(MASAS-ML).- El
oficialismo masista necesita de la construcción de un gran aparato de símbolos
con la finalidad de mantener latente la fidelidad y el apoyo de grandes
sectores de los pobladores de campo, uno de los pilares de esa construcción es
que en este mundo capitalista decadente lo único que queda como reserva moral
son los valores del movimiento campesino – originario, cuyo representante
natural es el presidente indígena Evo Morales. Las cumbres que el gobierno ha
organizado con gran derroche de recursos económicos y un aparato publicitario
impresionante estaban orientadas a mostrar a Evo Morales como el líder
universal de los indígenas del planeta, se ha esmerado en traer delegaciones de
indígenas de todos los continentes y países ataviados de sus vestimentas
originarias y resaltando su expresiones culturales.
En esta línea,
por ejemplo, en tres oportunidades, se han hecho dos posesiones del presidente
indígena, una llena de simbología originaria en Tiwuanacu donde curiosamente es
coronado como un monarca con corona, cetro y capa real, vestido a la usanza de
los incas del pasado; otra, al gusto de los k’aras, en el Palacio Legislativo,
jurando respetar y hacer cumplir la Constitución del Estado burgués
plurinacional.
Los oficialistas
han hecho muchos esfuerzos por mantener la figura del Presidente como algo
inmaculada y lejos de los brotes de corrupción en diferentes niveles de la
administración del Estado; sin embargo, ya en el escándalo del Fondo indígena
se ha puesto en entredicho eso de la “reserva moral” del movimiento indígena y
del propio presidente frente a la indisimulada protección de los elementos
indígenas más próximos al entorno palaciego como Nemecia Achacollo, por
ejemplo. Pero el golpe mortal que ha desmitificado completamente la imagen de
Morales ha sido la denuncia en torno a los problemas de alcoba de éste con su
ex – pareja Gabriela Zapata, vinculado al uso de influencias para la firma de
contratos millonarios con la transnacional china CAMC.
A pesar del
esfuerzo hecho por García Linera, Juan Ramón Quintana y otros para proteger la
imagen del Presidente, ambos escándalos han puesto al desnudo la pobreza moral
e intelectual del gobernante y de sus cercanos colaboradores: declaraciones
improvisadas y llenas de contradicciones que lejos de disipar las dudas lo
único que hacían es confirmar las sospechas, uso abusivo de la prepotencia
contra los opositores al gobierno, ataques a la prensa que se ha atrevido a
seguir de cerca de manera independiente el escándalo, etc. Este escándalo ha
alimentado el morbo de la gente que -cada día- acudía con avidez a las redes
sociales, a la prensa televisiva, escrita y oral, para ver que nuevos elementos
aparecían en esos apasionantes capítulos de una
telenovela de mal gusto al estilo mexicano.
Estamos viviendo
el agotamiento del Estado burgués, hoy presentado por el oficialismo como un
nuevo Estado plurinacional. Ni nuevo ni esencialmente diferente del viejo
estado liberal burgués. Las manifestaciones de su agotamiento y descomposición
se expresan en la imparable corrupción en todos los niveles de la
administración. Muchos señalan que la dupla Morales – García Linera no quiere
ni puede dejar el control de este Estado por el temor de que, a partir del
2019, se destapen los hechos más horrendos de corrupción y del manejo
arbitrario de la cosa pública.
La caída del
ídolo de barro con todo el aparato de símbolos tendrá consecuencias en el seno
de oficialismo e impulsará al proceso de emancipación política de amplios
sectores de la población que se encontraban rezagados con referencia a los
sectores más radicalizados que, en el último referéndum, le propinó un categórico puñetazo en el rostro
de Evo Morales.
OCUPAR LAS FÁBRICAS PARA ESTATIZARLAS CON CONTROL
OBRERO COLECTIVO
En las etapas de
crisis como en la presente, cuando los empresarios ya no pueden garantizar
jugosas ganancias aún después de haber realizado recortes en los salarios y
beneficios sociales de los trabajadores, recurren al fácil expediente de
declararse en quiebra y cerrar las fuentes de trabajo echando a sus
dependientes a la calle. Las consecuencias son dramáticas para los trabajadores,
de la noche a la mañana se ven privados de sus fuentes de trabajo y sin ninguna
posibilidad de atender las necesidades básicas de sus familias (comida, vestimenta,
educación, salud, etc.).
Frente a esta
situación que se generaliza en la minería por la caída vertiginosa de los
precios de los minerales en el mercado mundial y en las empresas industriales
de los centros urbanos por la invasión de mercancía extranjera barata, del
contrabando o por la caída de la capacidad de compra de los mercados locales,
en muchas empresas se han realizado ocupaciones por parte de los trabajadores y
recorren dos caminos equivocados: primero,
creen que en el seno de capitalismo y de manera indefinida pueden implantar un
régimen autogestionario (que los trabajadores se hagan cargo de la producción y
de la comercialización de las mercancías que producen), llega el momento
inevitable en el que, por su dependencia de materias primas extrajeras, por la
falta de capital y mercados, terminan fatalmente quebrando. Segundo, caen en la trampa
gubernamental de las llamadas “empresas sociales” que consiste en que los
trabajadores se hacen cargo de los centros productivos con todas sus obligaciones
pendientes, sueldos y salarios no pagados por varios meses y hasta años, las
deudas de los empresarios a los diferentes acreedores, falta de pago de
impuestos, falta de pago de las cotizaciones de los trabajadores a las AFPs,
etc.; y, finalmente, asediados por múltiples obligaciones que no pueden honrar,
tienen que capitular declarando la quiebra de las “empresas sociales”.
Es preciso
partir del principio de que la crisis es un fenómeno resultante del agotamiento
del sistema social capitalista (choque entre las fuerzas productivas en
permanente crecimiento con las relaciones de producción capitalistas (gran
propiedad privada) que se convierte en freno del desarrollo de la sociedad);
por tanto, es un error que la fuerza de trabajo se haga cargo de las consecuencias
de esta crisis ya sea en forma de empresas autogestionarias, empresas sociales,
cooperativas o fundaciones liberando al Estado de toda su responsabilidad de
garantizar fuentes de trabajo; de lo que se trata es obligarle que asuma su
responsabilidad de tomar en sus manos el financiamiento y el funcionamiento de
las empresas quebradas (estatización) y, con la finalidad de fiscalizar la
administración y de proteger los intereses de los trabajadores frente a la
explotación del Estado burgués, se debe implantar el control obrero colectivo
(que toda la clase fiscalice la administración de las empresas en forma de
asambleas, comités de vigilancia, comités de producción, etc.). En el pasado,
el control obrero individual fue una experiencia frustrante porque los
trabajadores designados individualmente para realizar este papel muy fácilmente
eran cooptados por la patronal para terminar siendo burocratizados con la
finalidad de encubrir las trampas de la administración que redundaba en mayor
explotación de los trabajadores.
Esta consigna de
toma de los centros de trabajo para luego ser estatizados, lejos de recorrer el
camino del colaboracionismo de clase (como en el caso de las empresas autogestionarias,
cogestionarías como ocurrió con las minas en la década del 80 del siglo pasado,
de las cooperativas, las fundaciones y de las llamadas “empresas sociales” que
liberan al Estado burgués de su obligación de resolver los problemas de la
producción), conduce a la independencia política y organizativa de los explotados
y a la acentuación de la lucha de clases, aspectos indispensables para la
revolución social con la finalidad de construir un nuevo Estado basado en la
propiedad social de los medios de producción.
Se debe exigir
al Estado la necesidad de implantar una rígida política proteccionista con la
finalidad de neutralizar las consecuencias de la libre penetración de
mercancías extranjeras baratas gravando aranceles de importación altos de tal
modo que se pueda proteger la competitividad de la producción interna. Por otra
parte, se debe exigir al Estado incentivos e inversiones para la producción de
las empresas estatizadas; en el caso de la minería, debe realizar fuertes
inversiones con la finalidad de incorporar tecnología de punta para lograr una
mayor productividad y la consecuente reducción de los costos de producción para
poder sobrevivir en las etapas de precios bajos; el Estado tiene la obligación
de acumular la producción de los minerales, por ejemplo, hasta que pase la mala
racha de los precios bajos en el mercado mundial, etc.
Tomado de Masas,
Miguel Lora O.
