Orlando Oramas León y Elena Aurora González *
México lindo y querido, reza con toda razón la famosa ranchera, pero Ayotzinapa resulta un punto de la geografía de la nación azteca que se ha convertido en el reverso de la moneda, el lado oscuro y sangriento que hoy estremece al país. Los sucesos de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural Normal de Ayotzinapa, municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, han removido el terreno político al presidente Enrique Peña Nieto e impuesto en su agenda temas de ineludible enfrentamiento.
Durante la noche del 26 al 27 de septiembre pasado la policía de Iguala reprimió con saña a grupos de normalistas de Ayotzinapa, incluido el ametrallamiento de autobuses en los que viajaban cuando intentaban protestar contra un acto en el Ayuntamiento que presidían el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa.
En esos sucesos los uniformados incluso dispararon contra un ómnibus que transportaba a un equipo de fútbol, con saldo final de seis muertos, una veintena de heridos y 43 normalistas en paradero desconocido, aunque ya se sabe que fueron asesinados, incinerados y sus restos arrojados en bolsas a un río.
Según informó el Procurador General Jesús Murillo, el alcalde Abarca dio la orden de detener y reprimir a los estudiantes, quienes luego fueron entregados a la policía del contiguo municipio de Cocula. Allí fueron puestos en manos de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los ultimaron a balazos en un páramo contiguo al basurero de Cocula, donde, luego de apilarlos, les prendieron fuego que alimentaron con llantas, plásticos, madera, Diesel y gasolina, desde la noche del 26 de septiembre hasta la tarde del día posterior.
Por órdenes de uno de los capos de Guerreros Unidos, los restos calcinados fueron triturados y recopilados en bolsas, que luego arrojaron a las aguas del rio San Juan, según confesiones de varios de los victimarios detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
El 6 de octubre pasado, el presidente Peña Nieto dio la orden de la intervención federal sobre los sucesos de Iguala, en la que participaron más de 10 mil efectivos de la PGR, el Ejército, la Armada, Gendarmería Nacional y otros entes nacionales y de Guerrero, cuyo gobernador, Miguel Aguirre, presentó su renuncia semanas después. Se trató de la mayor y más compleja operación policial en la historia de México, aseguró el Procurador, para quien el caso sigue abierto; y los jóvenes, oficialmente desaparecidos, hasta tanto se pruebe, con evidencias, su muerte.
Ello ha sido imposible por el grado de deterioro de los restos recolectados en el sitio de la ejecución e incineración, y en las bolsas rescatadas del rio San Juan. Murillo explicó que se encontraron piezas dentales, pero tan degradadas por el fuego que apenas tocarlas se convierten en polvo. Será imposible en México extraer el ADN a los restos recolectados, por lo que se hacen gestiones con el laboratorio de una universidad austríaca que dispone de la tecnología más avanzada para tales efectos.
FOSAS CLANDESTINAS Y OTROS DESAPARECIDOS
La búsqueda de los de Ayotzinapa condujo al descubrimiento de una decena de fosas clandestinas entre Iguala y Cocula, con restos de unas 38 personas, en los que trabajan peritos nacionales y forenses argentinos. Cuatro de esos restos ya fueron identificados, entre ellos padre e hijo del estado de México, cuya última llamada a sus familiares ocurrió en agosto cuando reportaron haber sido detenidos por la policía de Iguala. También hay restos de mujeres en esas fosas, apuntó Murillo.
El funcionario aseguró que esos restos no son de los 43 normalistas, por lo que se impone la pregunta acerca de quiénes son estas otras víctimas y quienes fueron sus victimarios. De acuerdo con las investigaciones, la responsabilidad vuelve a vincular a la policía de Iguala con el crimen organizado.
El caso Iguala ha provocado un despertar, sobre todo en sectores estudiantiles y docentes, pero también en organizaciones sociales, campesinas, religiosas y defensoras de los derechos humanos, en un momento en el que para el gobierno su prioridad principal es implementar las reformas estructurales adoptadas en los dos últimos años.
La agrupación mexicana de rock Cafe Tacuba calificó como “un crimen de Estado” la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Durante un concierto en el Auditorio Nacional, el cantante de Cafe Tacuba Rubén Albarrán así definió ante 10 mil personas el crimen contra los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa.
“Muchachos, como en la situación muy grave que vivimos, un crimen de Estado terrible, que no nos confundan, no es suficiente con venir a gritar y aplaudir en un concierto. Es adentro de nosotros que tenemos que desmantelar este sistema opresor”, exclamó Albarrán, quien después recibió un “¡Viva México!” y aplausos como respuesta de aprobación.
Iguala pone de relieve los temas de violencia, inseguridad, corrupción y la penetración de niveles de Gobierno por el crimen organizado, como lo evidencian los nexos que se presume mantenía el ex alcalde Abarca con Guerreros Unidos, dedicados al tráfico de amapola y marihuana.
El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido con llegar hasta el fondo de la verdad sobre los hechos violentos en Iguala, pero también anunció una convocatoria a las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas para un compromiso de Estado sobre los temas que hoy lesionan la vida nacional.
Los restos de fosas en Iguala no son de normalistas, confirman peritos argentinos
Tras analizar 24 restos hallados en fosas de Pueblo Viejo, Iguala, ninguno corresponde a los estudiantes desaparecidos, confirmó el equipo argentino de Antropología Forense (EAAF) que colabora con la investigación desde el 5 de octubre. El EAAF obtuvo resultados genéticos del Laboratorio The Bode Technology Group, Estados Unidos, sobre 24 de 30 restos recuperados en Pueblo Viejo y ninguno mostró probabilidad de parentesco biológico con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El equipo ha participado en la exhumación y examen forense de restos recuperados en la zona de Pueblo Viejo e intervino en la exhumación de uno de los nueve restos recuperados por la Procuraduría General de la República (PGR) en la localidad de La Parota/Cerro de Lomas de Zapatero, también en Iguala. Los expertos trabajaron en el levantamiento de restos humanos y evidencia asociada a los mismos en el basurero de Cocula y a la vera del río San Juan en esa localidad del estado de Guerrero.
Hasta este jueves 13 de noviembre, las autoridades federales mexicanas no han podido identificar a los responsables del secuestro y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinama. La Procuraduría General de la República (PGR) únicamente dispone de los alias de algunos de los que transportaron a esos jóvenes desde Iguala al municipio de Cocula, donde fueron asesinados y sus restos calcinados, según confesaron sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, que están detenidos.
Fuentes ministeriales explicaron que los sobrenombres han sido proporcionados por los policías de ambos municipios y algunos de los apresados, involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Uno de ellos es “El Gil”, quien reportaba y recibía las órdenes de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, quien está tras las rejas en un penal federal.
Entre los alias mencionados en las investigaciones están “El Chucky”, quien fue el encargado de organizar el ataque a los normalistas y su secuestro, con la coordinación del secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, aun prófugo. Se hace referencia a “El Huasaco”, como la persona que se encargó de suministrar el diésel y la gasolina para la pira humana, y de “El Terco”, como quien ordenó desaparecer los restos de ceniza y huesos.
Actualmente, por los hechos de Iguala y Cocula, están detenidas 74 personas, entre policías, funcionarios y miembros del crimen organizado, así como el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, presuntos autores intelectuales de la masacre.
Crímenes sin castigo
La impunidad campea en México. Apenas uno de cada 100 de los autores de delitos responde ante la ley, en medio incluso de un preocupante azote de la violencia. El 99 por ciento de los delitos en esta nación quedan sin castigo, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Dicho de otro modo, apenas se investiga el uno por ciento de los delitos denunciados, que por añadidura resultan sólo el ocho por ciento de los ocurridos, según le consta a la CNDH. Mientras la prensa cada día recoge en sus páginas cifras de muertos, reportes de desaparecidos, descubrimientos de fosas comunes, capturas de capos, enfrentamientos armados, violaciones, asaltos y robos, la dimensión del fenómeno de inseguridad la proporciona el organismo humanitario.
En el último sexenio, en México crecieron también las violaciones de las garantías individuales, aumentaron en un 500 por ciento los casos de tortura y subieron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, según un informe hecho al Senado en días pasados por el presidente de la CNDH Raúl Plascencia.
Del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de 2012, esa entidad recibió 5,568 quejas imputables a las autoridades por incumplir algunas de las formalidades para la emisión de órdenes para la realización de cateos. En igual lapso creció de manera sustancial las violaciones a las garantías personales por parte del crimen organizado, con un saldo de más de dos mil desaparecidos y 46 mil homicidios.
La CNDH investigó 2.126 casos de desapariciones forzadas y el reporte de 24.091 personas extraviadas, categorías sobre las cuales en 2012 hizo 12 recomendaciones a los organismos responsables. La propia Comisión dijo contar con un registro de 46.015 ejecuciones, 15.921 cuerpos no identificados y 1.421 inhumados en fosas clandestinas. De 2005 a la fecha este organismo ha emitido 45 recomendaciones por tales situaciones.
El organismo humanitario en su informe señala la existencia en México de 239.760 presos en 418 centros penitenciarios federales y estatales, proceso de encarcelamiento al que dedica cuantiosos recursos, pero luego abandona a los reos a su suerte en las prisiones. Este informe y análisis se difundió a pocos días de asumir la presidencia de la nación Enrique Peña Nieto (el 1 de diciembre), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien envió al Congreso una iniciativa para eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y delegar sus funciones a la de Gobernación (así fue hasta el año 2000) como parte de su estrategia para eliminar la corrupción y el delito.
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) calificó de “alarmante aumento” esa práctica en México y solicitó a Peña Nieto tomar medidas para eliminarlas, junto a otras acciones como las desapariciones forzadas, el arraigo y el fuero militar. El CAT subrayó en su informe final presentado en Ginebra que la impunidad se ha vuelto la norma en el país, al tiempo que las medidas para prevenir, investigar y sancionar la tortura son “totalmente ineficaces”.
El organismo internacional instó al gobierno a realizar investigaciones “prontas y eficaces” y exigió respuestas por el alza progresiva de las desapariciones forzadas “presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales (...) con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en entidades como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”.
Medio centenar de organizaciones mexicanas exige al mandatario que oriente su política de seguridad a la reducción de los delitos de alto impacto, causante de más de 60 mil muertes de 2006 a la fecha. Las agrupaciones civiles, integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), solicitaron a Peña Nieto una estrategia capaz de asegurar el respeto a los derechos humanos que incluya mecanismos de rendiciones de cuenta.
Uno de los problemas más graves de México es la inseguridad física que afectan por igual al ciudadano del campo y la ciudad, a pobres y ricos. El 47 por ciento de las mexicanas ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual, denunció un análisis de violencia de género emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), acorde con el sitio digital del periódico El Universal.
* Corresponsal de la agencia cubana Prensa Latina en México y periodista de la Redacción Centroamérica y Caribe.
