Latinobarómetro pidió a los encuestados que se sitúen en una escala entre la extrema izquierda y la extrema derecha. A nivel regional, la mayoría se encuentra en un punto intermedio y el 30% se ubica directamente en el centro, mientras que las posiciones extremas reúnen al 27% de la población, dividida de manera similar en ambos extremos, revela el “Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y El Caribe”.
Según el Informe, puede haber un sesgo hacia el centro en las respuestas, pues la gente tiende a situarse en un punto intermedio, pero que el 30% se ubique directamente en el centro “sugiere que la población no está tan dividida en cuanto a la ideología política como a veces puede parecer”, excepto en algunos países como República Dominicana y Nicaragua, donde los extremos capturan más del 50% de la población.
La encuesta indica que la extrema izquierda es más fuerte en Chile, Perú, Bolivia, México, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Honduras, mientras que la extrema derecha es mayoritaria en Brasil, Venezuela, San Vicente, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua.
Lo cierto, agrega el documento, es que la forma en que los ingresos se sobreponen con otros factores políticos, como la ideología, puede ser importante para determinar la eficacia de los mecanismos democráticos –como los partidos políticos, el voto, los movimientos sociales y la deliberación pública– para elevar las preferencias de la ciudadanía de forma igualitaria.
La ciudadanía está decepcionada de la democracia
La democracia está en crisis y gran parte del malestar social en 2019, antes de la pandemia, es muestra de ello. El 46% de la población de ALC comparte la percepción de que la democracia no funciona bien; el 13% señala incluso que la forma de gobierno en sus países no es una democracia, y el 12% afirma no comprender el significado de la palabra democracia, según la encuesta de Latinobarómetro.
La gente de la región está frustrada por la calidad del proceso democrático, que sistemáticamente recrea y refuerza la desigualdad de resultados, y piensa que quienes se benefician de los sistemas desiguales, como los ricos, ejercen una influencia indebida en el proceso político y, por lo tanto, pueden impedir el cambio.
Existe un amplio acuerdo entre los latinoamericanos de que sus países son gobernados en beneficio de unos pocos grupos poderosos y no para el bien de todos. En 2020, el 77% de la gente en la región creía que esto era cierto y el porcentaje alcanzó el 95% en Paraguay y el 91% en Chile y Costa Rica.
Quienes consideran que están en el 20% más pobre de la distribución del ingreso están más decepcionados que el encuestado promedio. Un porcentaje mayor del 20% más bajo ve problemas graves más que problemas menores en la democracia de sus países. Si se compara este grupo con quienes consideran que se encuentran en el 20% más rico de la distribución del ingreso, el porcentaje que considera que su gobierno no es democrático es casi el doble. De modo similar, las personas que perciben que la distribución del ingreso en sus países es muy desigual tienen una mayor propensión a considerar que la democracia tiene fallas más graves.
En ese contexto, a más del 50% de las personas en todos los países, menos cinco, no le importaría tener un gobierno no democrático, siempre y cuando fuera eficaz. Quienes se perciben a sí mismos en los extremos de la distribución del ingreso también comparten esta opinión. Quienes se sitúan en un punto intermedio, o cerca a la mitad de la distribución, no están de acuerdo.
Por otro lado, los ciudadanos creen que protestar es más eficaz que votar (5%) y la mayoría sigue creyendo en el voto. La mitad de la población (48%) cree que el voto es el único canal adecuado para exigir cambios, y un tercio (32%) optaría por una combinación entre el voto y la protesta. El resto de la población indica no saber qué es lo mejor (12%) o piensa que ninguna de las dos vías funciona (5%).
