Panamá subasta sitios Ramsar, Honduras privatiza territorios indígenas y Costa Rica vende un paraíso natural. Se estima que el 25% del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10% del argentino están en manos de empresarios extranjeros. Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos años, sobre todo en los países de América del Sur.
El
agroimperialismo del siglo XXI
El cartel agroimperialista integrado por las megacorporaciones Archer Daniels
Midland, Bunge y Cragill, ConAgra, Bunge y Dreyfus (dominan el 90% del
comercio mundial de cereales); Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, BASF y Dow
(dominan el negocio de los transgénicos y agrotóxicos); bancos, especuladores
financieros, y una interminable lista de terratenientes, acaparan enormes
superficies de tierra en África, Asia y América Latina para cultivar alimentos
y materia prima para la fabricación de agrocombustibles. Estudios del Banco
Mundial revelan que capitalistas extranjeros compraron cerca de 60 millones de
hectáreas en África en los últimos tres años, principalmente en Sudán, Etiopía,
Mozambique y Tanzania.
Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos también compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales. El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. [1]
Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos también compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales. El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. [1]
La Universidad de Harvard, Vanderbilt y otras casas de estudios superiores norteamericanas también comenzaron a comprar o arrendar enormes extensiones en África, supuestamente para “producir alimentos baratos en beneficio de las poblaciones” locales. Sin embargo, los neo terratenientes estarían expulsando de sus tierras a miles de africanos, y ocasionando graves problemas ambientales y sociales en los países más pobres del mundo, denunció el Instituto Oakland de California.
El mundo corre “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado y de condiciones de trabajo inaceptables para los agricultores”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.
En todos los casos, el pulpo agrocorporativo tiene un solo objetivo: lograr a cualquier costo el control absoluto de los recursos genéticos, los mercados alimentarios y las tierras más fértiles del planeta.
El agronegocio capitalista --insustentable en el plano ambiental, ineficiente desde el punto de vista energético e inequitativo en el ámbito social-- se ha convertido en la “estructura criminal que fabrica la masacre cotidiana del hambre en el mundo”, afirma el ex relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación Jean Ziegler.
Analistas y expertos de izquierda y de derecha coinciden en que las agrocorporaciones, los bancos, los fondos de inversión y los piratas financieros que especulan con los alimentos en la Bolsa son los principales responsables de la crisis alimentaria actual.
Desde de 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el acaparamiento de enormes superficies de tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado”, previno Diouf.
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. [2]
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). [3]
Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas. [4]
En Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.
En Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la producción de soya transgénica. [5]
Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales Fernando Eguren la concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene que ver con restricciones en la democracia”. [6]
El presidente uruguayo José Mujica denunció la desmedida concentración de tierras y la especulación financiera de sus propietarios, que calificó de una de las "plagas mayores que tiene que soportar la humanidad en nuestra época". La "diferencia enorme entre el riesgo productivo, entre la gente que al obtener una ganancia trabaja, arriesga y se esfuerza y estas situaciones de carácter especulativo en que los sentados en un escritorio manejan números de un lado para otro", dijo.
Mujica puso de ejemplo la empresa Taurión SA, a cargo de un estadounidense, que tiene 82 padrones diseminados varios departamentos del Uruguay, que suman unos 30 mil hectáreas: "seguramente, dijo, el objetivo es afincar dinero o juntar padrones para algún día venderlos, especulando con la suba". Puntualizó que "la mitad de las tierras que tiene la lechería de este país son arrendadas, pagan una renta, y estos fenómenos de brutal concentración, de carácter especulativo, están haciendo operar a la suba en el mercado".
La frenética venta de bosques y tierras de cultivo en muchos países, esencialmente en los del Tercer Mundo, impulsa la violencia y las guerras civiles, alertó la organización Iniciativa para los Derechos y los Recursos. Los expertos aseguran que la venta de tierras fue uno de los factores clave para que se desencadenaran las guerras civiles en Sudán, Liberia y Sierra Leona.
Tras analizar la situación en 35 países africanos la experta en derechos sobre tierras Liz Alden, aseguró que la mayoría de los estados irrespetan las legislaciones sobre esas temáticas. Tampoco tienen en cuenta los derechos de las comunidades locales en los procesos de compraventa de terrenos, por el contrario, en los últimos cinco años los inversores privados multiplicaron sus acuerdos con los gobiernos para adquirir las tierras, denunció Alden.
Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
Pese al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
Compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.
Varios sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.
Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras de la zona franca.
Por otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y atrasaba el desarrollo” nacional.
La preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. [7]
Recientemente la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático. También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.
Privatización en Honduras
Luego del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros.
Desde hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.
En diciembre de 2011, la revista The Economist reveló que el Estado de Honduras firmó dos cartas de intención con grupos privados interesados en construir “ciudades modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía Future Cities Development Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman, y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de propiedad de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en Honduras con el nombre de NKG.
El 4 de septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la construcción de la primera “ciudad modelo” en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales promotores de la subasta de Honduras mediante las RED.
Pero las RED no son las únicas amenazas a la soberanía territorial hondureña. El 13 de diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro presentaron una demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta fraudulenta de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de Trujillo al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.
Jorgensen , conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle para cruceros Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.
El “rey del porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario Porfirio Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un “reconocimiento especial” del propio presidente en sesión del gabinete ministerial en la ciudad de Trujillo. [8]
Pretenden privatizar el patrimonio natural costarricense
En Costa Rica está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla Plata de 18 hectáreas ubicada en Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del Estado y protegida por la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más de una década la empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende construir en la isla onas residenciales e infraestructura turística.
En 2006 las autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron vender la pequeña ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el biólogo William Arauz.
Sin embargo, el año pasado el director del Área de Conservación Tempisque Arenal Nelson Marín eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la concesión de parte de la isla. Esto permitió a la empresa solicitar la autorización para iniciar obras, la cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de Santa Cruz, controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña denunciaron que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de propiedad de Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo Benavides, padre del Ministro de la Presidencia.
Al plan privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un proyecto de ley que pretende reducir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la costa Atlántica costarricense.
En Chile se debate la privatización del mar
En octubre de 2012 se debatía en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en Chile y que entrega a perpetuidad los recursos pesqueros a empresas transnacionales. La norma define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo de licencia reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales; otro tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15% de los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su rendimiento máximo sostenible.
El proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre e irrespeta las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro grandes consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile. “Nos parece inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a inhabilitarse de votar, aun cuando es de público conocimiento su vinculación con empresas ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.
Según el ex senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta, además de no resolver problemas de fondo, genera mayor concentración económica, no garantiza una verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y “condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la industria”.
Limitan la extranjerización de la tierra en Argentina
En febrero de 2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras, pero la norma aún no fue aprobada. En Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley sobre el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la tenencia y adquisición de tierras por extranjeros.
La presidenta Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la nación están en manos extranjeras. La nueva legislación argentina estipula que máximo el 15% del territorio nacional puede estar en manos foráneas, y de esa cantidad no podrá haber más de un 30% detentado por personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, informó la agencia Télam.
La norma argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no podrán superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. También define estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable.
La iniciativa dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de realizar un relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así como de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
La dictadura
del agronegocio
En 2010
fueron asesinados al menos 93 sindicalistas en todo el mundo, y América se
consolidó como la región más mortífera para dirigentes sociales y defensores de
la naturaleza, revela la Confederación Sindical Internacional (CSI). Entre los
represores, destacaron por su brutalidad los terratenientes y los empresarios
vinculados al agronegocio.
El
capitalismo en crisis elimina de un tajo todos los derechos laborales
históricos en todo el mundo, y los atemorizados obreros bajan la cabeza frente
a los chantajes y las amenazas de despido de sus patrones, denuncia el informe
Represión de los derechos sindicales y las libertades económicas en el mundo,
elaborado por la CSI. (http://survey.ituc-csi.org)
El estudio
cuenta 93 sindicalistas asesinados el año pasado, 76 en el continente americano
(49 en Colombia), 13 en Asia, tres en África y uno en Oriente Medio. Además,
registra 75 amenazas de muerte, al menos 2.500 arrestos y más de cinco mil
sindicalistas despedidos injustamente.
La población
lucha por obtener mayores derechos económicos y el respeto de sus derechos
sindicales, pero numerosos gobiernos y empresarios privados responden con
represión, despidos, violencia, amenazas de muerte y asesinatos, evalúa la
secretaria general de la CSI Sharan Burrow.
Según la
CSI, los gobiernos no aplican ni hacen cumplir la legislación laboral, no
protegen a los trabajadores, permiten la explotación de la mano de obra
mayoritariamente femenina en las zonas francas industriales de todo el planeta,
y abandonan a su suerte a los trabajadores migrantes.
En Oriente
Medio, los gobiernos reprimen a la población que lucha por mejoras salariales y
el cumplimiento de sus derechos sindicales. En toda Europa se desmontan
paulatinamente antiguos derechos, se eliminan en cadena beneficios sociales y
se ejecutan drásticos recortes del gasto público.
Los obreros
europeos pagan el enorme déficit público ocasionado por los millonarios
rescates de bancos y especuladores en quiebra. Los empleadores y los gobiernos
toman represalias contra las confederaciones obreras que protestan por las
reducciones salariales y las innumerables violaciones de los derechos
laborales.
En Londres,
el arzobispo anglicano de Canterbury Rowan Williams llamó la atención sobre el
desconcierto y la indignación que provocan entre los británicos las políticas
del gobierno conservador de David Cameron, quien “nos comprometió con políticas
radicales a largo plazo por las que nadie votó”.
Williams
condenó la sistemática destrucción del sistema de bienestar de los británicos,
y deploró la embestida contra la enseñanza universitaria pública que afecta
sobre todo a los más pobres.
Los países
de América Latina ocupan los primeros lugares en el ranking mundial de
asesinatos y represión de líderes sindicales, según el Informe anual de la CSI.
El secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados
Americanos (OEA) Adan Blackwell ratificó que el continente americano es el más
violento del mundo.
En 2009, la
región fue escenario de 133.837 homicidios, lo que representa 366 muertes por
día, 15 por hora y una cada cuatro minutos. Mientras que la media mundial es de
8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la media en América es de 14,94 y en
algunos países llega a 44, señala el informe Alertamérica, elaborado por el
Observatorio Interamericano de Seguridad Ciudadana de la OEA. (http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio.asp)
El documento
reúne estudios estadísticos sobre criminalidad y violencia en la región en el
período 2000-2010. Identifica como causas de la creciente violencia el tráfico
de drogas, el crimen organizado y la “desigualdad” económica y social.
El cartel
criminal más peligroso para los trabajadores, campesinos e indígenas de América
Latina está integrado por transnacionales, fondos de inversión, terratenientes
y otros socios locales del agronegocio internacional.
Los
plantadores esclavistas, los agroindustriales y sus socios locales fueron
protagonistas en la larga y sórdida historia del colonialismo en América
Latina. La United Fruit Company, rebautizada como United Brands y actualmente
denominada Chiquita es uno de los engendros destacados del agroimperialismo.
La United
Fruit (UF) llegó a poseer más de 263 mil hectáreas de tierra en Honduras en los
años 20 del siglo pasado. El humorista O. Henry acuñó el término
"república bananera" para referirse precisamente a las actividades de
esta empresa en Honduras.
La UF se vio
involucrada en una masacre de trabajadores en Colombia en 1928; apoyó el golpe
militar contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954; y en 1961
prestó sus barcos a los mercenarios que intentaron derrocar a Fidel Castro en
Playa Girón.
En 1972, el
emporio frutero rebautizado como United Brands se compró al dictador Oswaldo
López Arellano para seguir saqueando a Honduras. Un jurado estadounidense acusó
a la transnacional de sobornar a ese gobierno militar títere para que reduzca
impuestos a la exportación de frutas.
Chiquita
tenía a su servicio un ejército privado de paramilitares, y empleó a Eric
Holder, ex fiscal general adjunto en el gobierno de Clinton y co presidente de
la campaña de Obama, y también a John Bolton y John Negroponte.
En la
actualidad, Chiquita y otras multinacionales, junto a intermediarios
comerciales y terratenientes locales, conspiran contra gobiernos democráticos
en Sudamérica. Los capitales corporativos son co responsables, directa o
indirectamente, de la crisis humanitaria en Colombia, de la masacre campesina
de Bagua en Perú, y del golpe en Honduras en 2009.
Derrocaron a
Manuel Zelaya empresarios y latifundistas vinculados a la United Fruit y a
farmacéuticas, como por ejemplo la familia Canahuati, principal accionista de
los diarios El Heraldo y La Prensa, dueña del laboratorio Finlay, de la franquicia
de Pepsi y de las cadenas Pizza Hut y Kentucky.
El pulpo
agrocorporativo desafió a la presidenta de Argentina Cristina Kirchner, e
intentó fraccionar el territorio de Bolivia mediante un frustrado golpe civil,
todo con el objetivo de defender lo que la multinacional Syngenta denomina la
“República Unida de la Soya”.
Asesinatos
en serie en Brasil
Empresarios
del agronegocio aparecen como los principales autores de la ola de crímenes
desatada en la Amazonía de Brasil. El secretario general
de la Presidencia Gilberto Carvalho reconoció que existe una “lista negra” de
más de un centenar de potenciales víctimas de sicarios contratados por
empresarios ganaderos y madereros.
El 22 de
abril de 2011 fueron asesinados seis ecologistas en la comunidad de Piraquará,
municipio de Curitiba. La ola criminal se intensificó el 24 de mayo, luego de
que el Parlamento de Brasil aprobó la reforma del Código Forestal.
La reforma
forestal constituye “el mayor retroceso de la legislación ambiental brasileña
de las últimas décadas”, declaró a IPS el coordinador adjunto del Instituto
Socioambiental Raul Silva Telles do Valle, ya que establece una amnistía
general para todos los empresarios que incurrieron en delitos contra los
bosques.
Si el texto
es ratificado por el Senado, y sancionado por Dilma Rousseff, se habilitará el
uso de áreas de preservación permanente ya ocupadas con producciones
agropecuarias y silvícolas, ecoturismo y turismo rural, siempre que la deforestación
se hubiera ejecutado antes del 22 de julio de 2008.
Se declarará
una amnistía de multas para los responsables de esa tala en predios de hasta
400 hectáreas. Por lo menos 15 legisladores se beneficiarán porque son
hacendados con cuantiosas multas ambientales pendientes, sin contar a los que
recibieron financiación electoral de sectores vinculados al agronegocio.
El mismo día
de la aprobación de la norma asesinaron a balazos a José Claudio Ribeiro da
Silva y a su esposa María do Espírito Santo da Silva, ex líderes del Movimiento
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y reconocidos ambientalistas que
luchaban contra madereras en la región de Nova Ipixuna, en el estado de Pará.
http://www.youtube.com/watch?v=78ViguhyTwQ&feature=player_embedded
Tres días
después, el 27 de mayo, mataron al líder del Movimiento Campesino Corumbiara
Adelino Ramos en la localidad de Vista Alegre do Abuná, en el estado de
Rondonia. Ramos, conocido como Dinho, era uno de los sobrevivientes de la
masacre de 12 campesinos en Corumbiará en 1995. El dirigente había denunciado
recientemente a explotadores ilegales de madera en los estados de Acre,
Amazonas y Rondonia, y pedía la instalación de un campamento para campesinos
desplazados, detalló la organización católica Pastoral de la Tierra.
La represión
continuó y el 28 de mayo fue hallado el cuerpo acribillado del líder local
Eremilton Pereira dos Santos. Los promotores de la represión son los “sectores
agrícolas más atrasados que defienden un modelo del siglo XVIII”, afirmó el ecologista
de la filial brasileña de Greenpeace Paulo Adario.
Organizaciones
humanitarias de Brasil denunciaron ante la Relatoría Especial sobre Autonomía
del Poder Judicial de la ONU que ejecutivos del grupo empresarial Norte Energía
SA, que construye la represa de Belo Monte, intimidaron al fiscal Felício
Pontes Júnior, asignado como veedor de las obras.
El Consejo
Indigenista Misionario, la ONG Justicia Global y otras 12 entidades denunciaron
que la mega represa, la tercera más grande del mundo, inundará extensos
territorios indígenas. La usina Belo Monte también fue denunciada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que recomendó
suspender su construcción.
Los
latifundistas, los empresarios y el propio gobierno brasilero arremeten contra
el movimiento indígena y los ecologistas, acusándolos de impedir el
“desarrollo” del país.
Los hechos
de violencia en Guatemala no han cesado desde el 15 de marzo de 2011, cuando el
gobierno de Alvaro Colom ordenó y ejecutó desalojos de 14 comunidades
campesinas asentadas en el Valle del Polochic, a pedido de los empresarios del
Ingenio Chabil Utzaj SA.
El 10 de
abril mataron con 35 balazos a Oscar Humberto González Vásquez, dirigente de
base del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI). El 26 de mayo
asesinaron al secretario de Finanzas del SITRABI Idar Joel Hernández Godoy en
el Municipio de Los Amates, Izabal.
El 4 de
junio asesinaron a María Margarita Che Chub (37) líder de la comunidad de Paraná,
municipio de Panzos. También acribillaron a Antonio Beb Ac y a Oscar Reyes de
las comunidades Miralvalle y Canlun.
Los crímenes
ocurren cuando el SITRABI y la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos
Bananeros (COLSIBA) organizan la Conferencia Responsabilidad Social Empresarial
y Derechos Laborales de los Trabajadores Bananeros de la Costa Sur de Guatemala
para agosto de este año. En esa reunión se pretende instalar una mesa de
diálogo con los empresarios que prohíben la organización sindical.
Las organizaciones
sociales guatemaltecas responsabilizan de las muertes a la empresa Chabil
Utzaj, a la familia Widman y a la oligarquía terrateniente de la región, al
Grupo Pellas nicaragüense, y al Banco Centro-Americano de Integración Económica
que financia los proyectos agroindustriales.
También
acusan al gobierno de Guatemala por permitir la acción impune de fuerzas de
seguridad extrajudiciales, que, frente a sus narices, asesinan a mujeres
campesinas indefensas.
Activistas
de organizaciones populares e indígenas de todo el continente condenaron el
retorno de Honduras a la OEA, a pesar de las sistemáticas violaciones a los
derechos humanos por parte de terratenientes del Bajo Aguan, con la complicidad
del gobierno de Porfirio Lobo.
Honduras fue
expulsada de la OEA una semana después del golpe militar que derrocó al
presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, pero fue readmitida en una
reunión extraordinaria en Washington. De esta forma la OEA legalizó el golpe de
Estado y la consiguiente ola de asesinatos.
Los
terratenientes Miguel Facusse, Reinaldo Canales y René Morales, prácticamente
dueños del Valle del Aguan, continúan persiguiendo, secuestrando y asesinando a
miembros de las organizaciones campesinas de la zona situada en la costa norte
de Honduras.
Los guardias
privados de los terratenientes atacan asentamientos campesinos con armas de
grueso calibre El 11 de mayo asesinaron a Pablo Lemus del Movimiento Campesino
del Aguán (MCA).
El 15 de
mayo los sicarios de Facusse mataron a Francisco Pascual López delante su hijo
de 10 años. El 18 de mayo fue asesinado el campesino Sixto Ramos, y el 21 de
mayo desaparecieron los campesinos Olvin Gallegos y Secuindino Gómez.
El 4 de
junio, sicarios acompañados de dos patrullas de la policía atacaron con armas
de fuego a miembros de la empresa campesina la Trinidad, y al amanecer del 5 de
junio hicieron lo mismo con la empresa campesina La San Isidro, que disputa un
predio a Miguel Facusse.
Ese mismo
día, efectivos militares y sicarios al servicio de grandes productores de palma
africana asesinaron a los campesinos José Recinos, Genaro Cuestas y Joel
Santamaría en cercanías de Suyapa.
Mientras
tanto, la OEA defensora de los “derechos humanos” en el continente, premia al
gobierno de Honduras, donde los terratenientes pagan hasta 50 mil lempiras por
cada cuatro campesinos muertos y donde han sido asesinados 13 trabajadores de
la prensa desde 2010.
La CSI
reveló que 49 activistas fueron ultimados en Colombia en 2010, lo que
representa el 55 por ciento de los sindicalistas muertos en todo el mundo. Los
responsables de esos crímenes gozan de impunidad. Este año fueron asesinados 10
activistas sindicales, y apenas dos casos han sido relativamente esclarecidos,
de los más de 2.400 presentados ante la OIT.
El 7 de
junio asesinaron a la dirigente Ana Fabricia Córdoba en la ciudad colombiana de
Medellín, departamento de Antioquia. Tiempo antes asesinaron a su pareja y a
uno de sus hijos. Sus otros tres hijos fueron amenazados de muerte. El gobierno
colombiano decidió sacar del país a toda la familia Córdoba.
“Los
encuentro muy afectados desde el punto de vista emocional y anímico, le han
matado al papá, a la mamá y a los dos hermanos, y manifestaron el deseo de irse
del país", admitió el vicepresidente Angelino Garzón.
Colombia es
el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo, pero la
Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra
lo excluyó de la lista de los 25 países a examinar por la violación de normas
internacionales del trabajo y la protección de los derechos humanos.
La Central
Unitaria de Trabajadores colombianos (CUT) criticó la posición ambigua de la
OIT, que por un lado señala a Colombia como el país más peligroso del mundo, y
por otro decide no examinar la constante violación de los derechos laborales en
ese país.
El gobierno
de Sebastián Piñera en Chile usó la ley antiterrorista de Augusto Pinochet para
acallar las luchas de los pueblos originarios, denunció el líder mapuche Héctor
Llaitul, condenado a prisión por el solo hecho de denunciar la histórica
expoliación de su pueblo por parte de empresariados locales y extranjeros,
algunos de ellos vinculados al agronegocio.
"No
somos terroristas, no hemos matado a nadie; sólo planteamos la resistencia
mapuche frente a la injusticia histórica… Nuestra lucha es por la tierra y la
identidad", afirmó el indígena internado en un hospital por desnutrición
severa luego de cumplir un ayuno de casi tres meses.
Llaitul y
sus compañeros José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo se
declararon en huelga de hambre el 15 de marzo reclamando un proceso justo,
luego de ser condenados a penas de entre 20 a 25 años de prisión por el
supuesto atentado a un fiscal en 2008.
Los Premios
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (1992) y Adolfo Pérez Esquivel (1980)
solicitaron al Estado chileno la anulación del juicio. También salieron en
defensa de los indígenas el brasileño Emir Sader, el escritor uruguayo Eduardo
Galeano, el músico Manu Chao y el sociólogo estadounidense Immanuel
Wallerstein.
Sin embargo,
la Corte Suprema de Chile desestimó el pedido de anulación del juicio, aunque
redujo las condenas de los indígenas a entre ocho y 14 años de cárcel.
El 9 de
junio, los indígenas suspendieron su ayuno de casi 90 días, tras la
conformación de una comisión para la defensa de los derechos del pueblo mapuche
integrada por la directora del Instituto de Derechos Humanos Lorena Fries; el
alto comisionado de Naciones Unidas Américo Incalcaterra; el arzobispo de la
provincia de Concepción Fernando Chomalí; y el arzobispo de la pastoral mapuche
Fernando Díaz.
1. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina denunció en octubre de 2010 que “los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las fábulas del ‘crecimiento’, descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”.
2. Sudamérica en la mira de inversionistas agrícolas; 12/XI/2010; farmlandgrab.org; news@farmlandgrab.org, Agencias Reuters y AFP.
3. Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y Transparency Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra.
4. Más de 100 casos de apropiación de tierras para la producción de alimentos en el exterior: http://www.grain.org/m/?id=216http://www.grain.org/briefings/?id=214
5. Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, Miguel Urioste; Fundación TIERRA, octubre 2010. El gobierno boliviano estima que alrededor de un millón de hectáreas productivas, de las 5,5 millones de hectáreas que producen algún tipo de alimentos, están en manos de extranjeros, principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras representan el 20% del total de la superficie con características agrícolas.
6. Lourdes Pérez Navarro, periodista de la redacción de Economía de Prensa Latina.
7. El director del Centro de Incidencia Ambiental Félix Wing dijo que es inquietante la inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa Lucía Chandeck renunció sin que se sepan los motivos, y fue reemplazada por Silvano Vergara, el tercer administrador en tres años.
8.http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/19/ciudad-modelo-republica-bananera-y-las-concesiones-cuyamel/ La Ceiba, Atlántida 8 de septiembre de 2012.
Con información de Prensa Latina, Adital, IPS, Ecoportal, Grain, Counterpunch, Sin Permiso y
Bolpress. / La agricultura se desglobaliza, Documento N. 3; Unidad de Promoción
Indígena y Campesina del Viceministerio de Tierras (UPIC-Tierra); http://www.vicetierras.gov.bo
Más información:
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