Un gobierno incapaz de ejecutar su programa burgués como
respuesta a la crisis económica
Un balance político es la interpretación, a la luz del
programa del Partido, de un momento y de las perspectivas del desarrollo de la
situación política y social. Como en toda “interpretación”, está siempre
presente la posibilidad del error o del acierto. No olvidar que se trata de una
fotografía de un momento de todo un proceso lleno de contradicciones, de
avances y retrocesos. El único criterio para verificar la justeza o no del
balance es contrastándolo permanentemente con las variantes y los cambios que
se vienen produciéndose en la realidad social.
No es marxista ni científico el creer que el Partido nunca
se equivoca por tener un programa correctísimo y probado por la historia; sólo
los dogmáticos y mecanicistas piensan de este modo y terminan en posiciones
absolutamente subjetivas. El único criterio de la verdad radica en la acción
creativa y transformadora que realiza el partido sobre la realidad,
descubriendo en este trabajo todas las contradicciones dialécticas que surgen
en el seno de los fenómenos sociales. En esto consiste el conocimiento y la
corrección de los balances políticos.
Yendo a la concreción de nuestro último balance político,
hemos señalado que el gobierno de Arce Catacora es extremadamente débil porque
tan pronto pretende aplicar su programa que es la respuesta burguesa a la
crisis económica y que --en última instancia-- consiste en salvar los intereses
de la clase dominante nativa y del imperialismo cargando el peso de la crisis
sobre las espaldas de los explotados y oprimidos del país y, frente a la
reacción amenazadora de los sectores más pobres de la población, inmediatamente
retrocede por el terror que tiene de correr la misma suerte del presidente
Duque de Colombia.
Ahora corresponde contrastar este balance político con los
hechos que se están dando en los últimos días.
El gobierno, con mucha cobertura en la prensa, ha anunciado que
se estudia en el parlamento una modificación de la ley orgánica que reglamenta
el funcionamiento de la policía nacional; de manera directa ha señalado que lo
que se busca es introducir nuevos articulados en ese instrumento legal para
castigar drásticamente a los jefes, oficiales, clases y elementos de la tropa
que promuevan movimientos reivindicativos, organizaciones clandestinas al
interior de la institución y actos de amotinamientos contra el gobierno
legalmente constituido.
Lo que proponía es una ley mordaza para disciplinar a
garrote a la institución policial y, de esta manera, garantizar la fidelidad de
la institución verde olivo al gobierno de turno sin atender sus
reivindicaciones sociales y económicas planteadas hace mucho tiempo. Está claro
que Arce Catacora no confía en la policía en cuya base hay mucho malestar por
la miseria a la que se la ha sometido y el trato despótico que recibe
cotidianamente.
Acto seguido, se ha conocido que el malestar en las filas
policiales se ha profundizado y, en medio del gran malestar, una de sus
componentes con grado de sargento --aquella que se negó a reprimir a la gente
en la crisis política de octubre – noviembre de 1919-- ha sido detenida. La
ciudad de Sucre se ha puesto en tensión y muchas de sus instituciones han
condenado la política represiva del gobierno, muchas de ellas han instalado
vigilia en la puerta de la fiscalía y, para sorpresa de todos, la mujer policía
ha sido liberada y la ley que se discutía en el Parlamento ha sido congelada.
Se trata de un nuevo retroceso del gobierno para contener el malestar en la
gente y en la misma policía.
En el sector de la educación, en todo el país existe una
falencia de más de 13.000 nuevos ítems para cubrir el crecimiento vegetativo de
la población escolar; en la última huelga de hambre realizada por dirigentes
del magisterio urbano, ha anunciado que sólo dará 1.500 ítems tanto para el
magisterio urbano como rural. Una gota que a nadie ha contentado y las
presiones de padres de familia y maestros crece cada día.
Para salir del apuro, el Ministerio de Educación ha ordenado
hacer una severa racionalización de ítems cerrando aquellos cursos con menos de
30 alumnos. Inmediatamente han salido los padres de familia en movilizaciones
desafiando a la pandemia y el gobierno, nuevamente, en muchos sectores, se ha
visto obligado a retroceder postergando la aplicación de la medida para una
fecha indeterminada.
Estos hechos vuelven a confirmar la justeza del balance del
POR. El gobierno aterrorizado frente a la posibilidad de una nueva eclosión
social se encuentra paralizado sin poder hacer nada; arremete y retrocede, una
y otra vez. Ensaya medidas económicas tangenciales para no chocar frontalmente
con la población agobiada por la miseria.
El fracaso del “modelo social comunitario y productivo”
El Modelo Social Comunitario y Productivo (MSCP) del
gobierno del MAS, otro título rimbombante hueco sin ningún contenido serio, fue
presentado como la respuesta frente al atraso económico que vive el país y como
una respuesta al modelo neoliberal. Nos indicaron que construirían el
“Capitalismo Andino Amazónico”, que nuestra economía estaba blindada frente a
los vaivenes de la crisis económica mundial, que Bolivia muy pronto será la
nueva Suiza, y que generarían las condiciones materiales para el tránsito del
modo de producción capitalista al socialismo.
El MAS decía que sacó de la extrema pobreza a la clase media
urbana, con buenos ingresos económicos, incluso afirmaba que hoy las familias se
alimentan tres veces al día y no como en el pasado, en la época de los
gobiernos neoliberales, sólo una o dos veces al día. Alardeaban de que la
economía gozaba de muy buena salud y que los otros países copian nuestro modelo.
Hoy con el gobierno encabezado por el padre del MSCP, Luis
Arce Catacora, no hay una política de Estado para reactivar la economía del
país. La burguesía nacional, con el pretexto de la pandemia que ha agravado la
crisis, exige un plan de salvataje, es decir quieren más plata, tal como les
entregó el gobierno de Añez a fondo perdido.
Los indicadores económicos o los datos estadísticos que nos
muestran desde el gobierno y desde el Instituto Nacional de Estadística (INE)
no reflejan la verdadera realidad de la gente que vive las penurias y
consecuencias de crisis económica; en muchos aspectos estos datos estadísticos
que se presentan son mal manejados y con una orientación clara de falsear la
realidad y no como un reflejo verídico de la realidad objetiva.
La pandemia del COVID-19 hizo que en la ciudad de El Alto se
incrementen las ferias y mercados en distintos lugares o barrios (el comercio
informal es el refugio de los desocupados), donde se ven más vendedores que
compradores. El gasto de las familias se concentra apenas en la alimentación y
medidas de bioseguridad como el uso del barbijo y el alcohol (gasto adicional);
la compra de otros bienes pasa a un segundo plano por la creciente miseria.
La indigencia aumentó en la ciudad de El Alto, al igual que el
desempleo, los asaltos y robos; los transportistas se quejan a diario de que
están trabajando sólo para comer y para el mantenimiento de sus vehículos; no
hay plata para el ahorro o el pago de las deudas. La gente no está dispuesta a
ingresar a una nueva cuarentena rígida. Se escuchan voces que dicen “prefiero
morir trabajando, aunque sea vendiendo cualquier cosa, con tal de llevar un pan
a la casa, que morirme de hambre encerrado en la casa”.
La reactivación económica del mago de las finanzas
• Entreguismo de nuestros recursos naturales a las
transnacionales. Licitaciones internacionales para explotación del litio y
otras reservas mineras clasificadas como de “clase mundial”.
• Depredación del medio ambiente. La AJAM, el INRA y el
CERNAP entregan a cooperativas mineras el río Tuichi dentro del Madidi y la TCO
Uchupiamona para la explotación de oro. (Brújula Digital, 25-5-21)
• Subordinación al llamado “modelo de desarrollo” de la
agroindustria del Oriente, que significa la ultraconcentración de la riqueza en
manos de la oligarquía agroindustrial que se hace cada vez más rica al amparo
del gobierno del MAS.
• Sobre nuevos impuestos. Demagógicamente el gobierno ha
planteado cobrar impuestos a las empresas transnacionales que venden servicios
o bienes por internet y un impuesto a la riqueza de apenas un centenar de
ricachones. Por su lado, los parlamentarios de la vieja derecha opositora en el
Parlamento presentan un proyecto de ley para que los cocaleros paguen impuestos
sobre su producción. Pero ni unos ni otros dicen nada sobre la ridícula
tributación de los poderosos agroindustriales. Tributan al Estado bajo el
Régimen Agropecuario Unificado (RAU) creado por el gobierno neoliberal de
Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996. Los terratenientes poseedores de tierras
entre 500 a 10.000 Has., pagan anualmente apenas 8,57 Bs. por hectárea en el
caso de tierras agrícolas y 0,63 Bs./Ha. en el caso de los ganaderos.
• Para los empresarios. Flexibilización laboral. El gobierno
tolera impasible el abuso de los patrones contra los derechos consagrados de
los trabajadores.
• Para el pueblo trabajador. Al estilo Bolsonaro para
reactivar la economía: A ganarse el pan del día en sus actividades normales,
sin medidas restrictivas y sin ninguna protección efectiva contra el COVID.
Contra la masacre blanca burguesa
Despidos masivos de trabajadores, el cierre de fábricas sin
declaratoria de quiebra, es decir, cierre de operaciones con el fin de
reabrirlas después bajo condiciones laborales precarias; salarios no pagados
por meses, rebaja de salarios bajo chantaje de cierre de operaciones o amenaza
de despidos, no pago de aportes a las AFPs y cajas de seguro social; en fin,
atropellos a todas las conquistas sociales y sindicales de los trabajadores.
Todas estas medidas criminales de los patrones contra la
fuerza laboral se ejecutan con la complicidad del gobierno que tolera impasible
lo que ocurre y de la burocracia sindical que no hace nada en defensa de la
clase obrera y empuja a los afectados a buscar solución por la vía legal,
sabiendo que ese es el camino a la derrota.
HAY QUE DECIR ¡BASTA!, LA CLASE OBRERA NO PUEDE SEGUIR
TOLERANDO EL ABUSO PATRONAL.
1. Unidad de los trabajadores enarbolando las banderas de la
independencia política sindical. Recuperar nuestras organizaciones sindicales y
retomar las banderas del sindicalismo revolucionario para defender nuestras
conquistas y derechos laborales. Entendemos la independencia político-sindical
del movimiento obrero como independencia frente a la política burguesa
contraponiendo la política revolucionaria del proletariado enarbolando sus
propios intereses inmediatos e históricos y a la cabeza de la lucha de todos
los oprimidos contra la opresión burguesa e imperialista.
2. En esta línea, exigimos al gobierno, que hipócritamente
dice ser defensor del pueblo oprimido, un Decreto Supremo que disponga con
carácter obligatorio la reincorporación efectiva e inmediata de los
trabajadores despedidos y así mismo el respeto a la estabilidad laboral y los
derechos laborales.
3. Si la patronal no puede garantizar el funcionamiento de
las fábricas sin tener que estar destruyendo las conquistas y los derechos de
los trabajadores, éstas deben pasar a control de los obreros. Estatización de
las fábricas bajo control obrero colectivo. Fábrica cerrada fábrica tomada.
4. Lucha por un salario que cubra las necesidades del
trabajador y su familia; exigimos un salario igual a la canasta familiar con
escala móvil.
5. Nacionalización de la banca, empresas de
telecomunicaciones y clínicas privadas.
6. Rechazo a la trampa de la devolución de aportes de las
AFPs porque afectará en el largo plazo el fondo que el trabajador tiene para
acceder a la pensión jubilatoria. Los trabajadores exigimos una renta digna de
jubilación con el 100% del salario.
7. Exigir al Estado cumplir con la obligación de garantizar
y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema.
8. Defensa de la educación fiscal, gratuita, única y
nacional financiada y administrada en todas sus modalidades por el gobierno
central, rechazando todo intento de descentralizar y municipalizar la
educación.
9. Presupuesto suficiente para la universidad que garantice
el derecho de los jóvenes a la educación superior fiscal y gratuita. Defesa de
la Autonomía Universitaria.
10. Expropiación de los grandes latifundios, establecimiento
de granjas comunitarias maquinizadas, acabar con el minifundio improductivo.
Derecho de las naciones indígenas campesinas a la autodeterminación. Libre
cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca. Abajo la ley
de la coca continuación de la Ley 1008.
* Tomado de Masas N. 2652.
