El cierre de AASANA y el asalto a Comcipo desnudó al gobierno antiobrero del MAS. Es necesario organizar la resistencia nacional a la política represiva y entreguista y repeler con la acción directa de las masas todo intento de detención de dirigentes sindicales y revolucionarios. La experiencia enseña que el gobierno retrocede frente a las grandes movilizaciones.
El POR, desde el principio y diferenciándose del conjunto de las tendencias oportunistas que se reclaman de izquierda, tuvo el acierto de caracterizar al gobierno del MAS como derechista que desarrollaría una política burguesa. Advertimos que, tarde o temprano, terminará reprimiendo al movimiento obrero y popular when las movilizaciones pongan en riesgo el orden y la intangibilidad de la gran propiedad privada de los medios de producción en manos de la empresa privada y de las transnacionales imperialistas.
Este pronóstico que lanzamos desde 2006 se confirma plenamente, cuando el movimiento obrero y popular están sufriendo en carne propia la escalada represiva del gobierno de Luis Arce como consecuencia de su incapacidad para atender las necesidades del país, de los explotados y oprimidos, agravadas por la emergencia de la crisis económica y sanitaria.
El cierre de AASANA y el asalto a COMCIPO ha querido se encubierto con el argumento falaz de una supuesta represión a la derecha racista y reaccionaria. El gobierno alega que las permanentes movilizaciones de los trabajadores de AASANA estaban impulsadas desde las sombras por la derecha contra “un gobierno del pueblo”; ahora, para justificar el asalto a COMCIPO usa el mismo argumento de que esa entidad cívica es parte de la escalada derechista nacional “contra un gobierno revolucionario y antiimperialista”.
Con mucha publicidad, focaliza el apresamiento del oportunista Marco Antonio Pumari, quien se vendió en cuerpo y alma al comiteismo oriental camachista en las elecciones anteriores, provocando el debilitamiento del movimiento cívico potosino.
En uno y otro caso, el argumento de la represión a la derecha es usado como señuelo para encubrir una política abiertamente antiobrera y antipopular. Se trata de un anticipo de que, en el futuro, el gobierno recurrirá a la misma falacia para perseguir a los dirigentes más visibles de las organizaciones sindicales y sociales de clara orientación antioficialista.
El objetivo es claro: descabezar las organizaciones de masas independientes política y sindicalmente frente al Estado burgués; a las corrientes de la derecha tradicional y reaccionaria; descabezar o disolver a las organizaciones obreras y populares e imponer a sus sirvientes como Guarachi para que cumplan el triste papel de corifeos que aplaudan y canten loas a todas las iniquidades que cometa el gobierno represor, que no dudará en organizar fuerzas parapoliciales para moler a palos las costillas de los elementos opositores que osen movilizarse y levantar su voz de protesta.
¿Por qué el gobierno ataca a COMCIPO?
La detención de Pumari es el pretexto del gobierno para tratar de confundir. Identificado como aliado de la ultraderecha por su vergonzosa alianza con el facho Camacho como acompañante de fórmula en las elecciones nacionales por 250.000 dólares y la promesa de que se le entregue el control de la Aduana de Potosí. Un verdadero maleante que traicionó la lucha cívica de los potosinos y que por ello fue abucheado y recibió una lluvia de tomatazos y huevos en octubre de 2020.
El objetivo del gobierno es descabezar al Comité Cívico Potosinista. Sus principales dirigentes están bajo orden de detención y han tenido que declararse en la clandestinidad.
Es importante tomar en cuenta que COMCIPO se ha diferenciado de los demás comités cívicos del país por su clara posición antiimperialista en la medida que reivindica, por encima de los demás objetivos limitadamente democráticos, la defensa de los recursos naturales de Potosí frente a la política entreguista de los gobiernos de turno, y por ser un movimiento plebeyo y combativo que ha logrado organizar y poner en pie de combate a los sectores mayoritarios más oprimidos y explotados del departamento.
El gobierno ya tiene avanzado las negociaciones con una transnacional alemana para reactivar el convenio por el cual el gobierno de Evo Morales le entregó el litio del Salar de Uyuni por 30 años, y que luego tuvo que dejar sin efecto ante la resistencia de COMCIPO.
Por las razones señaladas, el gobierno considera un escollo la pervivencia de esta organización cívica para desarrollar libremente su política de entrega del litio y de importantes reservar mineras que el departamento en favor de las transnacionales imperialistas.
La derecha se reagrupa para montarse en el malestar social
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba ha sido reiteradamente convocada a una reunión de sectores “para organizar la resistencia a la política represiva del gobierno”. La idea central que se manejó en las conversaciones previas a la reunión fue la de aglutinar a los sectores de cuentapropistas, transportistas, maestros, salud, etc., bajo las banderas de la independencia política y organizativa frente al Estado, al gobierno y la vieja derecha.
Grande fue la sorpresa para los delegados del magisterio urbano al encontrar en la reunión a elementos que en 2019, al concluir la eclosión social que logró la expulsión de Evo Morales, capitularon abiertamente hacia la ultraderecha camachista y otros se entregaron al electoralismo enarbolando las banderas de Comunidad Ciudadana, capitulación que provocó la salida de los maestros del Valle del Comité Cívico Popular.
Cuando los anfitriones de la reunión pretendieron hacer firmar un documento de convocatoria para la reconstitución del Comité Cívico del Cochabamba, los representantes del magisterio se negaron a firmar y recordaron a los presentes que no estaban de acuerdo en reeditar los desvaríos políticos cometidos en el pasado, provocando la salida de la crisis política por el camino de un democratismo vacuo que culminó en la instalación del gobierno derechista de transición.
Ese gobierno resultó, en los hechos, ser tan incapaz y corrupto como todos los gobiernos burgueses igual que el actual, para resolver los problemas del país y de los sectores más pobres de la población emergente de la crisis económica y sanitaria; la corrupción descarada de ese gobierno de la vieja derecha agotada políticamente, posibilitó el retorno del MAS al poder por la vía electoral para desarrollar una política francamente antiobrera y antipopular.
La vieja derecha que pretende volver a montarse en el potro desbocado del malestar social constituye un factor distorsionante en la profundización de la lucha de clases, que consiste en la contraposición de los intereses materiales y políticos de los explotados y oprimidos frente a los de la clase dominante y de las transnacionales imperialistas. Esta distorsión puede terminar arrastrando a amplios sectores de la clase media, sobre todo de aquellos económicamente más acomodados.
Urge una dirección revolucionaria
Las condiciones para una nueva eclosión social están determinadas por el agravamiento de la crisis económica que prácticamente deja un Estado en quiebra frente a la desesperación de los explotados y oprimidos de satisfacer sus necesidades más inmediatas y vitales.
También está presente la posibilidad de que el proletariado retorne a su cauce revolucionario para convertirse en la dirección política de toda la nación oprimida, sacando de sus entrañas a una nueva dirección y desplazando a la actual burocracia vendida al gobierno derechista del MAS.
Es necesario organizar de manera nacional la resistencia a la política represiva y entreguista del gobierno del MAS, con la finalidad de repeler con la acción directa de las masas todo intento de detener a los dirigentes sindicales y revolucionarios y defender la integridad física de las organizaciones sindicales y populares.
La experiencia enseña que este gobierno, débil en extremo, está obligado a retroceder frente a las grandes movilizaciones como las ejecutadas por ADEPCOCA y la gran movilización última de los cuentapropistas que ha obligado al gobierno a abrogar la Ley 1386.
Tomado de Masas N. 2681.