígenas denuncian en diversos foros las vejaciones que con regularidad sufren las comunidades aborígenes del continente.
El representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu de Bolivia (CONAMAQ) David Crispín Espinoza denunció que “en Bolivia se ha producido un distanciamiento entre el diseño constitucional y su implementación normativa e institucional, lo que no garantiza el principio de no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos que consagra la Carta Universal de Derechos configurada, entre otros, por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros Instrumentos Internacionales que conforman el Bloque de Constitucionalidad”.
Crispín dijo que “en Bolivia hay una obstaculización para el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y al autogobierno que impide que nuestras instituciones sean parte de la estructura general del Estado”. Reveló que las 11 autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria enfrentan graves dificultades de carácter normativo y financiero, al tiempo que los diputados indígenas de circunscripciones especiales fueron elegidos bajo criterios de democracia representativa.
Se ha impedido que las naciones originarias y pueblos indígenas puedan elegir a sus representantes ante el Legislativo por normas y procedimientos propios. Crispín se refirió a la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional “que obstaculiza nuestros derechos al autogobierno, desconoce nuestra cultura y nuestras instituciones”.“La vulneración de derechos más reciente se produce con la Consulta Posterior y de mala fe que pretende realizar el órgano Ejecutivo, con la complicidad del Órgano Electoral Plurinacional en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS)”.
El líder del CONAMAQ reveló que el gobierno de Evo Morales “se encuentra en una acción de debilitamiento, fractura y cooptación de liderazgos al interior de las organizaciones indígenas y originarias. En función de sus intereses coyunturales, ha quebrado el Pacto de Unidad y utiliza a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales aliadas como grupos de choque, que se mueven en complicidad y al amparo de las fuerzas gubernamentales y policiales”.
Crispín citó como ejemplo la represión policial de la VIII marcha indígena en Chaparina el 25 de septiembre de 2011, acción forzada por la presión política del ala más radical del partido en función de gobierno: los colonizadores y cocaleros allegados al Presidente Morales.
Según el sociólogo venezolano Edgardo Lander, “la principal fuente de las contradicciones internas y de las decepciones con relación a los gobiernos progresistas de izquierda es que parecen, de hecho, dar por obvio que ningún otro camino es posible sino el de un sistema basado en el crecimiento económico”. Es así que los megaproyectos extractivos de materias primas se han convertido en los detonantes principales de la mayoría de las movilizaciones campesinas e indígenas en Latinoamérica.
En el Foro arreciaron las críticas a la economía verde por sus dañinos efectos sobre la Madre Tierra. La representante del caucus latinoamericano Hortencia Hidalgo condenó a las corporaciones multinacionales que priorizan economías basadas en la industria extractiva, en especial petróleo, agua y madera. Ellos invadieron los territorios indígenas, violaron de manera sistemática los derechos de sus pueblos, son los responsables del cambio climático y ahora hablan de economía verde solo para persistir en sus políticas de pillaje de la Madre Tierra, criticó.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay advirtió que las estrategias basadas en la búsqueda del crecimiento económico sin tener en cuenta la equidad y las consideraciones relacionadas con el medio ambiente, los derechos sociales y humanos, fallarán en sus objetivos económicos y arriesgarán el planeta y los derechos fundamentales de las personas.
En una carta enviada a todos los Estados miembros de la ONU, Pillay recalcó que “los procesos tecnocráticos han excluido a las mujeres de la toma de decisiones, los pueblos indígenas han visto amenazadas sus tierras y su medio de vida, algunas tierras que no producían mucho alimento han sido utilizadas para la producción de biocombustibles, los proyectos masivos de infraestructura han resultado en el desalojo forzoso y la reubicación de comunidades enteras... y las desigualdades económicas y sociales se han agravado...”.
Más información: Consecuencias de la doctrina del descubrimiento
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