La Cámara de Diputados aprobó la “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales”, dizque para combatir la corrupción.
Los empresarios y la vieja derecha opositora al gobierno están echando el grito al cielo porque la ley da facultades ilimitadas a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para inmiscuirse, sin notificación previa, ante simple sospecha, en el dominio privado violando el sacrosanto principio burgués del secreto bancario con el que encubren, los empresarios, sus operaciones financieras, con mucha frecuencia ilegales, nada limpias. Como dice la sentencia atribuida a Balzac: detrás de cada fortuna hay un crimen.
La Ley también señala que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” está obligada a informar, un requerimiento, a la UIF en caso de sospecha de legitimación de ganancias ilícitas, financiación del terrorismo. Por lo que la Asociación Nacional de la Prensa se ha pronunciado contra la Ley porque –señalan– atenta contra el secreto de fuente, la expresión libre y el ejercicio libre del periodismo regulado por la Ley de Imprenta.
Se cuentan por decenas los militantes masistas enriquecidos por el poder. En febrero de 2007, por ejemplo, a seis meses de ser posesionado como Presidente, Morales compró al contado una vagoneta Nissan 0 kilómetros por la suma de 444 mil bolivianos y en marzo de 2008 adquirió otra vagoneta 0 kilómetros por la suma de 420.690 bolivianos.
Un caso paradigmático es el del canal de televisión Abya Yala, creado, montado y equipado a fines de 2012 con los 3 millones de dólares que Mahmud Ahmadineyad regaló al expresidente. Abya Yala Televisión es el principal “brazo operativo comunicacional” de la Fundación Abya Yala, originalmente denominada “Fundación Juan Evo Morales Ayma (JEMA)”. (Control remoto de Raúl Peñaranda)Según la periodista Amalia Pando, “aquí hay dos inmoralidades, primero que el Presidente recibe de regalo tres millones de dólares de una potencia extranjera, eso es grave porque es más que un regalo; la segunda irregularidad es que ese canal, que todavía no tiene una audiencia significativa, recibe más de dos millones de bolivianos por contratos de publicidad ”.
Pando y su equipo de investigación descubrieron que los administradores de Abya Yala suscribieron al menos 22 contratos de publicidad con distintas reparticiones gubernamentales, la mayoría de ellos contratos directos sin licitación pública, por un valor superior a los 2,1 millones de bolivianos, más o menos lo que la red Erbol obtuvo en casi una década.
El caso Air Catering se diluyó en el Ministerio Público sin la indagación respectiva, al igual que otras sonadas denuncias de corrupción en el gobierno de Morales, como la adjudicación de obras sin proyecto a diseño final durante las últimas horas de gestión del exprefecto de Cochabamba Jorge Ledezma, la intervención de la DEA sobre las operaciones de narcotráfico perpetradas por la cabeza de la inteligencia antinarcóticos del Estado boliviano, y el asalto al Fondo Indígena.
El manejo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) evidencia la corrupción institucionalizada en el gobierno de Morales. Desde su nacionalización en 2006, recuerda el diario Los Tiempos, YPFB fue víctima de varios escándalos de corrupción. El primer presidente interino de YPFB, Jorge Alvarado, fue acusado de firmar un contrato irregular de exportación de petróleo a Brasil con una empresa china y de haber ocasionado una pérdida de 39 millones de dólares al Estado. El caso no fue investigado y Alvarado fue designado embajador de Bolivia en Venezuela, y posteriormente, presidente de la Empresa Misicuni.
Luego, Santos Ramírez juró en marzo de 2008 y fue destituido en febrero de 2009. En su gestión, dos cuñados suyos iban a recibir del empresario Jorge O'Connor una coima de 450 mil dólares por la adjudicación de la construcción de la Planta Separadora de Líquidos (Río Grande - Santa Cruz) a la empresa Catler Uniservice. O'Connor fue asesinado en pleno trajín de cohecho. En 2015 asumió Guillermo Achá y fue destituido el 14 de junio de 2017. En su gestión estallaron los casos Narcocisternas, taladros. Tecnimont-Técnicas Reunidas, tres contratos vinculados para la construcción de las plantas de etileno, polietileno, propileno y polipropileno.
¿Quién puede dudar de que las pillerías de masistas o de empresarios, de contrabandistas o de narcotraficantes, jamás despertarán sospecha en la UIF, en tanto sean dóciles o afines al gobierno? Está claro que la referida Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas será utilizada por el gobierno como un instrumento de extorsión contra sus opositores. Pero, como las relaciones entre el gobierno y los empresarios son de lo mejor, contra quienes realmente caerá la draconiana ley será contra los explotados y oprimidos, como se explicita en el kilométrico título de la ley.
La reforma del Poder Judicial, otra farsa
Iván Lima, Ministro de Justicia, señala que en un plazo de 90 días se inicia un proceso de “transformación estructural” de la justicia, pero al mismo tiempo, como lo muestra los últimos acontecimientos nacionales, el Poder Ejecutivo hace ostentación de su fuerza manipulando groseramente las leyes y las instituciones judiciales.
¿Este actuar es propio sólo de los gobiernos masistas? No. En toda la historia política de la república, los partidos conservadores del siglo XIX, partidos y gobiernos liberales de principios del siglo XX, gobiernos nacionalistas burgueses civiles y militares, y toda la sucedánea de gobiernos neoliberales de la época democrática después de 1982, demostrar el mismo actuar.
La razón de esta particularidad boliviana se encuentra en que la estructura económica capitalista atrasada de economía combinada determina las características de la superestructura en este caso institucional del Estado. El atraso precapitalista y la sumisión servil al capital financiero al imperialismo determinan la pobreza extrema en la población y por el otro extremo, la enfermiza corrupción de las clases dominantes que solo ven el poder central una oportunidad para enriquecerse.
Guillermo Lora señalaba que “El democratismo burgués y el generoso florecimiento del parlamentarismo resultan inviables por la extrema pobreza del país, resultado de la imposibilidad de que todavía puede darse cuenta de un pleno e independiente desarrollo del capitalismo”.
En su lugar, lo que tenemos en Bolivia es una caricatura de la democracia burguesa. No hubo, no existe, ni existirá una verdadera democracia y por lo tanto no veremos una real independencia de poderes mientras no se conquiste el desarrollo integral y armónico de las fuerzas productivas y se rompa el cordón umbilical de dependencia con el imperialismo y sus trasnacionales que hoy en día manejan la economía nacional y los designios de los gobiernos de turno.
Al final, la tan añorada "independencia del poder judicial" de los defensores de la democracia burguesa es una ilusión simple, por lo que de antemano podemos afirmar categóricamente que el pomposo anuncio de "reforma el poder judicial" será otra farsa más que terminará malgastando millones de bolivianos.
Como ya hemos experimentado en la última crisis política del país en 2019, cuando el masismo expire y retornen al poder otros sectores políticos de la clase dominante, hará exactamente lo mismo: subordinar el poder judicial a sus bastardos intereses de clase, orientándose a aplastar cualquier manifestación de descontento y rebelión en las mayorías oprimidas de las ciudades y del campo.
A los trabajadores, a los oprimidos en general, correspondencia organizarse para repeler todo intento de criminalización del derecho a la protesta ya la lucha por la defensa de nuestros derechos. No a la política represiva del MAS en su pretensión de imponerse como un gobierno totalitario por la vía judicial con leyes draconianas.
En un escenario dicotomizado donde parecería no haber otra alternativa para el pueblo ante una pugna encarnizada e intestina entre las dos versiones políticas burguesas por hacerse del poder: nueva derecha masista versus vieja derecha tradicional, correspondencia a la clase obrera, al proletariado boliviano, como lo hizo en varias oportunidades de nuestra historia, ofrecer una salida revolucionaria al país: Expulsar de nuestras fronteras al imperialismo y sus inversiones y junto a ella a su corrupta clase dominante nativa, único camino para conquistar una democracia plena al servicio de las grandes mayorías.
* Con información de Masas N. 2669.
