Cocaleros masistas apoyados por la policía asaltaron violentamente las instalaciones de ADEPCOCA en La Paz, golpearon y abandonaron herido en La Cumbre al legítimo dirigente cocalero, Armin Lluta, para posteriormente instalar una dirección apócrifa, “elegida” en elecciones convocadas y armadas nada menos que por el Ministerio de Gobierno.
Los vecinos de Villa Fátima, Villa El Carmen y los alrededores de la sede de ADEPCOCA, donde se producen los enfrentamientos, protestan acusando al gobierno y la policía por los perjuicios, y dan la razón a los cocaleros. Esta actitud es una clara muestra de cómo la arbitrariedad gubernamental está colmando la paciencia de la población.
La escalada represiva gubernamental está provocando furiosas movilizaciones populares. En Cochabamba, por ejemplo, la respuesta ha sido una impresionante movilización y una vigilia de miles de personas en la Plaza 14 de Septiembre contra el intento de descabezar al municipio encarcelando a su alcalde por cinco años.
La Corte Suprema tuvo que anular el fallo contra Reyes Villa, dictado por los jueces de la Corte Superior de Cochabamba, hasta que el Tribunal Constitucional responda al amparo constitucional que ha interpuesto la defensa del alcalde. No cabe duda que el Ejecutivo ha tenido que intervenir ordenando a sus cipayos del Poder Judicial que adopten esa medida para desinflar la movilización cochabambina.
No se detiene la marcha indígena
La marcha indígena se masifica día a día. Desmintiendo la propaganda del gobierno en sentido de que sería una marcha financiada por los cívicos cruceños, los marchistas reivindican su total independencia por la defensa de sus territorios, y logran el apoyo de grandes sectores de la población contra el avasallamiento a sus territorios e incendios promovidos por interculturales del MAS y terratenientes ligados a la CAINCO y al Comité Cívico Pro Santa Cruz.
El gobierno se ha visto obligado a anunciar que garantiza la continuidad de la marcha indígena, con asistencia médica, provisión de alimentos y protección policial. El problema central de esta movilización es que no ha podido sumar a la mayoría de las bases indígenas, principalmente porque desconfían de los dirigentes de la movilización, varios de ellos comprometidos con uno y otro gobierno de turno.
Para superar este problema, es necesario el surgimiento de una nueva dirección en el movimiento indígena, una dirigencia que plantee la independencia política de los bandos politiqueros masistas y cívicos, que los supere y que encabece la lucha por la materialización de las necesidades y demandas históricas de los pueblos indígenas. Una dirigencia que luche por la autodeterminación, entendida ésta como el derecho a decidir la expulsión de sus tierras de los saqueadores, sean estos empresarios cruceños, extranjeros o interculturales.
¡Fuera de ADEPCOCA las manos sucias del gobierno!
¿Qué hay detrás de la obcecación del gobierno por tomar el control de ADEPCOCA y del movimiento cocalero de los Yungas? Los cocaleros de la zona tradicional de cultivo de coca se opusieron a la Ley 906 que amplió los cultivos legales a 22.000 Has., incluidas 7.000 Has. en el Chapare. En el fondo es una lucha por el mercado de la coca cuyo componente principal ahora es la demanda del narcotráfico.
Denuncian que Evo Morales tiene la firme intención de crear una Confederación nacional de productores de coca bajo su control en el marco de su política de “erradicación concertada y voluntaria” de cultivos excedentarios como exige el imperio, y choca con la resistencia de los cocaleros de la zona tradicional de los Yungas a los que quiere someter a como dé lugar.
Pero, la gente no se amedrenta por la brutalidad policial, se radicaliza más y más y echa por tierra la maniobra de resolver el problema con la suscripción tramposa de acuerdos entre los sectores en pugna con el patrocinio del gobierno. Los movilizados están dispuestos a recuperar la sede de ADEPCOCA por la fuerza, y el gobierno se enfrenta a la posibilidad de una profunda movilización incontrolable que lo obligue a retroceder.
Está meridianamente claro que no son los dirigentes de la derecha tradicional quienes obligan a retroceder al gobierno recurriendo a las argucias legales; son las acciones de masas movilizadas las que asestan reveces al agresor abusivo, no por apoyo a la derecha tradicional sino por la bronca acumulada contra un gobierno cínico, abusivo e incapaz de resolver los problemas del país y de los bolivianos.
Es sugerente que la movilización se desencadene a partir de los sectores de las nacionalidades oprimidas, de los campesinos duramente perseguidos como son los cocaleros de los Yungas, de cada vez más amplias capas de la clase media de las ciudades que repudian al gobierno, amplios sectores de cuentapropistas que no encuentran seguridad y estabilidad para sus actividades económicas, etc. Estas movilizaciones pueden convertirse en catalizadores para que otros sectores se incorporen a las protestas.
Sin embargo, estas movilizaciones al verse estancadas en un punto de la lucha y verse obligadas a retroceder momentáneamente, no salen derrotadas, y volverán a arremeter con más fuerza. Se está viviendo un claro proceso de acumulación de energías contenidas que en cualquier momento puede explosionar si no encuentra una válvula de escape que pueda liberar el malestar social.
El movimiento obrero está atrás y el proceso de su separación del gobierno masista es mucho más lento, fenómeno que impide que las movilizaciones populares, por muy grandes y radicales que sean, no den un salto cualitativo hacia su generalización para adquirir un contenido político revolucionario.
Cuando llegue el momento de la generalización de las movilizaciones, éstas se encargarán de echar por tierra todas las pretensiones del gobierno de erigirse como un árbitro fuerte, dictatorial y fascistizante, capaz de controlar a las masas movilizadas; barrerán con todo obstáculo que encuentren a su paso, incluida la burocracia sindical servil y corrupta.
Tomado de Masas N. 2670.
