Es incuestionable la radicalidad con la que han saltado al escenario las nacionalidades originarias del Oriente boliviano y los productores de coca de los Yungas paceños, como también está fuera de duda que rápidamente ambos movimientos se han soldado con el malestar social contra el gobierno del MAS que se profundiza día a día en las ciudades.
El ingreso apoteósico de la marcha indígena a la capital cruceña que ha volcado a multitudes de todos los sectores de la población a las calles y plazas ha sido un revés en el rostro del gobierno masista que, desde el principio, ha pretendido desmovilizar el movimiento y finalmente lo ha combatido frontalmente al extremo de usar a los llamados interculturales como grupos de choque para confrontarlos en el camino.
En el caso de los cocaleros de los Yungas paceños, la resistencia multitudinaria de las bases al avasallamiento del gobierno y sus secuaces al local de ADEPCOCA ha contado con el apoyo de los pobladores de Villa Fátima y Villa El Carmen, que también han sufrido las consecuencias de la brutal represión policial. Decenas de miles de productores de coca de los Yungas se concentraron para retomar su sede y, frente a la contundencia de la movilización, el gobierno no tuvo más remedio que replegar la policía y permitir la retoma de las oficinas de ADEPCOCA.
Estas dos movilizaciones, al mismo tiempo y en los extremos geográficos del país, se constituyen en catalizadores de un fenómeno político concreto, la persistencia de la resistencia de las capas acomodadas de la clase media al gobierno de Arce Catacora y al progresivo alejamiento de las capas mayoritarias más pobres de la misma clase que le dieron el triunfo electoral al actual gobierno en las elecciones pasadas; sectores que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica sin encontrar respuestas efectivas de parte de los gobernantes y porque todos los días están constatando que es un gobierno cínico y corrupto que pretende imponer una estructura legal que le permita descargar sobre sus espaldas el peso de la crisis económica y allanar el camino para usar la violencia con la finalidad de acallar a los inconformes.
Estas movilizaciones populares adolecen de una gran limitación: la ausencia del proletariado que no logra superar con sus acciones la política colaboracionista con el gobierno de sus actuales direcciones burocratizadas, la única clase que puede dar una perspectiva política revolucionaria a las luchas de las demás clases oprimidas del país.
Por muy legítimos y sentidos que sean los objetivos de estos sectores movilizados, se agotan en los límites de sus victorias o sus derrotas sin encontrar una proyección política revolucionaria posterior y de mayor alcance. De esta manera, llevan el sello de sus limitaciones de clase.
Probablemente los indígenas del Oriente logren arrancarle al gobierno las promesas de respetar sus territorios mediante leyes que, en la práctica, nunca se cumplirán porque los grandes agroindustriales necesitan de tierras nuevas para seguir creciendo.
Los cocaleros de La Paz han recuperado ADEPCOCA derrotando al gobierno que no tuvo más remedio que retroceder en su intento de imponer a un esbirro suyo, ante la contundencia y determinación de la movilización de los cocaleros. Retornarán a sus comarcan con la sensación de victoria, pero no habrán logrado liberar plenamente la producción de la hoja bajo la consigna del libre cultivo, comercialización e industrialización de la coca y seguirán sufriendo el asedio de un gobierno que quiere concentrar el control de toda la producción en sus manos.
Acción directa para sepultar la ley estalino-fascista del MAS
Una reunión nacional de los Comités Cívicos emitió un pronunciamiento en el que hipócritamente, se solidarizan con las demandas de los sectores en conflicto y el rechazo a la “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales”.
Otra vez los cívicos reaccionarios, controlados por la vieja derecha, pretenden montar en el creciente malestar social y arrastrar tras suyo a los movilizados (cocaleros de los Yungas e indígenas del Oriente). La burguesía y sus expresiones políticas tanto de la vieja como de la nueva derecha son enemigas mortales de los indígenas y de los cocaleros.
La propaganda de la vieja derecha, que tilda a la mencionada ley de “comunista o socialista” orientada a destruir el capitalismo, es absurda hasta el tuétano y contradice la realidad de los hechos. El gobierno del MAS es un gobierno burgués que ha proclamado a los cuatro vientos su respeto a la sacrosanta propiedad privada burguesa, que se enorgullece de decir que tiene como socias a las trasnacionales imperialistas que saquean los recursos naturales del país y como aliados a la burguesía agroindustrial cruceña y el empresariado..
A lo largo de sus 14 años de gobierno, Evo Morales y el MAS han dado pruebas inequívocas de que son respetuosos de las relaciones capitalistas de producción; es más, proclamaron que su objetivo es poner en pie el “capitalismo andino-amazónico” de la mano de las trasnacionales imperialistas y de la burguesía nativa.
La ignorancia y la mala fe se dan la mano en este tipo de agitación burda de la derecha que busca capitalizar, principalmente en los sectores de la clase media, los temores a perder sus pequeñas posesiones, el descontento frente a la crisis y la desconfianza frente al gobierno, para canalizarlo hacia las ambiciones de los viejos políticos de retornar al poder.
Esta forma de agitación política es en la práctica funcional al MAS, pues le permite alimentar la impostura de que es un gobierno de los pobres atacado por la burguesía y el imperialismo. Pero además, está el hecho de que el gobierno del MAS fue y es un gobierno corrupto, igual que los gobiernos de la vieja derecha racista.
La ley en cuestión es una más de las imposturas del MAS en el poder, que pretende hacer creer que la ley cuestionada no afectará a los pobres y que los únicos que deberían preocuparse son los ricos por sus ganancias ilícitas. La evidencia histórica es que todos los gobiernos antes del MAS y después de él, han estado metidos hasta el cuello en el narcotráfico, el contrabando, y el desfalco de las arcas del Estado y los municipios para beneficio de los sátrapas de turno en el poder.
Entonces, ¿si la ley no es para expropiar los bienes de la burguesía, ni tampoco frenará la legitimación de ganancias ilícitas, a qué santo el MÁS busca aprobarla? La respuesta es obvia, han creado un instrumento de extorsión y persecución política a sus opositores.
No son pocos los abogados que han denunciado cómo la ley en su forma actual atenta contra los derechos democráticos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. La mayoría coincide en señalar que la ley atenta contra la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad, el derecho al debido proceso, la confidencialidad de las fuentes informativas, el secreto profesional, etc. y que la discrecionalidad de los procedimientos, otorga facultades e inmunidades extraordinarias a los ejecutores de las disposiciones persecutorias y sancionatorias de la ley.
No cabe duda de que el MÁS pretende, a través de esta ley, realizar lo que no pudo hacer con el derrotado código penal en el pasado. La ley no tiene su origen en Cuba o en Venezuela, como tendenciosamente afirma la propaganda de la vieja derecha. Esta ley se inscribe dentro la doctrina del “Derecho Penal del Enemigo Público”, que, a título de poner en pie un “nuevo Estado”, fue originalmente desarrollada en el primer periodo (1939-1959) de la dictadura fascista del Gral. Francisco Franco en España, posteriormente asumida como doctrina del derecho penal del Estado fascista y que en esencia consistía en la represión política y económica a los denunciados como “antifranquistas”, justificando la suspensión de sus derechos ciudadanos por ser “enemigos” del Estado.
Con variantes, la lógica jurídica de esta doctrina fue también la lógica de la dictadura estalinista en la URSS, concepción que nada tiene que ver con el socialismo; por el contrario, es expresión de su degeneración. Hoy los preceptos jurídicos burgueses, fascistas y estalinistas son adoptados por los impostores del “socialismo del siglo XXI” y por los “indigenistas posmodernos” en el poder, urgidos de preservarse en el poder ante la pérdida de respaldo de las masas.
La ley que busca legitimar la extorsión y persecución política a los opositores, disfrazada como ley contra las ganancias ilícitas, busca infundir miedo en las masas y poner en brete a los críticos, respondones y levantiscos.
La lucha contra la ley de los “socialistos” debe ser encarada levantado las banderas de la independencia política frente a la vieja derecha y los impostores masistas.
La victoria definitiva depende de una salida política dirigida por el proletariado que consiste en derrotar a los gobiernos burgueses y construir un nuevo Estado de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas de las ciudades. Sólo ese gobierno podrá materializar la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, desarrollar los sectores productivos más importantes del país para resolver los problemas del conjunto de los sectores, desarrollar las fuerzas productivas, etc. etc.
Tomado de Masas N. 2671.
