Dos hechos evidencian la manipulación del escenario investigativo. En primer lugar, en vez de trabajar conjuntamente con los indígenas y los querellantes en busca de la verdad histórica, desde un principio el Ministerio Público direccionó la investigación con el objetivo de culpar a unos y librar de responsabilidades a otros.
Dos días después de la represión a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, el 27 de septiembre de 2011, los abogados del Movimiento Sin Miedo (MSM) presentaron la denuncia y solicitaron una inspección seguida de reconstrucción en el lugar de los hechos a fin de encontrar indicios y rastros de lo ocurrido. Pero, el Ministerio Público realizó solo la inspección, no la reconstrucción, con el argumento de “preservar la paz social”.
En esa primera inspección en Chaparina, el ex sub comandante de la Policía Óscar Muñoz Colodro acreditó con precisión que el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti tuvo conocimiento del operativo y por tanto jamás se rompió la cadena de mando. El ex comandante de la Policía Jorge Santiestéban también fue informado, pero nunca fue convocado a declarar y los fiscales evitaron incriminarlo.
El segundo hecho que evidencia la manipulación fue el show armado por el Ministerio Público, que recién en 2014 convocó a víctimas y querellantes a la reconstrucción en Chaparina, tres años después de los hechos y cuando ya no existían pruebas o elementos que puedan ser colectados. Se convocó también a todos los miembros del alto mando policial con la intensión velada de responsabilizarlos de la represión y así librar de culpa a las figuras del Poder Ejecutivo.
Los operadores del Ministerio Público imputaron a Muñoz Colodro y se ordenó su detención domiciliaria, pero hasta la fecha no se convoca a la audiencia de medidas cautelares al ex viceministro Marcos Farfán, quien también fue imputado por incumplimiento de deberes y omisión de socorro, supuestamente porque no evitó la represión a indígenas.
Llorenti estuvo al tanto del operativo y tampoco detuvo la represión, pero fue excluido del proceso. De igual manera, el Presidente Morales y varios ministros monitorearon todo el operativo desde la residencia en La Paz y permitieron la brutal represión, pero tampoco fueron imputados.
Los abogados del MSM solicitaron el flujo de llamadas de las autoridades del Ejecutivo durante la represión, y las operadoras de telefonía celular tardaron más de un año en enviar el reporte. No obstante, los investigadores del Ministerio Público excluyeron del caso a Llorenti mucho antes de conocer esta información, es decir que sin haber realizado ninguna colección de pruebas y sin contar con argumentos sólidos y contundentes respecto a la probable ruptura de la cadena de mando, libraron de culpa al ex ministro con el solo argumento de que fue “defensor de los derechos humanos”.
En el reporte del tráfico de llamadas se identificó un teléfono específico usado por Llorenti hasta el 19 de septiembre, y del cual no hay reportes hasta el 27 de septiembre. La ex autoridad informó que dio de baja su teléfono justo el 19 de septiembre, pero, según el reporte de las telefónicas, volvió a utilizarlo una semana después. A pesar de estas incongruencias, los investigadores no hicieron ningún otro cuestionamiento y dieron por cierto que Llorenti no tuvo comunicación con nadie en esos días.
Es evidente que al gobierno de Morales no le interesa aclarar los hechos. El Ministerio de Transparencia, pese a que es el órgano persecutor por excelencia, se ha sustraído de cualquier acción judicial y al Ministerio de Justicia tampoco le interesó investigar esta violación flagrante de los derechos humanos.
Días después de la represión, el Vicepresidente García Linera reconoció que sabía quién ordenó reprimir a los indígenas, y prometió revelar su identidad a las autoridades judiciales competentes; pero cuando la Fiscalía le solicitó información oficial, el mandatario se desdijo y respondió por escrito que no sabía quién autorizó la represión. Lo mismo dijo el Presidente cuando la Fiscalía le envió un cuestionario y él respondió con evasivas y frases agresivas, sin aportar nada a la investigación.
En los últimos tres años las máximas autoridades del Poder Ejecutivo no actuaron con diligencia y de manera deliberada obstruyeron la justicia, el Poder Judicial solo obedeció las órdenes de Ejecutivo, mientras que los negligentes operadores del Ministerio Público incumplieron su deber de investigar y aplicar la ley.
El Juez Castillo del Juzgado Noveno de Instrucción Cautelar ha sido uno de los propiciadores de la retardación del proceso de manera deliberada, y la fiscal de La Paz Rosario Venegas fue la última autoridad que excluyó del proceso al ex ministro Llorenti, alegando que no estuvo en el lugar de los hechos.
Al cumplirse el tercer año del proceso investigativo no hay avances de ninguna naturaleza, solo la intención manifiesta del Ministerio Público de imputar solamente a los miembros del alto mando policial. A nadie le interesa conocer la verdad histórica y sancionar a los responsables, excepto a las víctimas y a los denunciantes, y si no fuera por ellos este proceso se habría cerrado hace mucho tiempo.
Desde que presentaron la denuncia el 27 de septiembre de 2011, los abogados y militantes del MSM continúan impulsando la investigación porque, más allá de intereses político partidarios, creen en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en la vigencia de los derechos humanos por encima de cualquier otro bien jurídico
Tomado de eligesinmiedo.blogspot.com/2014/09/a-3-anos-de-la-represion-en-chaparina.html
