(MASAS-ML).- La
burocracia sindical se desmorona políticamente. Surge la necesidad de dotarse
de nuevas direcciones con elementos armados política e ideológicamente. El POR
tiene el papel importante de armar a los nuevos cuadros sindicales con los
programas de la Tesis de Pulacayo y de la Asamblea Popular del año 1971
En los últimos
días el gobierno ha pretendido contener las movilizaciones de los
discapacitados, de los fabriles, de los comerciantes minoristas y otros con
mano dura; ha llamado a las negociaciones con los sectores movilizados con el
garrote en la mano, tan pronto flagelaba en las calles a la gente al mismo
tiempo convocaba a los sectores a “sentarse en la mesa de negociaciones” sin
responder en absoluto a sus exigencias. ¿Cómo se puede negociar con los discapacitados
cuando los ministros niegan toda posibilidad de hablar del bono de 500 Bs. o
cómo se puede negociar con la COB cuando es inconmovible en su decisión de
mantener cerrada la empresa estatal ENATEX? En realidad, el llamado al
“diálogo” en la boca de los gobernantes es un recurso para distraer y cansar a
los explotados en su lucha.
Evo Mortales y
su pandilla se encuentran acorralados por el malestar social creciente en todos
los sectores de la población; mientras más duros se ponen en la aplicación de
su política represiva, el rechazo de todos los sectores se torna incontrolable.
La torpeza con que actúa, por ejemplo en el caso del abogado León, ha provocado
que la oficina de derechos humanos de la OEA haga público un pronunciamiento
muy duro exigiendo el gobierno el respeto a la “institucionalidad democrática”
de la justicia boliviana y que garantice el derecho al debido proceso de los
encausados; por su parte, así sea sólo para guardar las apariencias, el mismo
defensor del pueblo que posesionaron hace unos pocos días se ha visto obligado
a repetir los argumentos esgrimidos por la institución internacional.
Ha fracasado en
el intento de fracturar la unidad de los sectores movilizados negociando, como
en el caso de los discapacitados, con pequeños sectores controlados por el
oficialismo; pretende acallar la protesta fabril obligando a la gente a recoger
sus beneficios sociales con una serie de chantajes; logra utilizar a una parte
de los dirigentes de los transportistas de carga pesada para desinflar el
bloqueo protagonizado por el sector.
En algunos
casos logra “cuartos intermedios” en las movilizaciones, por algunos días, sin
tocar los verdaderos motivos de los conflictos sociales y, por tanto, lo único
que hace es postergar por un breve tiempo la reiniciación de los conflictos en
condiciones mucho más radicales. Las masas encabritadas, al no ver satisfechas
sus necesidades inmediatas, muy pronto retornarán a las calles y se sumarán
otros sectores que, igualmente, tienen grandes necesidades insatisfechas como
consecuencia de la agudización de la crisis y la imposibilidad del gobierno de
dar respuestas satisfactorias a sus exigencias. Es cuestión de tiempo, existe
la tendencia de que el malestar social crezca como una bola de nieve
generalizándose y profundizándose.
En este
contexto político, la burocracia sindical se ve obligada –empujada por los
sectores movilizados- a ponerse a la cabeza de las marchas o en los
enfrentamientos con la policía. Después de una dura represión a los fabriles de
La Paz, el Ejecutivo Mitma ha declarado a la prensa que los acontecimientos
están orillando a las organizaciones sindicales a discutir sobre la posibilidad
de romper el llamado “pacto de unidad” con el gobierno; el burócrata
oficialista ha señalado que no tiene sentido seguir apoyando a un gobierno que
está ejecutando medidas contra la clase obrera y el pueblo.
El hecho de que
la COB y sus organizaciones afiliadas salgan o no de la CONALCAM depende de la
agudización y generalización de las movilizaciones en el país que obligue a los
burócratas corrompidos a buscar diferenciarse políticamente del Estado burgués,
ahora ya empiezan a hablar de la Tesis de Pulacayo, de la lucha de clases, del
retorno a la independencia política e ideológica de las organizaciones
sindicales, de la necesidad de organizar un pliego que unifique la lucha de las
bases de todos los sectores. etc.
Sin embargo, no
hay que hacerse ilusiones de que la burocracia, en el camino, pueda volverse
revolucionaria y retornar consecuentemente a las banderas de la Tesis de
Pulacayo y al documento constitutivo de la Asamblea Popular del año 1971 donde
claramente se señala la estrategia de revolución social para construir una
nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de producción, o sea,
instaurar el socialismo que conduzca al país hacia la sociedad comunista. Estos
canallas, tan pronto las masas dejen las calles, retornarán a su vieja y
reaccionaria política del colaboracionismo de clase con el Estado burgués, con
la patronal y con las transnacionales.
Los explotados,
en el camino, deben verse en la necesidad de echar a la burocracia oficialista
de sus direcciones si realmente quieren impedir que sus luchas sean rifadas en
el futuro. Los nuevos dirigentes deben surgir de sus entrañas con elementos
armados política e ideológicamente en el programa revolucionario. El POR tiene
la misión de ayudar a la clase a superar sus dificultades y de señalarles los
caminos adecuados para llegar a su objetivo estratégico. Sólo en estas
condiciones el proletariado podrá convertirse en real dirección de toda la
nación oprimida y posibilitar la revolución social.
LOS FABRILES ESTÁN EN LAS CALLES LUCHANDO CONTRA
LOS DESPIDOS MASIVOS
Hasta hace unas
semanas, después de la pasiva aceptación del incremento del 6 % por parte de
los trabajadores asalariados debido al terror por el cierre de las empresas y a
la desocupación masiva, daba la impresión de que tardarían algún tiempo para
recuperarse e incorporarse a las movilizaciones
que ya se está realizando en los sectores cuentapropistas. Creíamos que
el proletariado debía tomarse un tiempo para superar los obstáculos en su
conciencia que les impedía ponerse a la cabeza de toda la nación oprimida,
vivir en carne propia las consecuencias de la política francamente pro empresarial
y pro imperialista que desarrolla el gobierno cargando todo el peso de la
crisis sobre las espaldas de los trabajadores, imponiendo sueldos miserables, tolerando
la vigencia de una dura flexibilización laboral que desarrollan tanto las
empresas estatales descentralizadas como las privadas, recortando beneficios
sociales y cerrando las empresas consideradas deficitarias, etc.
A los pocos
días de anunciado el incremento salarial, los trabajadores especialmente aquellos
que son dependiente de la empresa
privada y de las instituciones estatales descentralizadas como municipios y
gobernaciones, han podido comprobar que son víctimas de un engaño porque –debido
a la ausencia de una reglamentación para efectivizar el pago obligatorio del
mismo- son obligados por la patronal a negociaciones sectoriales donde se les
plantea la posibilidad de pagar montos inferiores al 6 % y muchas otras
empresas privadas simplemente se niegan cualquier incremento con el argumento
de que se encuentran al borde de la quiebra; los trabajadores municipales de
Cochabamba, por ejemplo, han sido notificados en sentido de que no podrán
recibir un incremento mayor al 4 % porque los recursos del municipio han
mermado considerablemente como consecuencia de la reducción del IDH.
Lo que ha
impulsado poderosamente la incorporación del movimiento fabril a la
movilización en los últimos días es el cierre de la empresa estatal ENATEX, los
administradores de la empresa, con el pretexto de fumigar sus instalaciones ha
logrado que todos los trabajadores abandonen sus puestos de trabajo y, cuando
se aprestaban a retornar a sus labores cotidianas, fueron sorprendidos con
cartas de retiro forzoso y con el anuncio de que la empresa productiva se
convertía en empresa de servicio para lo que necesitan sólo 200 trabajadores
convertidos en servidores públicos sin derecho a la sindicalización. Se trata
de un golpe artero por parte del gobierno del MAS porque, al estilo de
cualquier gobierno burgués, condena a más de 800 trabajadores a la desocupación
y al hambre con el argumento de que no se puede mantener empresas deficitarias
porque son una carga para el Estado.
La respuesta,
primero de los trabajadores de la empresa y después de todos los fabriles de La
Paz y del País, ha sido inmediata; han salido a las calles condenando al
gobierno por su política anti obrera y exigiendo que se reabra la empresa. Ha
corrido como reguero de pólvora la noticia de que todas las empresas en manos
del Estado también estarían en la misma situación que ENATEX; se ha dicho que CARTONBOL,
por ejemplo, pretende dar vacaciones colectivas obligatorias a sus trabajadores
por tres meses para posibilitar un despido masivo al retorno a sus fuentes de
trabajo. También existe la amenaza de que muchas empresas textiles privadas
estarían a punto de cerrar sus operaciones porque ya no pueden soportar la
competencia del contrabando y de las mercancías de origen asiático que entran
al país con precios demasiado bajos.
La burocracia
sindical se ha visto obligada a ponerse a la cabeza de las movilizaciones
adoptando poses radicaloides para no chocar con sus bases y, en su intento de
desorientar a las masas movilizadas, no se cansa de repetir que son los
ministros resabios del neoliberalismo quienes están engañando al “hermano Evo”
tomando medidas como el cierre de ENATEX. Mientras los movilizados en las
calles condenan a Evo Morales y al conjunto del gobierno como agentes del
imperialismo y de la empresa privada, la burocracia sindical carga tintas en la
consigna de la renuncia del Ministro de Trabajo y de la Ministra de Desarrollo
Productivo.
Todo este conjunto de acontecimientos
configura un cuadro político donde un sector importante de los trabajadores
asalariados, el movimiento fabril, da un salto en su conciencia y rompe con
muchos obstáculos que, hasta la víspera, impedía su incorporación a las
movilizaciones que ya estaban haciendo de manera agresiva los sectores
cuentapropistas porque son los más castigados por la política antipopular del
gobierno y por los efectos de la crisis económica. No cabe duda que las
acciones de los fabriles se prolongará porque la miseria y el cierre de las
empresas están a la orden del día y tendrá una poderosa influencia sobre el
movimiento minero. Los importantes cambios que se están dando en la situación
política pueden impulsar al proletariado a ponerse a la cabeza de una poderosa
movilización nacional que eche por tierra todos los planes continuistas del
régimen masista.
PROPUESTA DEL GOBIERNO RESPECTO AL D.S. 2765 ES UNA TRAMPA DESTINADA A
DESINFLAR LAS MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES
Los dirigentes
de la Central Obrera Boliviana han bajado a las centrales obreras
departamentales y regionales, en calidad de consulta, la propuesta hecha por el
Poder Ejecutivo sobre los alcances del D.S. 2765 que determina el cierre de la
empresa estatal ENATEX, su transformación en empresa de servicio SENATEX y el
despido de más de 900 trabajadores.
La
justificación para la promulgación de dicho decreto supremo es que la empresa
se encontraba en una situación deficitaria insalvable y que, en el futuro, se
tornaría en una carga onerosa para el Estado. El decreto también determina el
cambio de la empresas productiva en otra llamada de “servicio” dependiente
del Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economía Plural. Hablando más claro, los trabajadores de la futura empresa de servicio
(200 en total) pasarían a ser considerados servidores públicos sin derecho a la
sindicalización y a los beneficios de la Ley General del Trabajo.
Está claro que el trasfondo de la propuesta
del gobierno es justificar la masacre blanca de aproximadamente un millar de
trabajadores y en lugar de usar la palabra “despidos” utiliza el término “desvinculación”, seguramente con
la intención de suavizar la brutal acción anti obrera de los gobernantes; según
los abogados laboralistas este Decreto en mucho más duro que el 21060 porque
este último llegó a reconocer beneficios extralegales en los despidos que hizo
el neoliberalismo en la última década del siglo pasado.
Por otra parte, el convertir a los
trabajadores de la futura empresa de servicio en servidores públicos, es
privarles no sólo del derecho a la sindicalización, sino que también pueden ser
echados de sus fuentes de trabajo, cuando así consideren los administradores de
la empresa, sin el reconocimiento de los derechos laborales consagrados en la
Ley General del Trabajo como la indemnización y el desahucio. El gobierno, con
este Decreto, se muestra de cuerpo entero como anti obrero, abusivo y represor.
La segunda
parte de la propuesta señala que los alcances del D.S. 2765 sólo se circunscriben
a ENATEX y que su aplicación no se extiende a las empresas dependientes del
empresariado privado ni a la minería tanto privada como estatal. De
esta manera, el gobierno no propone nada que garantice a los trabajadores seguridad
en sus fuentes de trabajo. Llegado el momento, cuando los empresarios usen la
argucia de que están en quiebra, los explotados serán echados a la calle sin
contemplación alguna ni protección del Estado. Lo que corresponde es
profundizar la lucha para arrancar al gobierno una política de estado que
asegure a los explotados fuentes de trabajo seguros.
La propuesta en
su tercera parte hace referencia a la conformación de una comisión social para
tratar los siguientes aspectos:
** La atención,
conforme establecen las leyes sociales, a las madres gestantes y los padres
progenitores la inamovilidad en sus fuentes de trabajo.
** A los
enfermos crónicos que tienen la necesidad de los servicios de salud para su
atención.
** A los
trabajadores próximos a jubilarse y que no han cumplido con sus cotizaciones
para acceder a este beneficio.
** A los
discapacitados que, según la Ley, deben ser acogidos en otras fuentes de
trabajo.
** Vivienda
social en beneficio del sector.
** Créditos
productivos para los que puedan emprender otras actividades de manera
individual.
Según el tenor de la propuesta, no se está
dando una solución para los casos anteriormente señalados, sólo se habla de la
organización de una comisión social que, como es usual en este gobierno,
dilatará su trabajo hasta el infinito para terminar burlando las expectativas
de los interesados; por ejemplo, ¿cómo se puede garantizar las viviendas
sociales para gente desocupada y que no tiene los ingresos necesarios para
pagar las amortizaciones de los créditos? Este último punto es un canto de
sirena demagógico que sólo tiene la finalidad de crear ilusiones en los
afectados de la masacre blanca.
Los
trabajadores no deben caer en la trampa que les tiende el gobierno, lo único
que le interesa es aislar a los trabajadores movilizados de ENATEX del resto
del movimiento fabril y paralizar las movilizaciones que tienden a
generalizarse a otros sectores, todo con la complicidad de la burocracia
sindical de la COB y de las direcciones medias y de base de las organizaciones
sindicales. El ampliado de la COB convocado para analizar la propuesta
gubernamental debe rechazar enérgicamente la misma y exigir a los gobernantes
una política global que garantice la continuidad de las fuentes de trabajo. En
los casos de quiebra de las empresas, el Estado debe pasar a estatizarlas y, si
corresponde, subvencionarlas bajo el control obrero colectivo para impedir que
los administradores hagan malos manejos de los recursos de las empresas, ganen
sueldos jugosos o simplemente –por su incapacidad- hagan inviables a las mismas
como ha ocurrido en el caso de ENATEX. El descalabro de esta empresa no es
responsabilidad de los trabajadores sino de la incapacidad del gobierno que usa
las empresas estatales como botín de guerra para dar acomodo al ejército de
incapaces que exigen el reconocimiento de sus servicios como operadores del
oficialismo.
¿HASTA DÓNDE HAN LLEGADO LAS MASAS?
La actual
movilización logra impulsar poderosamente la ruptura política con el gobierno
de otros sectores. La debilidad sigue radicando en la persistencia de las
luchas sectoriales, en la limitada incorporación del proletariado minero y la
permanencia de la burocracia sindical timorata y pro oficialista.
El
desarrollo de la situación política donde se operan cambios en la conciencia de
los explotados es un proceso contradictorio y lleno de obstáculos. Actualmente,
con la incorporación del proletariado fabril a la movilización como
consecuencia del cierre de ENATEX, se está impulsando a otros sectores a
acelerar su diferenciación política respecto al gobierno; éstos en sus
actitudes demuestran que han superado sus limitaciones anteriores y la ilusión
que todavía abrigaban en que el gobierno del MAS pueda solucionar sus problemas
más elementales referidos a sus existencia cotidiana; en este escenario la
burocracia sindical ya no puede desorientar a sus bases con el argumento de que
no es el hermano Evo quien toma decisiones contrarias a los trabajadores sino
sus ministros neoliberales y a esto se debe que, hasta la víspera y
reiterativamente, los sectores pedían “dialogar” directamente con el Presidente
y no así con sus ministros que asumirían decisiones a espaldas del jefe del
Estado.
Ahora
ya nadie toma en cuenta la trampa de sus dirigentes de deslindar al Presidente
de las medidas anti obrera porque han llegado a comprender que todas estas son
parte de la política global del Estado burgués. En las movilizaciones callejeras
enarbolan consignas atrevidas y toman los aspectos fundamentales del programa
trotskista de manera natural porque expresa con cabalidad sus problemas y sus
aspiraciones. Lo que antes, el trotskismo, era considerado como un tabú en la
conciencia de los explotados producto de la prédica de los reformistas
incrustados en el seno de los sindicatos, ahora es tomado como una necesidad
para enfrentar su lucha diaria contra la clase dominante y su Estado.
De
esta manera se confirma, una vez más, la valides del programa revolucionario
que es la expresión consciente de la tarea que debe cumplir el proletariado con
la finalidad de liberar al conjunto de la nación oprimida por la clase
dominante nativa y por el imperialismo. Este programa enarbolado por una
organización con muchas limitaciones para entroncar en el seno de los
explotados, sin embargo, está presente en las acciones de los actores de las
movilizaciones.
Sin
embargo, a pesar de que los diferentes sectores, sobre todo aquellos que no
dependen de un patrón y reciben directamente los impactos de la crisis que ya
se está dejando sentir en el país (discapacitados, comerciantes minoristas,
transportistas, etc.) y de aquellos otros que dependen del patrón privado o del
Estado (maestros, profesionales) son muy radicales y persistentes, pero, no
logran converger en acciones unitarias porque no existe un programa unificador
y porque está ausente una dirección capaz de articular las acciones de todos.
Estos sectores, a pesar de no encontrar por parte del gobierno una respuesta
que satisfaga sus necesidades, se frustran sin encontrar una perspectiva para
luego volver a reaparecer con características mucho más radicales. La tendencia
general es que, con una mayor agudización de la crisis, los conflictos sociales
se profundizarán mucho más, otros sectores que aún no se han incorporado a la
lucha ocuparán las calles provocando importantes cambios en la situación
política y echando por tierras todos los sueños de oficialismo de perpetuarse
en el poder.
Otra
de las debilidades del presente proceso es que la columna vertebral del
proletariado, el movimiento minero del sector nacionalizado, no logra ponerse al nivel de los otros
sectores movilizados de la clase media radicalizada. No logran dejar
definitivamente la ilusión de que el gobierno de Evo Morales va a dar la plata
para salvar a la minería de la crisis y se someten voluntariamente a una mayor
sobreexplotación para bajar los costos de producción y evitar que la empresa
trabaje en condiciones de pérdida. Sin embargo, el hecho de que hubieran
renunciado al incremento del 6 % o hubieran decidido dar el 20 % de sus sueldos
y salarios, no permitirá que la empresa pueda arrojar mayores volúmenes en la
producción si el gobierno no invierte importantes recursos financieros para
comprar nuevas maquinarias y renovar el ingenio que permita capturar minerales
de baja ley. Muy pronto llegarán al convencimiento de que el gobierno no tiene
ningún interés de sostener una empresa que no reporta utilidades al Estado,
actualmente muchos gobernantes y parlamentarios oficialistas ya anuncian que Huanuni está en la mira para
ser cerrada si no supera su situación deficitaria.
Sólo
la incorporación de los mineros a la movilización y su retorno a su tradicional
política revolucionaria podrá impulsar al conjunto del proletariado a asumir su
condición de dirección de toda la nación oprimida, dar perspectiva política a
las actuales acciones de los explotados y oprimidos del país y lograr la
unificación de las luchas sectoriales bajo un programa que representes los
intereses de todos ellos. Esto implica forjar, sobre la marcha, una nueva dirección
en la COB, en las direcciones medias y de base de los sectores afiliados.
LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA
SÓLO PUEDE DARSE
SI
ÉSTA ENARBOLA SU PROPIO PROGRAMA REVOLUCIONARIO
La burocracia
sindical habla de independencia política de los sindicatos frente al gobierno
sin haber superado su posición frente al llamado “proceso de cambio”. Cuando
cesen las movilizaciones retornará a jugar el papel de sirviente del gobierno.
En
los últimos días, como consecuencia de la poderosa presión de las bases
movilizadas, es frecuente escuchar en boca de la burocracia sindical el anuncio
del retorno a la independencia política e ideológica de las organizaciones
sindicales. Señala la ruptura del “pacto de unidad” con el gobierno y, sin
embargo, muchos de los dirigentes siguen repitiendo la falacia de que el
“proceso de cambio” es patrimonio de todos los trabajadores y no solamente del
gobierno que lo habría traicionada con la promulgación de los últimos decretos
anti obreros y antipopulares; revelan así que no han logrado superar, en ningún
momento, sus ataduras con el oficialismo.
La
ruptura política de los explotados con el gobierno ya se está dando desde las
bases animada por la hoguera de las movilizaciones cada vez más radicales. Las
cúpulas burocráticas de las organizaciones sindicales están siendo arrastradas,
contra su voluntad, por las masas en acción. Por tanto, las declaraciones
teñidas de radicalismo de esta gente no pasan de ser una postura demagógica
para no chocar con las bases, se trata de un simple reacomodo momentáneo hasta
que la tormenta social pase; cuando los explotados abandonen las calles los
sirvientes de gobierno volverán a ejecutar el sucio papel de agentes del Estado
burgués.
La
perspectiva del presente proceso político no apunta a la posibilidad de que las
movilizaciones de los diferentes sectores puedan ser cortadas abruptamente o
por la satisfacción, por parte del gobierno, que las masas exigen a sus
necesidades vitales o por la derrota física y política de los combatientes. Lo primero
no es posible, el gobierno no tiene ninguna capacidad de dar lo que las masas
exigen en las calles porque el marco en que está obligado a moverse es la
crisis que cada día amenaza con provocar más hambre y miseria en los sectores
mayoritarios de la población; la segunda posibilidad tampoco puede darse porque
no tiene la fuerza suficiente para terminar doblegando a palos a los
movilizados, manteniendo por la fuerza a sus agentes en las organizaciones
sindicales y aplacando con el garrote toda forma de oposición revolucionaria en
el país.
Por
tanto, si el gobierno tiene limitaciones económicas y políticas para superar la
actual crisis social es real la posibilidad de que ésta crezca en proporciones
monumentales en el futuro próximo. Todo este proceso puede desembocar en una
situación revolucionaria que termine echando del poder a Evo Morales y a toda
su pandilla corrupta y prepotente. La condición para acelerar este proceso
político es que el proletariado, en sus sectores más importantes, retorne a su
eje revolucionario y actúe como la dirección política de los oprimidos.
Sólo en estas
condiciones podrá darse la independencia política de las organizaciones
sindicales a todo nivel. Significa diferenciarse políticamente del Estado
burgués y del reformismo incrustado en los sindicatos que son la quinta columna
de la política burguesa en el seno de las masas. Esta consigna en boca de la
burocracia sindical no pasa de ser un puro formalismo y las bases deben estar
vigilantes para impedir que, en cualquier momento, pretenda rifar las luchas de
los trabajadores como ha ocurrido en el
magisterio rural cuyos dirigentes han firmado un último acuerdo con el gobierno
sin antes haber consultado a sus bases agobiadas por la presión que reciben por
parte del oficialismo a través del llamado control social.
Tomado de MASAS, Miguel Lora O.
