La pretensión de convertir a la burocracia sindical y a las direcciones de las llamadas “organizaciones sociales” en instrumentos de represión política en manos de un gobierno que ya no puede controlar el desborde social es otra muestra de la extrema debilidad del gobierno. La amenaza de nuevas movilizaciones desde los primeros meses del próximo año es consecuencia de que las masas oprimidas y explotadas no encuentran soluciones a sus graves problemas de subsistencia.
Un instructivo emitido por la dirigencia de la COB el 17 de noviembre dice textualmente: “… el Comité Ejecutivo Nacional, en cumplimiento… de la resolución del ampliado nacional de fecha 16/11/21; instruye la realización de eventos nacionales, departamentales y regionales con carácter obligatorio para garantizar la presencia en la marcha aprobada mediante resolución de ampliado nacional de la COB, para el 23 de noviembre de 2021”.
Más abajo señala: “…el ampliado nacional aprobó… la realización de la gran marcha a la cabeza de la COB y de los sectores afiliados que reivindicarán los derechos del pueblo y exigirá la inmediata detención y sanciones judiciales a estos golpistas que hoy pretenden quedar en la impunidad y para ello generan movilizaciones de desestabilización”.
La burocracia sindical, por encargo del gobierno, apura la necesidad de realizar movilizaciones contra la derecha reaccionaria, y de este modo desvirtuar las imponentes movilizaciones de amplios sectores cuentapropistas que se han sentido amenazados con la aprobación de leyes antipopulares que disponen meter las manos de los fiscalizadores del gobierno a sus bolsillos, orientadas exprimir lo poco que tienen para cargar con el peso de la crisis económica sobre sus famélicas espaldas y abrir los caminos más directos para ejercer violencia represiva contra los inconformes.
El verdadero objetivo de la convocada marcha del 23 de noviembre es para encubrir la derrota del gobierno que se ha visto obligado a abrogar la Ley 1386 para contener las movilizaciones populares que tendían a crecer día a día, a pesar de masivas movilizaciones de “sus” organizaciones sociales hacia las ciudades más conflictivas y la brutal represión policial, que, lejos de amedrentar a las masas, exacerbó más su bronca y las impulsó a actuar con mayor radicalidad poniendo en grave peligro la estabilidad del gobierno.
El citado instructivo no oculta el temor que tienen la burocracia sindical y el gobierno a que las masas no acudan a la movilización en apoyo al oficialismo; por eso habla de la obligatoriedad de los ampliados a convocarse para que éstos –a su vez– generen mecanismos de presión y sanciones contra las bases que, hasta la víspera, en sus sectores más amplios y pobres como son los cuentapropistas, protagonizaron multitudinarias movilizaciones contra el gobierno.
La burocracia cobista convertida en esbirro del gobierno
Esa COB que nada dice ante las masacres blancas que cada día se producen en las empresas privadas; que calla ante la política proimperialista del MAS cuando entrega los recursos naturales a empresas transnacionales a cambio de miserables rentas. Una COB totalmente corrompida que repite a pie juntillas todo lo que el gobierno le manda decir.
Ahora, al igual que el gobierno, buscan disimular su contenido derechista proburgués cuando enfatizan la exigencia de “cárcel para los golpistas reaccionarios”, refiriéndose a la vieja derecha racista que ensucia la lucha independiente de las masas queriendo apoyarse en ellas para sus fines conspirativos. Una COB que no sólo se limita a arrodillarse ante el gobierno sino que actúa como agente para arremeter contra las organizaciones sindicales independientes y revolucionarias.
Ya ahora ejercitan violencia y persecución contra las tendencias revolucionarias que actúan en el seno de los sindicatos y contra conocidos dirigentes y militantes revolucionarios en el intento de extirparlos de las organizaciones sindicales y sociales usando la violencia organizada desde el Estado, como ha ocurrido en los congresos del magisterio urbano de La Paz y Cochabamba.
La burocracia canalla muy fácilmente confunde a los que se oponen desde el campo de la revolución a un gobierno que desarrolla una política francamente burguesa al servicio de la empresa privada nativa y de las transnacionales imperialistas con la política contrarrevolucionaria que se encarna en la vieja derecha reaccionaria.
Con facilidad pasmosa califica a los activistas revolucionarios como “pititas” y golpistas. Cuando las masas rebeldes se encaminan a defender sus derechos frente al gobierno incapaz, los aparatos represivos del Estado apuntan sus armas contra ellas, la burocracia servil igualmente corrupta se suma al aparato represivo y, frente a la necesidad de preservar la gran propiedad privada de los medios de producción en peligro por la rebelión de los explotados, también la vieja derecha reaccionaria se sumará en santa alianza con el gobierno burgués reivindicando el respeto a la Constitución, a la democracia y al orden social constituido. El desarrollo de la lucha de clases inevitablemente tiende a polarizar la revolución frente a la contrarrevolución.
Tomado de Masas N. 2678.
