La tercera ola de la pandemia, que es mucho más agresiva que las dos anteriores y con una tasa de letalidad mucho más agresiva, está provocado un sentimiento de terror generalizado y la población se ve obligada a confinarse, en muchos casos casi de manera voluntaria en sus hogares; sólo los sectores de economía más deprimida, aquellos que viven del trabajo diario y con muchos temores, salen a las calles para realizar sus actividades cotidianas obedeciendo estrictamente las restricciones de los horarios de circulación determinados por los COEDs departamentales.
Durante este tiempo, de tres o cuatro semanas más o menos, la situación
económica de la gente está agravándose por la caída vertiginosa de las
actividades productivas y comerciales; las familias están soportado la doble
presión de las crisis económica y sanitaria; en muchos hogares se producen
infecciones y, en algunos casos, de toda la familia sin tener la posibilidad de
encontrar centros sanitarios disponibles y sin la posibilidad de acceso a los
medicamentos específicos para el tratamiento del COVID, cuyos precios se han
elevado de manera desmesurada sin control de las autoridades del gobierno.
Todo este conjunto de factores está generado la acumulación de
tensiones emocionales al no encontrar, de parte de las autoridades, la
capacidad de paliar la difícil situación por la que está atravesando la población.
El hambre y la acumulación de estas energías psicológicas contenidas, sin la
posibilidad de encontrar una válvula de escape, abre la posibilidad -tarde o
temprano- de explosionar de manera violenta y catastrófica. Pareciera que ya se
percibe el inicio de ese proceso que, por obedecer a las necesidades
primariamente vitales de los diferentes sectores y porque los problemas que
concentran su atención son de diversa naturaleza, puede ser extremadamente
sectorial y caótico; además, este proceso se acelera y tiende a profundizarse
porque el gobierno muestra -hasta la saciedad- su incapacidad para atender las
necesidades de la población
Urge la necesidad de encausar las futuras acciones de los explotados y
oprimidos del país orientando a la necesidad de unificar las movilizaciones de
tal modo que las acciones instintivas puedan dar un salto hacia una lucha
política contra el Estado burgués incapaz e inútil. Hay que insistir que las
luchas sectoriales conducen a la derrota porque no tienen la suficiente fuerza
como para torcerle la mano al gobierno y permite que éste pueda maniobrar para
impedir toda posibilidad de victoria.
Es preciso insistir a los explotados y oprimidos que hay un solo camino
para resolver sus problemas: la acción directa en todas sus formas (marchas,
bloqueos de calles y caminos, toma de fábricas y centros de producción,
vigilias, huelgas de hambre, etc.) en medio de la lucha unitaria de todos los
sectores en conflicto.
Para organizar la lucha de esta manera es preciso sepultar a la burocracia
sindical oficialista que recurre a todas las maniobras para frenar las luchas
de los trabajadores, últimamente ha insistido en entrampar las movilizaciones
de los obreros fabriles despedidos sembrando la ilusión en que sus problemas se
van a resolver en los estrados judiciales. De esta manera pretende salvar el
pellejo de un gobierno incapaz para atender las necesidades más elementales de
los diferentes sectores.
Elaborar una plataforma de reivindicaciones inmediatas
Es preciso elaborar, desde las organizaciones de bases, una plataforma
de reivindicaciones inmediatas con la finalidad de incorporar a la lucha
unitaria de los diferentes sectores. El objetivo es unificar las movilizaciones
para obligarle al gobierno incapaz a responder a sus necesidades vitales. Por
el momento, cobran vigencia los siguientes objetivos y, en el camino, surgirán
otros que emergerán de las condiciones concretas de existencia los explotados y
oprimidos del país:
1. Exigir al gobierno central hacer cumplir sus propias leyes sociales como el derecho al trabajo para todos los bolivianos. El Estado debe obligar a los dueños de las empresas la inmediata reincorporación a sus fuentes de trabajo de los trabajadores despedidos durante la pandemia.
2. Pago oportuno de sueldos y salarios. Cancelación inmediata de los
sueldos adeudados desde hace varios meses,
3. Diferir el pago de la deuda bancaria hasta que los deudores puedan
normalizar sus actividades comerciales y productivas. Ningún interés a las
deudas en el tiempo de la pandemia.
4. Defender la producción interna aplicando una férrea política
proteccionista, gravando aranceles altos a la importación de productos
extranjeros. Cerrar las fronteras del país para evitar el contrabando.
5. Estatización de toda la minería privada, grande, mediana y pequeña.
6. Libre uso de las plataformas educativas existentes. Los maestros
deben tener la más amplia libertad para investigar y ejercer su actividad
docente. Rechazar la abusiva imposición del uso exclusivo de la plataforma del
Ministerio de Educación, cuyos contenidos son anticientíficos y retrógradas.
7. Incremento al presupuesto educativo. Rechazar todo intento de cerrar
cursos y unidades educativas con fin de optimizar y reordenar ítems. Defensa
intransigente de las conquistas de la educación y del magisterio.
8. Atención inmediata a todas las necesidades de la CNS. Compra de
medicamentos de buena calidad, específicamente para la atención del COVID – 19.
Destitución inmediata de la Gerente General de la institución aseguradora.
Dotación de todos los insumos de bioseguridad a los médicos, enfermeras y
trabajadores en general.
9. Importación directa de medicamentos por parte del Estado para su
distribución gratuita a la población.
10. Estatización de toda la medicina privada que, con la complicidad
del gobierno, está amasando inmensas fortunas en plena pandemia.
11. Subvención por parte del Estado a la producción de los campesinos
pequeños productores, cuyos precios han caído de manera severa debido a la
contracción del mercado con el peligro de paralizar toda la producción
agropecuaria en el país.
