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agosto 24, 2021

El GIEI desenmascara al gobierno represivo y autoritario de Evo Morales

El tan esperado informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) acusa por igual, tanto al último gobierno de Evo Morales como al de transición, como violadores de los derechos humanos. Indudablemente, el documento se ha convertido en un bumerang para el MAS y Morales.

El voluminoso informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) aporta casi nada a lo que es evidente para la mayoría de los bolivianos que hemos vivido los acontecimientos de la caída del despótico gobierno de Evo Morales y el posterior gobierno transitorio de la vieja derecha racista : Hubo violación de los derechos humanos por ambos lados. Las brutales represiones en Senkata y Sacaba con saldo de varios muertos por parte del gobierno de Jeanine Añez; las emboscadas a la caravana del sur, la quema de los Puma Kataris por grupos masistas organizados, y varios otros casos de violencia de ambos lados.

El informe detalla que, durante la grave crisis política de los últimos tres meses de 2019, Evo Morales -antes de renunciar a la presidencia del país- ordenó la violenta represión a la caravana del Bloque Cívico del Sur que se dirigía hacia La Paz, en la localidad de Vila Vila, y a la caravana de los cooperativistas mineros de Potosí en Playa Verde, con saldo de muchos heridos.

Según el informe, en estos operativos represivos participaron directamente grupos de choque organizados por el gobierno, con la intervención de campesinos oficialistas; se usaron equipos de los municipios dirigidos por alcaldes masistas para echar toneladas de tierra y escombros en la carretera; agredieron física, moral y sexualmente a los marchistas y destruyeron buses que estaban al servicio de la caravana.

El informe también detalla que se usó armamento de grueso calibre en manos de francotiradores y se disparó desde aviones de guerra y helicópteros de propiedad del Ejército. Posteriormente, relata las masacres de Sacaba y Senkata, señalando que la Policía y el Ejército usaron una violencia desproporcionada contra los movilizados, con el saldo de más de 30 muertos y centenares de heridos, bajo la responsabilidad del gobierno de transición de la presidente Áñez.

El documento pone en el mismo plano de violadores de los derechos humanos a Evo Morales y Jeanine Áñez y recomienda que un Poder Judicial imparcial e independiente los juzgue en el marco del proceso debido. Además, recomienda que no se haga mal uso de las detenciones preventivas, en clara alusión a la detención de la ex presidente Áñez. En ningún momento el informe habla de golpe de Estado, pero sí hace notar que Áñez ha jurado ante una Cámara de Senadores sin quórum.

Otro aspecto en el que hace énfasis el informe es la falta de independencia del Poder Judicial, totalmente sometido al Poder Ejecutivo. ¡Qué gran descubrimiento! Todo el aparato judicial, en todos sus niveles y desde siempre, es corrupto hasta los tuétanos. Y lo seguirá siendo porque es expresión de la inviabilidad de la democracia formal burguesa en nuestra condición de país capitalista atrasado.

Naturalmente, no se puede pedir a este tipo de organizaciones internacionales de “expertos independientes” que expliquen las razones de fondo del conflicto, el  agotamiento político del MAS y su caudillo convertido en un déspota que podía hacer lo que le venga en gana para perpetuarse en el poder y seguir gobernando del brazo de la burguesía y el imperialismo, a nombre de los explotados, los oprimidos y las nacionalidades originarias secularmente humilladas por la clase dominante blancoide.

Espectáculo grotesco

Para el gobierno, el informe del  GIEI  prueba que hubo golpe, aunque el informe no se refiere a nada de ello, sino sólo a la constatación de que Áñez y Morales violaron los derechos humanos, y ambos podrían ser sometidos a un Juicio de Responsabilidades. En la presentación del informe en el Parlamento, Arce Catacora pretendió torcer el contenido público del mismo, pero los propios miembros del grupo de expertos pidieron al gobierno y a la oposición política no adulterar su informe para sacar beneficio político.

El documento en cuestión, inmediatamente, ha provocado un huracán político dentro y fuera del país. Ha puesto al desnudo la naturaleza represiva y autoritaria del gobierno de Evo Morales y han menudeado las exigencias de que Morales sea juzgado de la misma manera que la ex presidente Áñez. Indudablemente, el informe se ha convertido en un bumerang para el MAS.

Los sectores de la derecha tradicional arrecian los ataques contra Morales y Arce Catacora. También crece la presión en sentido de acudir a tribunales internacionales toda vez que el gobierno no da señales de reestructurar el Poder Judicial totalmente desprestigiado. En el colmo del cinismo, Evo Morales se burla del informe: "¡Háganme los juicios que quieran!  –dice– siempre, como en el pasado, voy a ganar ...".

La semana pasada se ha reunido en Cochabamba la gente del llamado "pacto de unidad" con la finalidad de decretar "estado de emergencia" en sus filas para proteger la imagen del "hermano Evo", ante lo que ellos consideran el inicio de un "nuevo plan golpista” de la derecha tradicional.

Esta reunión revela que la pandilla de Morales y el gobierno se encuentran muy preocupados por el curso de los acontecimientos políticos orientados a un mayor aislamiento del oficialismo, avivando la crisis interna del MAS y obligando a pasar a la defensiva frente a la tormenta de acusaciones.


Tomado de Masas N. 2665.


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