La pandemia
castiga a Cochabamba y el gobierno se empecina en aplicar la inviable educación
virtual en condiciones de extrema emergencia. El Ministerio de Educación exige
a las unidades educativas dotarse de plataformas educativas propias
y obliga a los maestros y padres de familia a pagar el servicio de internet y la
adquisición de computadoras, teléfonos inteligentes y otros adminículos
necesarios. La educación boliviana deja de ser gratuita, íntegramente
financiada por el Estado, y el costo educativo se carga a las familias.
El Colegio Médico de Cochabamba considera que la situación de la salud es catastrófica y ha rebasado toda la capacidad del sistema de salud del departamento de Cochabamba. Hemos entrado a la etapa del “sálvese quien pueda” y todo se encuentra fuera de control. No existe la posibilidad de hacer consultas externas para los nuevos contagios y para los pacientes que adolecen de otras enfermedades igualmente mortales porque los centros de salud han colapsado o se cerraron por temor a los contagios.
No existe equipamiento, insumos
indispensables y medicamentos para atender a la gente en esta emergencia
sanitaria; el personal de salud (médicos, enfermeras y administrativos) se
infecta masivamente porque no dispone de materiales de bioseguridad necesarios;
la gente está muriendo en sus casas y no es tomada en cuenta en las estadísticas
que difunden a diario la autoridades; los muertos no pueden ser incinerados ni
enterrados porque también los cementerios y los hornos de cremación han
colapsado; el censo, casa por casa, que realizan estudiantes de medicina y
otros voluntarios no tiene la menor relevancia porque no existen centros de
aislamiento debidamente equipados para acoger a los nuevos infectados; el hambre y el terror a la cuarentena se
apodera de la gente que irrumpe en las calles, obligada a buscar el sustento
diario.
El conjunto de la población ya está
concentrando su atención en la necesidad de sobrevivir a los horrores de la
pandemia y de la crisis económica; se está acumulando un estado de ansiedad en
el seno de las familias obligadas al aislamiento social. En estas condiciones
dramáticas, las autoridades nacionales, departamentales y locales demuestran total
incapacidad; lejos de atender las necesidades más elementales de la crisis
sanitaria, se enfrascan en una guerra sucia electorera y en una campaña
electoral cínica buscando votos de los moribundos.
La angurria para trepar al poder sobre
un tendal de muertos los convierte en genocidas y sinvergüenzas que arriesgan la
vida de millones de bolivianos. Esta conducta criminal obedece a una
indisimulada desesperación de hacerse del poder político para robar sin límite
alguno, ponerse de hinojos frente a la empresa privada y las transnacionales
imperialistas, y cargar el peso de la crisis sobre las famélicas espaldas de
los trabajadores y de la mayoría nacional empobrecida.
En condiciones de extrema emergencia, el
Ministerio de Educación pretende imponer de manera autoritaria la educación
virtual, exigiendo a las unidades educativas dotarse de plataformas
educativas propias y obligando a los maestros y padres de familia a
pagar un servicio de internet caro y además financiar la adquisición de
computadoras, teléfonos inteligentes y otros adminículos.
No solo las capas sociales marginadas de
la tecnología digital, sino también una gran mayoría de las familias citadinas apenas
logran satisfacer sus necesidades básicas de alimento y medicamentos, y ahora tienen
que costearse también las herramientas tecnológicas necesarias para que sus
hijos reciban clases virtuales. La educación boliviana deja de ser gratuita,
íntegramente financiada por el Estado, y el costo educativo se carga a las familias.
Tomado del boletín de la Federación
departamental de trabajadores de educación urbana de Cochabamba.
