(ML-URMA.- Recorriendo la reciente historia del país hacia atrás, en el período comprendido entre 1985 – 2005 llamado “neoliberal, cuando el imperialismo y la clase dominante nativa estaban interesados en convertir al Estado en un instrumento que sólo debería ser fábrica de leyes y un administrador eficiente de los intereses de los dueños del poder, éste debía reducirse a su mínima expresión y abandonar para siempre el rol de administrador de empresas; la campaña dominante en la época fue que el Estado es un pésimo administrador que llevó a la bancarrota a las empresas públicas como la COMIBOL y YPFB. Durante esta época se puso de moda la discusión en torno a las autonomías y la descentralización de los servicios más elementales como ser la educación y la salud; se hablaba que este nuevo régimen administrativo era la varita mágica para lograr un generoso y sostenido desarrollo del país.
Lo que buscaba la clase dominante regional, como la logia cruceña, era concentrar todos los medios de producción de la región en sus manos limitando la injerencia del Estado en sus negocios, liquidar las empresas del Estado para luego hacerse cargo de ellas o entregarlas a las transnacionales como parte de un negocio lucrativo (proceso de privatización).
La clase obrera derrotada, víctima de la relocalización en las minas y de una salvaje flexibilización laboral en las fábricas, apenas pudo poner resistencia al principio con la marcha por la vida realizada por los mineros. En este período, sectores radicalizados de la clase media como el magisterio hicieron una dura resistencia contra la descentralización de la Educación y denunciaron que el régimen autonómico y la descentralización de los servicios de la salud y de la educación buscaban liberar al Estado de su obligación de financiar la satisfacción de las necesidades básicas de la población; se dijo que el régimen autonómico significaría la administración del miserable desarrollo de las fuerzas productivas regionales que significaban miseria y hambre para los explotados; se hizo mucho énfasis en la denuncia de que el gobierno buscaba privatizar todos los servicio para que la clase dominante siga engordando y que el costo de la educación y de la salud pasarían a depender de los bolsillos de los bolivianos.
Ahora, el gobierno del MAS aparece como estatista y el eje de su campaña radica en la “nacionalización” de los hidrocarburos y la creación de empresas estatales en los sectores estratégicos de la economía; sin embargo, como parte de la derrota de la derecha tradicional, expropia a ésta la bandera de las autonomías sin dejar de controlar los sectores más importantes de la economía, por ejemplo, la producción petrolera básicamente asentada en los departamentos de Santa Cruz y Tarija.
A partir de la caída de los precios de los minerales y de los hidrocarburos en el mercado mundial que redunda en la reducción de ingresos al Estado, pretende acelerar el proceso autonómico y empieza a teorizar sobre la necesidad de que las gobernaciones y los municipios deben tender a ser autosuficientes en la solución de sus necesidades construyendo empresas productivas rentables, logrando de este modo una menor dependencias del gobierno central para ir disminuyendo paulatinamente la llamada “redistribución de las utilidades” a los gobiernos regionales y locales.
En el marco de la “economía plural” (reconocimiento y respeto a todas las formas de propiedad, estatal, comunitaria, cooperativa y de la propiedad privada en todas sus formas), también está abierto el camino para que las empresas públicas regionales y los servicios pasen a ser privatizados como ya ocurre en muchos municipios, por ejemplo, con el recojo de la basura cuyo costo se carga a la población. En un Estado cuyo contenido de clase es burgués –como el que está vigente en Bolivia-, aunque desarrolle una política estatista en algunos sectores de la economía, siempre está abierta la posibilidad de la privatización de los servicios y de empresas productivas; esta tendencia ahora es marcada en el sector de la minería, cuyas utilidades son miserables debido a la caída de los precios de los minerales, cuando el gobierno estimula la entrega de yacimientos importantes a las transnacionales y a los cooperativistas, en desmedro de la minería estatal.
En la educación por ejemplo, la infraestructura y el mobiliario ya han sido descentralizados pasando a depender de los municipios, se han construidos nuevos locales mientras había buenos ingresos por el IDH. A partir de ahora, toda vez que los ingresos a los municipios se han reducido considerablemente y empiezan a despedir a sus trabajadores, será poco menos que imposible que sigan manteniendo en condiciones aceptables los locales y los muebles de escuelas y colegios. El costo de estas necesidades será directamente transferido a los padres de familia y a la población en general.
Por tanto, la autonomía y la descentralización -debido al atraso regional-, bajo un régimen burgués, no sólo conduce a liberar al Estado de su obligación de atender las necesidades de sus habitantes sino también a la privatización de los servicios y de las empresas públicas. De esta manera, el gobierno del MAS está cumpliendo a cabalidad el sueño de la clase dominante: cargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los explotados y oprimidos en general.
Tomado de URMA: Miguel Lora Ortuño.
